La vaca que promueve el uribismo para conseguir $1 billón (de $2,5 billones faltantes) para terminar las vías 4G que pasan por Antioquia no solo terminó de agudizar la pelea entre el gobernador, Andrés Julián Rendón, y el presidente, Gustavo Petro. El mecanismo también ha levantado una seguidilla de cuestionamientos por su legalidad y la posible entrada de dineros calientes por manos de organizaciones criminales.
Y es que nada más este fin de semana el Clan del Golfo publicó un comunicado en el que dijo haberse vinculado con $10 millones “a esta colecta pública, con el fin de terminar las obras, especialmente la vía al mar (la que lleva a Urabá, donde este grupo despliega la mayoría de sus operaciones)”. En su pronunciamiento, el grupo anexó cuatro soportes emitidos por un corresponsal de Turbo que respaldarían la donación.
El supuesto aporte fue cuestionado al instante por el presidente, quien le pidió a la Fiscalía investigar y quien, días antes, le había solicitado a Rendón suspender la vaca por una posibilidad similar. A cambio, Petro le propuso al gobernador cobrar valorización para terminar las obras faltantes, pero el mandatario no aceptó y pidió no estigmatizar a más de 5 mil donantes. Hasta ayer, la Gobernación había recogido $1.857 millones, incluido un millón del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Estas son las claves jurídicas de una vaca que está lejos de llegar a su meta (para lograrlo se necesitarían siete años largos, con el ritmo de donación de los primeros cinco días) y que luce más como otro round de la pelea que casaron Rendón y el presidente Petro:
1. Rendón dice que la vaca no es ilegal y la blindó con un decreto
El último trino de ayer en X (antes Twitter) del presidente Petro tuvo que ver con la legalidad de la iniciativa. “Señor gobernador de Antioquia: cumplimos con esta ley no. (sic)” , dijo el mandatario, quien acompañó su publicación con una captura del artículo 316 del Código Penal que reglamenta la captación masiva de dineros. El artículo dice que quien capte dinero de esta forma y no cuente con autorización de la autoridad competente irá a la cárcel y tendrá que pagar multa.
Lo que dice la Gobernación es que el dinero de la vaca ingresa con el título de donación. “La Constitución dice que los particulares se pueden unir con el Estado para establecer propósitos comunes”, se lee en un documento publicado por la entidad en el que aclara varias dudas sobre la iniciativa.
Pero Iván Zuluaga, profesor de derecho administrativo de la Universidad de Medellín, es más específico. Dice que la figura de la vaca encuentra respaldo en el Código Civil como un contrato entre particulares y que, contrario a lo que dice el presidente, no habría delito porque quien recoge los dineros es un actor público que no acude a la coerción.
“Es perfectamente aplicable al Estado, pues el régimen de contratación pública permite acudir a este derecho. Y como en la Ley 80 no está regulado el contrato de donación, se acude a la figura que se usa entre privados”, sostiene el abogado.
A esto, Eugenio Prieto, secretario de Hacienda de Rendón, le agrega un matiz. El funcionario explica que el gobernador emitió un decreto para precisar el uso de las donaciones. El documento aún no se ha publicado en la gaceta oficial del departamento, pero La Silla Vacía obtuvo un fragmento. En este la Gobernación plantea el argumento jurídico que hace viable la vaca que lidera.
Además de acudir al artículo 1443 del Código Civil, el cual autoriza las donaciones entre particulares, se menciona el artículo 355 de la Constitución. Este prohíbe la donación de dineros de actores públicos a privados, pero no lo contrario. Dice el decreto que la Gobernación, al ser una entidad reglada por el derecho público, puede recibir donaciones de otros actores del Estado y de particulares.
En el documento también se invoca un concepto de 2003 emitido por el Consejo de Estado. Este es el fragmento que se cita: “La Constitución no prohíbe expresamente las donaciones o auxilios a favor de entidades que integran las ramas del poder público, o por lo menos esa prohibición no puede deducirse del artículo 355”.
Aunque el profesor Zuluaga habla de un contrato entre particulares, lo que dice Prieto es que quienes aportan a la vaca no adquieren obligación alguna con la donación. Y que esta, para la vigencia de 2025, les servirá de respaldo a los privados para solicitar descuentos en su impuesto de renta. “El compromiso que asumimos es el de invertir bien los dineros”, dice el funcionario.
2. Habrá auditoría para evitar entrada de dineros sucios
La entrada de dinero caliente la puso sobre la mesa el presidente Petro incluso antes de la supuesta donación del Clan del Golfo. Luego, con los soportes que fueron retomados por Noticias Uno, se habló de cuatro donaciones: una de tres millones de pesos, otra de un millón 300 mil, una tercera de 2 millones 800 mil, y una más de 2 millones 900 mil.
