Las demandas a la reforma pensional, que logró aprobar el gobierno de Gustavo Petro a pupitrazo en el Congreso, ya se anunciaron. Por eso, detrás de las proclamas que se escucharán en la firma de la ley con un gran evento en la Plaza de Bolívar en Bogotá, pesa mucho la Corte Constitucional. 

Los nueve magistrados actuales, dependiendo el tiempo que se demore el estudio de las demandas por vicios en la aprobación, serán los que definirán la suerte de la reforma más grande al sistema de seguridad social en 30 años. 

La Silla Vacía analizó cómo votó la Corte en siete decisiones importantes sobre reformas legislativas y decretos que ha emitido el gobierno Petro. Hasta ahora, la Corte ha votado en un bloque casi unificado. Juan Carlos Cortes, ha sido la voz más disidente a favor del gobierno, en un par de ocasiones.

Sin embargo, una mirada más detallada a los salvamentos y aclaraciones de voto en estos fallos, muestra que Cortés ha coincidio con la magistrada Natalia Ángel. Ambos tienen posturas mas liberales, sobre todo Cortés que ha disentido en mas ocasiones con las mayorías. Y, aunque la dirección del voto de Ángel ha coincidido con las mayorías de la Corte en contra de los intereses del gobierno, sus argumentos han estado alineados, en ocasiones, con la visión de algunas de sus reformas. Por eso, Ángel y Cortes han sido criticados por políticos de oposición.

Esta foto permite ver que el gobierno puede tener más juego en una Corte que le ha fallado de manera desfavorable en varios casos una vez el magistrado Vladimir Fernández, ex secretario jurídico de Petro y quien se ha inhibido de participar en estas discusiones porque fue parte de varias de las decisiones que se analizan, comience a tener voz y voto. En 2025 cuatro magistrados cambiarán. Solo uno de ellos, el reemplazo de Cristina Pardo, será ternado por el presidente Petro. Otros dos vendrán de ternas del Consejo de Estado, y uno de la Corte Suprema. El Senado tendrá el voto final. Y el gobierno, cuatro oportunidades de influir para lograr armar un bloque afín más nutrido. 

Así han votado los magistrados en los siete fallos más claves para el gobierno:

1. La caída del Decreto de Emergencia para la Guajira

El 2 de julio de 2023, el presidente decretó un Estado de Emergencia en el departamento de La Guajira, que le daban poderes especiales a Petro para tomar acciones administrativas. El decreto se soportaba en la crisis humanitaria causada por la falta de acceso a servicios básicos vitales como el agua potable, la alimentación, la energía, la baja cobertura en el sector de educación, entre otros. Además, el gobierno argumentaba que las condiciones climáticas del departamento, profundizaban la crisis y tornaban vulnerable a la población. 

De ese decreto salieron 13 decretos más, bajo el argumento de tomar medidas temporales para conjurar la crisis. Uno buscaba reactivar el turismo en la región; otro, controlar impactos ambientales y ponerle mayores requisitos a la actividad minera; algunos recogían obligaciones alimentarias y de recuperación del agua potable, y así más de diez decretos expedidos a lo largo de julio de 2023. 

Varios de los decretos fueron demandados de manera individual por no tener relación con la reducción de impactos con la crisis que alegaba el gobierno. Sin embargo, la Corte Constitucional tomó la decisión de suspender los efectos de algunos de los decretos que se iban demandando y arrancar por debatir sobre el decreto madre: el 1085 que declaraba el Estado de Emergencia. Si se caía ese, podían caerse por su propio peso, varios de los demandados de forma independiente.

El 2 de octubre se cayó el decreto. Los ponentes de la sentencia fueron los magistrados José Fernando Reyes y Diana Fajardo. La decisión de tumbar el decreto tuvo una salvedad: respecto de la amenaza de la crisis por la falta de disponibilidad del agua, el decreto se caería pero un año después. La Corte consideró que si bien el decreto cumplía con todos los requisitos formales para su expedición y demostraba la existencia de una crisis humanitaria en el departamento de la Guajira, el cambio climático y los problemas de acceso a servicios básicos, no eran hechos sobrevinientes o imprevisibles. Además, a consideración de los magistrados, la crisis puede enfrentarse haciendo un llamado a las instituciones ordinarias, antes de acudir a un Estado de Emergencia. 

Salvamentos de voto

Los magistrados Ángel, Pardo y Cortés, salvaron su voto de manera conjunta, alegando que no era viable declarar que un decreto es inexequible con “efectos diferidos”. Según los tres magistrados, lo que procedía era una declaratoria de exequibilidad pero condicionada, figura que ya se ha utilizado históricamente en los fallos de la Corte. Además, consideraron que la confluencia de tantos fenómenos climáticos sí constituían una situación imprevisible que hace aceptable decretar un Estado de Emergencia para responder a la crisis humanitaria. 

