Juan Carlos Upegui tiene un pie afuera del Concejo de Medellín. La única voz que le quedaba al exalcalde Daniel Quintero en la corporación perdió su investidura por un fallo de primera instancia, que alega que incurrió en una inhabilidad porque su papá era funcionario cuando inscribió su candidatura a la Alcaldía. La Procuraduría impulsó el fallo y eso le permitió a Quintero reforzar la narrativa de un hostigamiento en su contra. Pero, más allá de eso, en el quinterismo coinciden en que mantener la curul es más importante que cualquier cosecha externa labrada en el flagelo de un político perseguido, que tiene sus ojos fijos en el 2026.
El fallo se conoció este viernes, en horas de la noche, y Upegui lo calificó como parte de una seguidilla de decisiones judiciales que no solo buscan depurar —aún más— el ya reducido ramillete de opositores al gobierno que repite por segunda vez en la ciudad, sino diezmar al quinterismo. “El propósito es eliminar la oposición al alcalde Federico Gutiérrez. Apelaremos ante el Consejo de Estado para defender nuestros derechos”, sostuvo.
La demanda para tumbar la investidura de Upegui fue radicada el 11 de diciembre pasado, y dos meses y cinco días después ya tiene un fallo. “Eso estaba cantado. Cuando las cosas se mueven tan rápido es porque les están metiendo gasolina por debajo”, dice una fuente del corazón de Independientes, el partido del exalcalde, que pide la reserva para entregar detalles sobre el impacto de la decisión. Y agrega: “Perder la curul sería muy grave. Es mejor perseguidos y con curul, que perseguidos y sin nada en las manos”.
Sobre un papá rector y un fallo de inhabilidad relámpago
Upegui no fue candidato al Concejo sino a la Alcaldía. Llegó a esa corporación porque fue el segundo más votado en las pasadas elecciones, con 95 mil votos, muy por debajo de los 689 mil votos de Gutiérrez. Su curul la soporta el estatuto de oposición, y justo eso explica el matiz que ha tomado el proceso. “Más allá del desempeño de su padre, que por una particularidad asumió como rector, Juan Carlos llegó al Concejo gracias a las garantías de la oposición”, le dice a La Silla Eli Shnaider, director nacional de Independientes.
Shnaider anticipa la raíz del fallo. Según 14 de 20 magistrados de la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia (cuatro salvaron voto y dos se ausentaron con excusa), Upegui violó el régimen de inhabilidades. Su papá, Carlos Alberto Upegui Mejía, fue designado como rector en un colegio oficial de la ciudad el 21 de junio de 2023 (22 días antes de la inscripción de Upegui como candidato a la Alcaldía).
“Es evidente la falta de cuidado del demandado, quien tenía el deber de revisar el marco jurídico para acceder al cargo de concejal”, dice el fallo, que de paso aclara que la inhabilidad que hoy tiene a Upegui con un pie afuera del Concejo también aplicaba para su aspiración a la Alcaldía. “Si bien el demandado accedió al cargo de concejal por obtener la segunda mayor votación en elecciones, esto implicaba que debía examinar las inhabilidades para dicho cargo y ahí también es notoria su falta de cuidado”, agregaron los magistrados.
Lo cierto es que la ley dice que los aspirantes a cargos de elección popular no deben tener familiares en su ciudad que hayan ejercido cargos políticos, militares o administrativos (caso del papá de Upegui) en el año inmediato a la elección. Pese a esto, según el exalcalde Quintero, la decisión luce más como un golpe a la oposición. Así lo expresó: “Un fallo relámpago de primera instancia le quita la investidura a Upegui como concejal y jefe de la oposición. Esto es un golpe para la democracia y para los 100 mil ciudadanos que lo eligieron para hacerle control a ‘Fico’ y a su mal gobierno”.
Justo este argumento, que soporta la defensa de Upegui, encontró eco en el salvamento de voto del magistrado Carlos Enrique Pinzón, quien sostuvo que la decisión de sus pares desconocía la democracia deliberativa, el derecho al disenso y las garantías de la oposición. El magistrado incluso se distanció del precedente que tomó el tribunal para analizar el caso de Upegui, porque “se trata de derechos fundamentales como el de oposición, el debido proceso, la defensa y la presunción de inocencia”.
Lo otro es que desde el quinterismo afirman que el papá de Upegui accedió a su cargo por meritocracia y que, aunque pudo ordenar plata pública en sus funciones de rector, no tenía mayor injerencia en la actividad política de su hijo. Pero lo que le metió el ruido suficiente al proceso, más que la velocidad del fallo, fue un concepto que la Procuraduría le envió al tribunal el 12 de febrero pasado.
El órgano liderado por Margarita Cabello sostuvo que Upegui debía ser apartado de su cargo porque su experiencia en el sector público le permitía conocer al dedillo el régimen de inhabilidades. E instó a los magistrados a fallar en ese sentido: “Esta Procuraduría Judicial le solicita respetuosamente a la sala declarar la pérdida de investidura de Upegui”.