La distribución se habría hecho para burlar la trazabilidad bancaria de la donación y pasar de agache el tope máximo de $10 millones fijado por la Gobernación.
Sin embargo, Prieto dice que aún no hay certeza de que haya ingresado plata del Clan del Golfo. “Aún estamos revisando si esa plata entró o no, porque el banco ya ha rechazado dinero sin procedencia clara. La puerta está abierta y la plata está sobre la mesa, aunque es evidente que hay intereses de desacreditar la vaca”, dice el funcionario.
Las donaciones llegan a una cuenta que la Secretaría de Hacienda abrió en convenio con Bancolombia, del Grupo Sura. El banco tiene la responsabilidad de verificar el origen de las transacciones, además de emitir las alertas pertinentes.
Aunque el sistema financiero tiene recursos como la lista Clinton y otros para hacerle el quite a dineros sucios, La Silla Vacía consultó a Bancolombia para ampliar esta mecánica. Pero desde allí expresaron que el tema estaba a cargo de la Gobernación.
Lo que dijo este fin de semana el abogado del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, es que, cuando menos, la donación es extraña. En varios trinos, dirigiéndose al presidente Petro, el abogado sugirió que no tiene mucho sentido una donación pública de este tipo, hecha en Turbo (centro de operaciones del grupo criminal) y con un número de cédula rastreable.
“El Ejército Gaitanista de Colombia (nueva marca del Clan) podrá ser un grupo armado ilegal, pero es un grupo serio, no se prestaría para semejante payasada ni para juegos políticos sucios, y menos en detrimento de las comunidades que tanto dice proteger”, expresó Giraldo, quien además ha mostrado su apoyo a la vaca de Rendón.
Justo por estos temas de trazabilidad, el senador del Pacto Histórico, Álex Flórex, dijo haber interpuesto una denuncia ante la Fiscalía por presunto lavado de activos. “No hay forma de verificar la fuente de los recursos que están ingresando al Departamento, porque no hay filtros de seguridad. Lo único que piden es nombre y monto. Por eso el Clan del Golfo pudo donar”, dijo el congresista.
El reportero de La Silla Vacía que escribió esta nota hizo una donación de $10 mil para verificar lo expresado por el senador. Sin embargo, la afirmación es imprecisa: la plataforma para donar (habilitada en el sitio web de la Gobernación) solicita cédula, nombre, monto y correo electrónico. Con esos datos, dice Prieto, es suficiente para hacer el rastreo.
3. La plata se usará para cinco proyectos, en su mayoría 4G
Como parte de las medidas de trazabilidad, en el decreto emitido por Rendón y en el formulario de la donación se precisa que la plata que se recoja servirá para la terminación del Túnel del Toyo (al que le faltan $650 mil millones por parte de la Nación, según la Gobernación) y conexiones viales como Bolombolo, Primavera, Puerto Antioquia y subregión Occidente-Embalses-Norte.
La mayoría de estos faltantes, que son claves para el circuito 4G que conectará al centro con el norte y el suroccidente del país, se quedaron sin financiación durante su estructuración y algunos incluso fueron asumidos por parte del Invías, del gobierno nacional, y aún no se ejecutan. La Silla revisó a detalle cada obra y encontró que son tres de 10 proyectos viales los que tienen problemas de financiación en Antioquia.
Por ahora, no hay una fecha para el cierre de la vaca. Lo que explica Prieto es que una vez se cierre se hará una nueva auditoría, de la mano del banco, para evitar que se filtren dineros ilícitos. Este paso será seguido por la presentación de un proyecto ante la Asamblea que permita incorporar estos recursos al presupuesto departamental.
De esa forma, las donaciones pasarían a la chequera de la Gobernación. Sin embargo, no todo depende de Rendón, porque la plata que hoy se recoge busca financiar proyectos a cargo de la Nación. Ahí podría enredarse la pita, dice un abogado que asesoró al gobierno de Iván Duque en obras de infraestructura y transporte, que pide la reserva para entregar su lectura sobre este tema.
4. Rendón no puede solo; necesita luz verde del gobierno
“Si no hay consenso entre la Gobernación y la Nación no se puede hacer nada”, dice la fuente, que además explica los caminos de cómo la plata de la vaca podría entrar al modelo de financiación activo en cada uno de los proyectos.