2. La caída de la deductibilidad de las regalías en la tributaria

En noviembre de 2023 la Corte declaró inconstitucional el parágrafo primero del artículo 19 de la Ley 2277 de 2022, la reforma tributaria. El aparte decía que las empresas que extrajeran recursos naturales del suelo (como petróleo o minerales) no podían deducir el dinero que pagan al gobierno (llamado regalías) de su impuesto de renta. La Corte consideró injusta la norma porque trataba de manera diferente a las empresas que pagan en dinero y las que pagan con parte del recurso que extraen. También, la Corte mencionó que en momentos de precios bajos, esta regla podría hacer que las empresas paguen impuestos incluso cuando están perdiendo dinero. 

La Corte dijo que las regalías son un gasto necesario para estas empresas y que no aumentan su riqueza, por lo que deberían poder restarlo de sus impuestos. Además, se argumentó que la regla afectaba la confianza de las empresas que hicieron inversiones contando con poder deducir las regalías. 

Aclaraciones de voto

Los magistrados Ibáñez, Lizarazo y Pardo estuvieron de acuerdo en declarar el párrafo como inconstitucional. Los magistrados Fajardo, Linares y Reyes decidieron aclarar su voto, lo cual indica que expresaron precisiones sobre su posición en la decisión. 

Salvamento de voto parcial

La magistrada Ángel hizo un salvamento parcial y mostró desacuerdo con parte de la decisión. Primero, cuestionó la aptitud de la demanda original y consideró que la Corte se extralimitó al analizar argumentos que no estaban presentes en ella. Argumentó que este enfoque podría sentar precedentes problemáticos para futuros casos. 

Y siente tres críticas más puntuales. Primero, lamenta que se haya omitido la discusión sobre los impactos ambientales y sociales de la explotación de recursos naturales. Segundo, cuestiona el uso de una norma legal como parámetro de constitucionalidad. Tercero, critica la falta de un análisis sistémico de la equidad tributaria, argumentando que la Corte debió considerar el impacto de la norma en todo el sistema tributario, no solo en casos particulares.

Salvamento de voto

El Magistrado Cortés argumentó que no está de acuerdo con la decisión mayoritaria que declaró inconstitucional la norma. Sus argumentos son que la demanda no cumplió con los requisitos esenciales para ser considerada válida en términos de su contenido o argumentos. Sostiene que los argumentos presentados carecían de especificidad y pertinencia, y critica la ponencia por introducir un nuevo argumento sobre que no estaba presente en la demanda original. En esencia, sostiene que la Corte se extralimitó en sus funciones al analizar aspectos que no formaban parte de la demanda inicial, lo cual compromete la integridad del proceso constitucional y la participación ciudadana en el mismo. 

Incluso si la demanda hubiera sido apta, según Cortés la disposición examinada debería haberse declarado constitucional. Argumenta que el legislador tiene un amplio margen de configuración en materia tributaria, siempre que las medidas adoptadas no sean irrazonables y se justifiquen en objetivos constitucionalmente relevantes.

3. La modulación de la ley de Paz Total 

En noviembre de 2023, la Corte evaluó la constitucionalidad del artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que regula los acercamientos y negociaciones del Gobierno con grupos armados, o llamada ley de paz total. Reconoció que la Constitución permite al Gobierno buscar el sometimiento a la justicia de estructuras criminales organizadas de alto impacto, como parte de su deber de mantener el orden público. Sin embargo, la Corte impuso límites significativos: eliminó la discrecionalidad del gobierno en la definición de los términos bajo los cuales estos grupos pueden entregarse, requiriendo que sean definidos por ley para evitar arbitrariedades. Además, condicionó la suspensión de órdenes de captura a una justificación detallada por parte del gobierno y a una evaluación judicial, garantizando un respaldo legal sólido para estas decisiones. 

La Corte también especificó que las garantías de seguridad durante los acercamientos aplican exclusivamente a representantes y voceros de los grupos, no a todos sus miembros, y subrayó la necesidad de un marco legal claro para las zonas de ubicación temporal de estos grupos, evitando ambigüedades y posibles abusos. Por último, declaró inconstitucional la posibilidad de excarcelar a voceros de organizaciones sociales y humanitarias detenidos, argumentando que podría interferir con la separación de poderes y los derechos de las víctimas del conflicto armado. 

Salvamento de voto parcial 

La magistrada Meneses Mosquera salvó parcialmente su voto. Dijo que la Corte debió decir que la ley es válida sólo si se interpreta de cierta manera, excluyendo a los miembros de estos grupos que siguen cometiendo delitos y no están involucrados en las negociaciones. 

El magistrado Lizarazo Ocampo expresó discrepancias parciales con la ponencia mayoritaria relacionadas con las garantías de seguridad e integridad para los miembros de estructuras armadas ilegales en procesos de negociación. Él consideró que los condicionamientos esenciales, como quiénes específicamente estarían protegidos y bajo qué circunstancias, debieron haber sido claramente incluidos en la decisión de la sentencia y no solo en la parte explicativa. Según el magistrado, esto podría llevar a interpretaciones erróneas que afecten la obligación de perseguir legalmente a los miembros de estos grupos criminales.