La mano de Cabello refuerza la paranoia de persecución del quinterismo
El concepto de la Procuraduría, dice una fuente cercana a Upegui, que pide la reserva para compartir su versión, pudo influir en la decisión que emitieron los magistrados el viernes pasado. “El concepto tiene influencia en el fallo porque queda muy mal que un tribunal contradiga a la Procuraduría. Lo que hicieron fue ambientar una decisión que confirma, querámoslo o no, que ese órgano viene actuando más en política y no tanto en derecho”.
La pelea entre el quinterismo y la Procuraduría no es nueva. Las malas migas vienen desde el 10 de mayo de 2022, cuando Cabello suspendió a Quintero durante 40 días por supuesta participación en política en favor de la campaña de Gustavo Petro. El proceso disciplinario ha echado raíces desde entonces y justo entró en la etapa de juicio la semana pasada. El 14 de febrero, en Bogotá y pese a las pruebas presentadas por la Procuraduría en las etapas previas, el exalcalde se declaró “inocente”.
“Una cadena de sucesos nos permite evidenciar la persecución política. Lo vimos con el proceso de la Procuraduría en contra de Daniel Quintero. Y lo vemos hoy, con el tema de Juan Carlos. De 200 procesos de pérdida de investidura activos en Antioquia, resulta interesante la velocidad con la que se falló este caso”, dice Shnaider.
En un tono similar se pronuncia el representante antioqueño por el Pacto Histórico y aliado de Quintero, Alejandro Toro, quien califica la premura del fallo como algo absurdo. “Esto es sistemático: lo de Daniel Quintero, lo de Álex Flórez, lo de Juan Carlos y la negativa a la oposición a tener un puesto en la mesa directiva del Concejo de Medellín. Si sumamos todo, además de la rapidez del fallo, es evidente el direccionamiento”, le dice el congresista a La Silla.
Toro trae a colación la suspensión de ocho meses que la Procuraduría le impuso al senador Flórez, también del Pacto Histórico y del primer círculo de Quintero, para soportar su tesis de persecución política. Ese órgano separó a Flórez de su silla en el Congreso el 24 de mayo de 2023. El senador fue hallado responsable de calumnia por llamar “asesinos” a tres policías mientras intentaba entrar borracho, en compañía de una trabajadora sexual, a un hotel en Cartagena.
Quizá este golpe es el que le da dientes al senador para hablar “de un exterminio político contra el partido Independientes y las fuerzas progresistas”. Y es que Toro y Flórez ven en el fallo que dejaría sin curul a Upegui un caso similar al que vivió Petro en Bogotá, cuando fue destituido de su cargo como alcalde por parte de la Procuraduría. Los congresistas aliados de Quintero alegan que un tribunal administrativo no puede despojar de su investidura a un político elegido popularmente. “Solo un juez penal puede limitar esos derechos”, dice Flórez.
Menos tajante es José Luis Marín, concejal del Pacto Histórico en Medellín y el único que quedaría en oposición en caso de concretarse la salida de Upegui. Aunque reconoce que en el Concejo hubo una “jugadita” para dejar a la oposición sin silla en la mesa directiva, afirma que equiparar los casos de Upegui y Petro es inoportuno, y que hay que hilar muy fino para hablar de persecución. “No me atrevo a decir que un tribunal tenga agenda política ni que de por medio haya algo sistemático, aunque sí es un golpe para la oposición”, sostiene.
Además de este fallo, que será apelado por el quinterismo ante el Consejo de Estado, hay un paquete de cinco demandas que buscan la nulidad del nombramiento de Upegui como concejal —incluidas algunas de antiguos aliados—. Es el caso de la que interpuso Albert Corredor, quien partió cobijas con el quinterismo en las pasadas elecciones y ahora busca hacerle el cajón a Upegui. Corredor se ubicó cuarto en la elección (superado por el voto en blanco) y en su demanda alega que es él quien debe asumir la curul de oposición.
El pedido, sin embargo, no tiene mayor asidero por las lagunas propias del estatuto de oposición. La curul de Upegui no sería para el tercero más votado a la Alcaldía, sino para quien sigue en la lista de candidatos al Concejo. Las cuentas benefician a Creemos, el partido de “Fico”, que sumaría su octava silla en el Concejo (hoy tiene siete de 21). Perder este espacio, además de cederle terreno al actual gobierno, dejaría sin voz a Quintero y a su partido en debates claves de su principal plaza política.
Y aunque Toro dice que el halo de persecución que trae el fallo podría darle cierta ventaja a Quintero en la puja del progresismo por sacar candidato presidencial, Shnaider prioriza la curul y dice que por ahora no hay cálculos políticos. “Fuimos derrotados en elecciones y es nuestra responsabilidad ocupar la curul. Pero llevaremos el caso a instancias internacionales, a la CIDH y a la OEA”, promete el director de Independientes, sin dejar de señalar la particular velocidad en los fallos que golpean a las figuras más visibles de su proyecto político.