Lo primero es que algunas de estas intervenciones se contrataron como obras públicas y otras como iniciativas privadas por concesión. El primer caso lo ejemplifica el Túnel del Toyo, que tiene inversión de la Gobernación y la Nación, y para el que incluso la Alcaldía de Medellín dispuso de recursos.
Para que la plata de la vaca pueda entrar a obras como esta, la Gobernación debería sustituir el rol contratante que tiene la Nación. Mejor dicho: la pelota estaría en la cancha del gobierno, el cual en días pasados le negó un pedido similar al gobernador Rendón. El ministro de Transporte, William Camargo, rechazó la cesión de las obras a cargo del Invías en el Túnel del Toyo, aduciendo que el gobierno ha cumplido a cabalidad con la cofinanciación.
Otra opción sería que la ANI autorice la celebración de un convenio interadministrativo que le permita a la Gobernación de Antioquia aportar recursos de destinación específica. “La Gobernación enviaría el dinero al patrimonio autónomo de la obra y ya la ANI, en conjunto con los concesionarios, adjudicaría el tema de las obras”, dice la fuente.
Una tercera alternativa para el uso de la vaca sería una cofinanciación soportada en recursos de la Gobernación, la Nación y recaudo por valorización, algo similar a lo propuesto por el presidente Petro. Pero, en el caso de las concesiones, habría que ajustar el mecanismo y los tiempos de pago de los trabajos, porque los desembolsos no suelen darse en tiempo real como en las obras públicas.
Además, ninguna de estas alternativas podría superar adiciones superiores al 20% del contrato firmado en principio (indexado a su monto actual). En estas alternativas coincide el expresidente de la ANI durante el gobierno Duque, Louis Klein, quien insiste en que por ahora “no es muy claro cómo el gobernador podría meter plata o contratar obras en proyectos a cargo de la Nación”.
Ante este panorama, Prieto dice que son varias las alternativas para que la plata cumpla sus fines. El secretario de Hacienda afirma que, en caso de que la Nación no emita las autorizaciones, las donaciones podrían servir para cofinanciar las obras del Túnel del Toyo a cargo de la Gobernación. “Estamos gestionando, pero aún nos falta el 10% de la plata, que son $300 mil millones”, sostiene.
Y agrega: “La idea es sincronizar al departamento y a la Nación, pero, en caso de que no sea posible, la plata también podría servir para las conexiones que se quedaron por fuera de los contratos de concesión, como Bolombolo y Puerto Antioquia”. Estos puntos conectarían a los proyectos 4G Pacífico 1, 2 y 3, además de Mar 1 y Mar 2.
5. Iniciativa no es nueva: Petro aceptó donaciones cuando fue alcalde
El abogado Zuluaga dice que las donaciones no son extrañas para el Estado colombiano. “Particulares han donado inmuebles, como ocurrió con la Plaza de Toros la Santamaría de Bogotá, que fue una donación al Distrito; o el predio sobre el que se construyó el Hospital General de Medellín, que también fue una donación”, sostiene.
La diferencia con la actual vaca es que no se donan inmuebles, sino dinero. Pero esto tampoco es del todo nuevo.
El presidente Petro acudió a algo similar en Bogotá. Y aunque la figura tomó impulso de la mano de Antanas Mockus, quien permitió pagar de más a través de impuestos como el predial para luego destinar los excedentes a diferentes programas, Petro hizo lo propio en su último año como alcalde de la capital.
En diciembre de 2015 emitió el decreto 532 que le dio luz verde a “aportes voluntarios” de los contribuyentes para la financiación de distintos programas de inclusión social (cada ciudadano decidía qué iniciativa financiar a través de un aporte superior al 10% de sus impuestos).
El decreto se soportó en la “solidaridad para avanzar en la construcción de una sociedad justa y equitativa”, y los aportes se recibieron en “calidad de donación”. En el mismo concepto de solidaridad, durante la pandemia, la entonces alcaldesa Claudia López abrió una vaca para comprar alimentos para familias vulnerables y recaudó $51 mil millones.
En 2020, durante el gobierno Duque, la fundación del estadounidense Howard Buffet donó $60 mil millones para la construcción de vías terciarias en la región del Catatumbo, en medio del programa “Catatumbo sostenible”. Buffet incluso visitó Tibú, un pueblo fronterizo entre Norte de Santander y Venezuela, para hacer oficial la donación.
También en el gobierno Duque, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, prometió mil millones de dólares para el cuidado del medio ambiente en el país, a través del Earth Fund. Aunque La Silla Vacía no pudo verificar previo a la publicación de esta nota si el desembolso se concretó, lo cierto es que las donaciones de particulares para la financiación de obras públicas está lejos de ser un mecanismo nuevo en Colombia.