El magistrado Cortés González expresó su disenso parcial con la mayoría de la Corte en varios puntos. Primero, discrepó sobre la decisión de permitir la suspensión condicionada de órdenes de captura para los representantes de grupos criminales organizados de alto impacto, argumentando que estas disposiciones no violan el principio de separación de poderes, sino que buscan facilitar negociaciones para lograr la paz, con la supervisión judicial adecuada. Segundo, se apartó de la condicionalidad de la norma sobre las zonas de ubicación temporal, considerando que las condiciones establecidas por el legislador ya eran suficientes y no requerían ajustes adicionales. En su opinión, estas medidas fueron adoptadas dentro del marco legal y constitucional, con el objetivo de equilibrar las facultades presidenciales en materia de orden público y promover la paz, conforme a las necesidades cambiantes de la sociedad y tras un proceso democrático de deliberación legislativa.

Salvamento de Voto

El Magistrado Ibáñez Najar se apartó de las decisiones mayoritarias de la Corte que le dio luz verde condicionada a la ley. En su concepto, debía ser declarada inconstitucional. Criticó la falta de distinción entre estos grupos armados y la omisión de un análisis constitucional profundo. Argumentó que aplicar las mismas reglas a todos los grupos es inadecuado y podría permitir interpretaciones erróneas y abusos en el proceso de justicia transicional, señalando que los procedimientos para la negociación política y el sometimiento a la justicia deben ser claramente diferenciados y establecidos por ley para evitar confusiones y usurpaciones de competencias judiciales por parte del gobierno.

4. La caída del cambio de nombre de la Fuerza Aérea

En marzo de 2024, la Corte decidió sobre una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º de la Ley 2302 de 2023, que le cambiaba el nombre a la “Fuerza Aérea” por “Fuerza Aeroespacial”. Según la demanda, este cambio infringe los artículos 4 y 217 de la Constitución Política. Tras evaluar el principio de supremacía constitucional, la historia de la Fuerza Aérea y el contexto normativo, la Corte encontró que modificar esta denominación mediante una ley ordinaria es inconstitucional. En consecuencia, por unanimidad, la Corte declaró la norma como inexequible.

5. La caída aplazada del Ministerio de la Igualdad 

La Corte declaró inexequible, es decir, no conforme a la Constitución, la Ley 2281 de 2023, que creaba el Ministerio de Igualdad y Equidad. Esta decisión se tomó principalmente porque el gobierno y el Congreso no presentaron un análisis detallado del costo fiscal y las fuentes de financiación del nuevo ministerio, como lo exige la ley. Sin embargo, la Corte argumentó que para evitar problemas en la implementación de políticas públicas y proteger los derechos de grupos vulnerables, la declaración de inexequibilidad no tendrá efecto inmediato. En su lugar, dio un plazo hasta el final de la legislatura 2025-2026 para que el gobierno y el Congreso corrijan este error, ya sea aprobando nuevamente la ley con el debido análisis fiscal o asignando las funciones del ministerio a otras entidades existentes.

Aclaración de voto y salvamento parcial 

El magistrado Ibáñez Najar hizo una aclaración sobre su voto, en relación con la decisión de aplazar los efectos de la declaración de inconstitucionalidad por dos años. Argumentó que debido a serios problemas durante el proceso, especialmente la aprobación de una norma legislativa sin el quórum necesario, se estaría violando lo establecido en el artículo 149 de la Constitución. Según este artículo, cuando un acto carece de validez, no se le puede dar ningún efecto legal. Por lo tanto, la Corte tenía la obligación constitucional de retroceder los efectos de la inconstitucionalidad de la ley al momento en que fue aprobada inicialmente.

6. La negada del Incidente de Impacto Fiscal

La Corte Constitucional decidió sobre la solicitud del Ministerio de Hacienda de declarar un Incidente de Impacto Fiscal, que buscaba contrarrestar el efecto económico de la decisión de tumbar la no deductibiliad de las regalías, que la misma Corte tumbó en la reforma tributaria. Según el ministro Ricardo Bonilla, esta sentencia podría afectar al Estado con una suma significativa de $6.7 billones de pesos, divididos en devoluciones de impuestos y cambios en la recaudación futura.

El ministro propuso cuatro posibles soluciones para mitigar los efectos de la sentencia, incluyendo diferir su aplicación a partir de diferentes fechas y establecer descuentos fiscales escalonados. Sin embargo, la Corte evaluó la evidencia presentada y determinó que no se demostró de manera suficiente que la sentencia causaría una alteración grave en la sostenibilidad fiscal del país. Además, encontró que las opciones propuestas por el ministro violaban principios constitucionales esenciales, como el derecho a la igualdad y la prohibición de medidas confiscatorias, que fueron protegidos por la sentencia original.

De este modo, decidió mantener la sentencia sin cambios sustanciales, protegiendo así los principios fundamentales de la Carta Política y la estabilidad fiscal del país.

Aclaraciones de voto

La magistrada Ángel emitió un voto aclaratorio para decir que si bien salvó parcialmente el voto en el fallo de regalías, no considera que el gobierno haya logrado demostrar que el fallo directamente genera un impacto severo en las finanzas públicas.

Salvamento de voto

El magistrado Cortés González expresó su desacuerdo con la mayoría de la Corte. Argumentó que en una decisión previa había recomendado aplazar o condicionar sentencias para gestionar mejor sus efectos financieros significativos, especialmente cuando afectan los ingresos proyectados del gobierno tras una reforma tributaria. Consideró que la sentencia tuvo un impacto serio en las finanzas públicas. Además, apoyó la solicitud del ministro argumentando que los ingresos esperados por cambios en las regalías ya estaban incluidos en el presupuesto nacional. 

Propuso seguir un marco que evalúe la situación económica actual para entender cómo afectarán las decisiones judiciales las finanzas públicas y defendió que estos casos permitan que el gobierno y la judicatura dialoguen para ejecutar las decisiones judiciales de manera justa y sostenible. Finalmente, sugirió que el gobierno pueda compensar o devolver dinero a las empresas afectadas en 2023 durante los años siguientes, con el pago de intereses, sin contradecir la decisión judicial y protegiendo los derechos de los contribuyentes.

7. Subsanar el vicio del Plan Nacional de Desarrollo

La Corte Constitucional analizó la publicación del informe de conciliación en el Senado para los proyectos de ley 338 de 2023 (Cámara) y 274 de 2023 (Senado), que resultaron en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Y encontró un error, porque el informe no se publicó antes de la sesión de aprobación, incumpliendo el principio de publicidad constitucional.

Según la ponencia del auto, del magistrado Cortés, este error afectó la transparencia del proceso legislativo, el debate y la participación política. La Corte permitió al Senado corregir este error bajo el artículo 241 de la Constitución, debido a que no se omitieron etapas esenciales del proceso legislativo ni se desconocieron los requisitos formales. En junio el Senado volvió a votar y a aprobar el PND.

Salvamento de voto

El magistrado Lizarazo Ocampo salvó su voto por tres razones. En primer lugar, criticó que la decisión de la mayoría desconociera el precedente establecido en la Sentencia C-557 de 2000, la cual establece que los vicios de procedimiento en las leyes aprobatorias de planes de desarrollo no son subsanables sin cumplir con requisitos estrictos de transparencia y argumentación. En segundo lugar, argumentó que la decisión no evaluó adecuadamente la posibilidad que tenía el Senado de utilizar otros medios para garantizar la publicidad del informe, a pesar de las advertencias de algunos senadores. 

Finalmente, cuestionó el plazo de 30 días hábiles otorgado para subsanar el error, señalando que el procedimiento legislativo para las leyes aprobatorias de planes de desarrollo tiene plazos más cortos que las leyes ordinarias y que estos plazos deben contabilizarse en días calendario, no hábiles.

Lizarazo Ocampo enfatizó que la mayoría ignoró el marco constitucional y legal que regula estos procesos legislativos, lo cual podría sentar un precedente negativo al permitir la subsanación de vicios de procedimiento de manera laxa, afectando la integridad y la eficacia de las normas que rigen el trámite legislativo para los planes de desarrollo.

The post Así ha votado la Corte que decidirá la suerte de la reforma pensional appeared first on La Silla Vacía.

Al nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le quedan 10 días para aterrizar su plan de trabajo en el Congreso, antes de la instalación de la nueva legislatura, el 20 de julio. No parte de ceros porque su antecesor, Luis Fernando Velasco, dejó armada una estructura que, aunque mínima, le aseguró al gobierno aprobar la reforma pensional y avanzar otras como la laboral y la de jurisdicción agraria.  

Esa estructura, además de la bancada del Pacto Histórico, funciona con congresistas estratégicos de los partidos tradicionales, los llamados operadores políticos. Tienen liderazgo entre sus pares y son capaces de arrastrar votos de indecisos, asegurar quorums, y salvar proyectos. Unos ayudan porque coinciden ideológicamente con el gobierno, otros porque tienen burocracia. 

Van a ser relevantes en la conformación de las mesas directivas y en pulsos específicos como la presidencia de la Cámara.

Acá puede encontrar el quién es quién de todos los congresistas del periodo 2022-2026.

Estos son 15 nombres clave, y su relevancia al interior del Congreso, de lo que dejó armado Velasco y que Cristo necesita mantener:   

The post Los operadores políticos que Cristo hereda para darle manejo al Congreso appeared first on La Silla Vacía.

El modelo de apalancar grandes inversiones públicas con deuda de Barranquilla se ha replicado en el Atlántico con Elsa Noguera y Eduardo Verano. En el periodo de Noguera la deuda se incrementó más del doble y quedó en un billón de pesos. Ahora, en sus primeros meses, Verano aplicó la misma fórmula y ya le fue aprobado un cupo de endeudamiento por medio billón.

Se trata de una deuda más moderada que la de Barranquilla con Álex Char. Además, el Atlántico tiene el aval de la calificadora de riesgo Fitch Ratings, que le otorga la mejor calificación posible. Sin embargo, llama la atención el crecimiento acelerado, los altos montos a pagar en intereses e indicadores como la sostenibilidad, que están al límite. 

Noguera trasladó el modelo charista al Atlántico, con obras de infraestructura importantes, concesiones y un polémico modelo de contratación a través de empresas mixtas. Para lograrlo endeudó el departamento. Verano, amarrado con esa deuda y compromisos de campaña, optó por una nueva deuda para cumplir su programa de gobierno. 

“Están copiando el modelo del Distrito a dos niveles. Uno, endeudamiento alto, agotar lo más que se pueda la capacidad de endeudamiento. Y el otro es que sobresale la infraestructura física en las inversiones”, dice Wilson Roca, profesor de economía de la Universidad del Atlántico.

Más allá del debate sobre la solidez financiera, ya se empieza a abrir una discusión sobre cómo se está gastando la plata. En Barranquilla y Atlántico se han privilegiado inversiones en cemento, infraestructura. Esto permite ejecutar grandes sumas y cortar cintas. Sin embargo, voces influyentes del departamento, como la del empresario Antonio Celia, cuestionan este énfasis, que no ha generado grandes saltos de riqueza, y deja de lado inversiones sociales en temas claves como la educación. 

Así se endeudó Elsa Noguera

Noguera ha sido uno de los principales alfiles de la poderosa casa Char. Durante sus cuatro años como gobernadora del Atlántico, a donde llegó impulsada por ese grupo político, replicó fórmulas del modelo de contratación del charismo en Barranquilla. Noguera adjudicó millonarios contratos a través de las empresas mixtas de la ciudad, como Edubar, Puerta de Oro y  K-Yena.

Los procesos a través de las empresas mixtas suelen ser más opacos, pues se rigen por el derecho privado y es difícil hacerles seguimiento. En Barranquilla, además, se ha generado una concentración de contratos en unos pocos contratistas amigos. En el Atlántico, con Noguera, La Silla reveló casos en los que esa concentración se repitió a favor de la empresa de los hermanos Daes, aliados de la casa Char y con otra empresa en la bolsa de valores, Tecnoglass.

Noguera también contrató bajó la figura de crédito proveedor infraestructura hospitalaria, una fórmula en la cual el contratista saca de su bolsillo para pagar la obra y solo cuando se termina la gobernación paga. Es una figura que limita la pluralidad de oferentes pues solo empresas grandes tienen el músculo financiero para asumir la obra en esas condiciones. 

Como parte de la fórmula charista, Noguera también incrementó la deuda pública en un 155% y las vigencias futuras en un 82%, en su periodo de 2020 a 2023. 

El secretario de Hacienda durante el gobierno de Noguera, Juan Camilo Jacome, justifica las inversiones: “Teníamos una deuda social muy alta con la gente del Atlántico y las consecuencias sociales y económicas, producto de la pandemia, hizo que esta se multiplicara. Solo las inversiones en agro y turismo están representando un incremento de 100 mil millones de pesos anuales en el PIB del Atlántico”.  

El endeudamiento fue posible por con la aprobación de la Asamblea, donde 13 de los 14 diputados eran de gobierno. La Asamblea le aprobó a Noguera dos cupos de endeudamiento que suman un billón de pesos. Buena parte de esos recursos se destinó para la construcción y remodelación de plazas y parques, construcción de acueductos y alcantarillado e infraestructura hospitalaria. 

Noguera recibió una deuda de 405 mil millones de pesos, y dejó una deuda de un billón 38 mil millones. El porcentaje de la deuda en relación con el presupuesto pasó de 27% a 44%. 

Esa cifra es la más alta de las gobernaciones grandes de Colombia. El porcentaje de la deuda en relación con el presupuesto de Antioquia es del 34%, Cundinamarca del 27% y Valle del Cauca de 19%, según datos del 2023. 

Aun así, es menor al nivel de deuda que dejó Jaime Pumarejo en Barranquilla: del 57% de deuda en relación con el presupuesto. Es similar a la que dejó Char en su segunda Alcaldía en 2019, del 43%. 

Además de la deuda, las vigencias futuras comprometidas casi se duplicaron. Noguera recibió una gobernación con 453 mil millones comprometidos en vigencias futuras y la dejó en 828 mil millones de pesos hasta el 2037. Es decir, 375 mil millones de pesos más. 

De las siete gobernaciones principales, Atlántico es la que tiene más vigencias futuras comprometidas con relación al presupuesto. Es del 35%, mayor al 28% de Santander y 21% de Antioquia. 

Durante el gobierno de Noguera, la Asamblea aprobó seis ordenanzas que comprometieron vigencias futuras extraordinarias, pero fue una la que generó el incremento más considerable. Se trata una concesión de turismo que pasó de agache en el debate público y de la que no hay registros en prensa. 

La ordenanza 579 de 2022 ordenó comprometer vigencias futuras por 443 mil millones de pesos hasta el año 2037 para la “gestión, promoción e implementación del plan maestro para la conservación integral, revitalización y sostenibilidad de los proyectos de infraestructura turística”. Es decir, una concesión para el mantenimiento y gestión de cinco obras turísticas, entre ellas el Centro Gastronómico de Puerto Colombia, el mercado de La Sazón de Puerto Colombia y el Centro de Deportes Náutico, que tienen retrasos en la ejecución. 

Noguera le entregó la gerencia del proyecto a la empresa mixta Puerta de Oro, que adjudicó el proyecto en junio del año pasado tras una convocatoria en la que se presentaron tres proponentes. Se los ganó un consorcio de las empresas Amgo Construcciones SAS e Ingeniería de Proyectos y Construcción SAS.

La gobernación amarrada de Verano

El gobernador Eduardo Verano llegó con muchos compromisos con las casas políticas del Atlántico, especialmente con los Char. Por eso, su gabinete está lleno de cuotas y las carteras más importantes, como Salud y Educación, están a cargo de fichas de los Char. 

En lo económico también llegó amarrado. Por un lado, por compromisos de campaña, Verano le cedió 78 mil millones (de unos 125 mil) del impuesto de tasa de seguridad al alcalde Char para 2023. 

Por otro lado, Verano tiene que cumplir los compromisos de deuda y vigencias futuras que dejó Elsa Noguera. En sus cuatro años, Verano tendrá que pagar, de lo heredado, 302 mil millones en vigencias futuras. Eso es 162 mil millones más de lo que Noguera pagó en vigencias heredadas en sus cuatro años.  

Pero además, Verano ya comprometió nuevas vigencias futuras de la tasa de seguridad por los acuerdos con Char. Comprometió un billón de pesos hasta el 2034 de la tasa de seguridad. La mayoría de esos recursos estarán destinados a proyectos en Barranquilla, como la construcción de estaciones de policías y de un centro de inteligencia. 

En cuanto a la deuda vía créditos, Verano pidió un cupo de 500 mil millones de pesos, que fue aprobado por unanimidad por la Asamblea. El proyecto indica que la deuda será invertida en infraestructura vial, mejoramientos de viviendas, un plan de estabilización costera, dotación de casas y centros culturales y dotación de infraestructura educativa. 

Hasta el diputado de oposición, Alfredo Varela, apoyó el endeudamiento. “Para nadie es un secreto que el departamento del Atlántico está en una situación financiera dura (…) Pero tenemos que hacer algo en esta Asamblea porque mal haríamos en no acompañar al gobernador actual a que le cumpla a las familias del Atlántico”.

La alerta principal es porque, en las proyecciones de capacidad de endeudamiento que presenta la Gobernación, la sostenibilidad (un indicador que divide la deuda entre los ingresos corrientes) está en un 99%, solo uno por ciento por debajo de lo que sugiere la ley. 

Hasta el 2021, la ley impedía que entidades territoriales con una sostenibilidad superior al 80% contrataran nuevas operaciones de crédito público. Sin embargo, modificaciones en el gobierno de Iván Duque abrieron la puerta a nuevas gabelas: las entidades se podrán endeudar si tenían una sostenibilidad inferior al 100% y si no la tienen, pero cuentan con al menos la segunda mejor calificación de riesgo, también podrán endeudarse. 

Durante su periodo, Verano pagará 532 mil millones de pesos en amortizaciones a la deuda y 795 mil millones en intereses. La sostenibilidad la dejará en un 65%, según sus proyecciones. Aunque con altos niveles de interés, parece ser una deuda mucho más moderada que la de Char en Barranquilla, que dejará la sostenibilidad en un 159%, según proyecciones de la Alcaldía.

Al menos en deuda, Atlántico empieza a transitar el camino de Barranquilla. Aún está por verse si las inversiones mejoran la vida de los atlanticenses. 

The post El modelo Char de prosperidad al debe llegó al Atlántico appeared first on La Silla Vacía.

A finales de mayo, el gobierno empezó a sacar pecho: según sus comunicaciones, desde agosto de 2022 han entregado 28 colegios cada mes: 100 nuevos y 500 mejorados. Obras que beneficiaron a 225 mil estudiantes con una inversión de $1.2 billones. 

Así se ve uno de los mensajes que circuló en las redes oficiales del presidente y afirmaba: “en 21 meses le hemos cumplido a la educación del país. Construimos 100 establecimientos educativos y mejoramos 500 sedes educativas”.

En Twitter (ahora X) también circularon mensajes celebrando la gestión: 

Algunos usuarios le pidieron al Detector de Mentiras de La Silla Vacía revisar las cifras y encontramos que de los 100 colegios nuevos o ampliados 23 comenzaron a construirse bajo esta administración y los 77 restantes fueron iniciados por gobiernos anteriores y terminados y entregados por Petro.  

Mientras que de los 500 mejoramientos, 443 los inició y entregó este gobierno, aunque responden a convocatorias y procesos realizados por el Ministerio de Educación Nacional antes del 7 de agosto de 2022. 

En conclusión, el logro de estos colegios es un claro ejemplo de la continuidad de las políticas públicas en el sector.

De los 100 colegios nuevos, 77 se comenzaron a construir en otros gobiernos 

El 18 de mayo, el gobierno celebró la entrega del colegio nuevo número 100. Se trató de la Institución Fundación Pies Descalzos Villas de Aranjuez, en Cartagena. De acuerdo con el anuncio, esta gestión, junto a 500 colegios intervenidos, fue gracias al Plan de Infraestructura Educativa para Preescolar, Básica y Media, compromiso que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno.

Como le confirmó a La Silla el MinEducación, la cifra corresponde a aquellos proyectos terminados y entregados desde el 7 de agosto de 2022 y hasta el 8 de mayo de 2024. 

Estos fueron ejecutados por el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), creado en el gobierno de Juan Manuel Santos con el fin de financiar proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación y dotación de colegios públicos. 

Este fondo es preciso al indicar que los 100 colegios corresponden a 39 instituciones nuevas y 61 ampliadas. 

Pero de acuerdo con el listado que obtuvo La Silla por parte del MinEducación y revisado por el FFIE, encontramos que 77 de estos colegios fueron contratados e iniciaron su construcción en gobiernos anteriores. Setenta y cinco durante la administración de Iván Duque y dos durante el gobierno de Juan Manuel Santos. 

Es decir, la construcción de 77 instituciones educativas nuevas o ampliadas, de las 100 por las que saca pecho el gobierno Petro, se inició antes de la llegada del gobierno a palacio y no son gracias a su plan de desarrollo. 

Pero la cifra de los 33 de Petro es menor si se toma la fecha de inicio de los proyectos de acuerdo con el primer contratista. 

Como explicó el FFIE, en 2018 un diagnóstico de los proyectos nuevos o ampliados que estaban en curso arrojó que el 70% se encontraba en riesgo medio y alto de ejecución. Esto llevó a que el Fondo terminara algunos de forma anticipada, realizara nuevas contrataciones, reasignara los proyectos, entre otras movidas. Eso hizo que algunos de esos segundos contratos iniciaran en este gobierno. 

Entonces, como mencionó una fuente del MinEducación con conocimiento del tema,  aunque la fecha de inicio que toma el FFIE es el último contrato vigente para cada colegio antes de su entrega, “el inicio real es desde el primer contratista que realizó labores a pesar del incumplimiento”.  

Con ese criterio, las fechas de inicio que tiene el Ministerio son otras y de los 100 colegios por los que este gobierno saca pecho, 97 empezaron a ejecutarse en gobiernos anteriores. 

De los 500 colegios mejorados más de 400 dan continuidad a convocatorias de gobiernos anteriores

De acuerdo con el FFIE, el mejoramiento de un colegio significa varias cosas, desde reparar el deterioro por uso o antigüedad hasta atender emergencias, pintar las paredes, labores de carpintería o adecuación de baños, comedores, cocinas o residencias entre otras cosas.

Según el listado entregado por el MinEducación y revisado por el FFIE, de los 500 colegios que Petro dice que mejoraron, 410 iniciaron y terminaron en su gobierno pero corresponden a la convocatoria Mejoramientos 2021, realizada durante el gobierno de Iván Duque. En esta convocatoria, el gobierno Duque seleccionó 1.864 escuelas para mejorar en los años siguientes en articulación con los departamentos, distritos y municipios beneficiarios.   

De esos proyectos, el gobierno Duque comenzó el mejoramiento de 57 escuelas, 55 de ellas rurales. Los 33 restantes iniciaron y finalizaron en este gobierno y estuvieron relacionados con mejoramientos que se tuvieron que hacer por daños causados por ola invernal o en respuesta a mesas de diálogo, compromisos territoriales, sentencias y Fondo Paz.

“Los mejoramientos entregados son la continuidad de políticas públicas que responden a diferentes convocatorias y procesos realizados por el Ministerio de Educación Nacional”, dijo el FFIE en su respuesta a La Silla. 

Es así que la mayoría de estas entregas han sido una continuidad de una política pública del Estado, mas no el cumplimiento de una promesa de campaña del Gobierno del Cambio.

Los recursos del FFIE 

El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) explicó que actúa como una cuenta especial del Ministerio de Educación con distintas fuentes de financiación, entre esas las partidas asignadas por el gobierno nacional. 

Desde 2015 a la fecha, al FFIE le han asignado la ejecución de 3.229 proyectos de infraestructura educativa, cofinanciados tanto por la Nación como por las entidades territoriales, de los que ha entregado 1.563:

Y ha manejado 5.19 billones de pesos, 3.28 billones entregados por el Ministerio de Educación así:  

The post Petro saca pecho por colegios que no son exclusivos de su gobierno appeared first on La Silla Vacía.

Aunque la ganadería tiene un impacto directo en el número de hectáreas deforestadas mayor al de la coca, esta economía ilícita sigue siendo una de las principales amenazas para la conservación de la Amazonía, según lo demuestra el análisis de las cifras de los últimos diez años de coca y deforestación en la selva colombiana, peruana y ecuatoriana y la opinión de los expertos. Estas son siete razones: 

Esta historia es parte de un especial regional llamado “Narcodeforestación: el nuevo mapa de la coca destruye la Amazonía Andina” coordinado por Ojo Público de Perú, en colaboración con La Silla Vacía de Colombia, la Revista Vistazo de Ecuador y El Deber de Bolivia. Y con el apoyo de la Fundación Moore y Natural Resource Governance Institute —NGRI—.  

1. Los cuatro departamentos con más coca son también los más deforestados. Putumayo es el caso insigne.

Casi el 60 por ciento de la deforestación en Colombia en los últimos 10 años se concentró en la Amazonía. Y los cuatro departamentos de esa región que la jalonaron son a su vez los que mayor cantidad de cultivos de coca tuvieron en ese período, solo superados por Nariño (Tumaco – Puerto Asís) y Norte de Santander (Tibú).

Puntualmente, Putumayo —que en 2022 aportó el 6 por ciento de la deforestación de Colombia y cuya principal actividad económica es la coca— ha tenido la tasa promedio de deforestación más alta en la Amazonía en la última década (sólo Meta lo superó, pero no es un departamento 100 por ciento amazónico). 

Hay tres departamentos en la Amazonía que han tenido poca deforestación y, a su vez, pocos cultivos de coca y ganadería porque la humedad es del 90 por ciento y hay muchos terrenos inundables. 

Además dado lo apartado que están de los centros de producción no es rentable llevar hasta allá insumos ni sacar los productos. Estos son Amazonas —que tiene casi una cuarta parte del bosque de la Amazonía— Guainía  y Vaupés. 

2. La dinámica de enclaves aumenta el riesgo de degradación del bosque

En los últimos cinco años, la Unodc ha venido identificando una nueva dinámica del narcotráfico que está destruyendo la biodiversidad: los enclaves. Estos concentran en unos puntos específicos la siembra, extracción, producción y comercialización de la coca para manejar economías de escala con procesos tecnificados y están bajo el dominio de grupos armados. Dos de los más grandes se ubican en los bordes del río Putumayo, en la frontera con Perú y Ecuador.

Mientras que antes en un departamento como el Putumayo el paisaje era, según  Leonardo Correa, Coordinador regional de análisis monitoreo e información de Unodc, como un “queso gruyere” con pequeños cultivos de coca sembrados por comunidades campesinas o indígenas en el medio del bosque ahora, gracias a los enclaves “lo que se ve es la tala rasa”, dice. 

Los cultivos de coca que solían ser de entre 2 y 6 hectáreas, ahora superan las 20 en ese departamento, como lo ha constatado la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible —Fcds—en sus sobrevuelos desde 2022. La producción de coca ahí dobla el promedio anual de 6 toneladas por hectárea, llegando a 12, según Correa. “Las nuevas áreas están dejando de ser zonas dispersas y de baja densidad de siembra”, dice el informe de monitoreo de cultivos de la ONU de 2022. 

Como en los enclaves arrasan con todo en una zona no solo afectan los bosques talados sino también los contiguos que quedan en pie. 

Ese impacto lo llama la científica Dolors Armenteras el efecto de borde: “los bordes se crean donde se termina el bosque y empieza un pedazo de tierra con una cobertura totalmente diferente que expone esos bordes a desecación, lo que hace que no retengan la humedad y estén más expuestos a especies invasoras y al sol, viento, etc”. 

Entre más grandes están volviendo a ser los cultivos de coca, el bosque que queda en pie no alcanza a cubrir con su sombra el área descubierta, y por lo tanto, entra más sol y se evapora más el agua. Por eso, en las áreas donde se ha generado más efecto de borde hay más probabilidad de incendios que en el bosque, que es más húmedo y está en mejores condiciones, explica Armenteras.

Según el estudio en el participó Armenteras, casi un tres por ciento del bosque de la Amazonía puede estar degradado por el efecto borde, esto son cerca de 188,531 kilómetros cuadrados, casi el doble del departamento de Amazonas que es el más extenso de Colombia o del país de Guatemala.

Con los enclaves también se ha intensificado no solo el uso de los químicos que contaminan la tierra, los ríos y el aire sino que se depositan grandes cantidades de insumos en un solo lugar, según explica Correa, el Coordinador regional de análisis monitoreo e información de Unodc.

Según esa entidad para producir un kilo de cocaína se requieren 320 litros de gasolina y 700 kilogramos de hoja de coca. La mezcla de la hoja con residuos de cemento, combustible y otros materiales son desechados después sin tratar en su mayoría. Un 20 por ciento de la gasolina se evapora en el proceso y queda en el ambiente.

3. La crisis de la coca de los dos últimos años solo la viven los pequeños productores y, en todo caso amenaza, la conservación

La crisis en la compra de coca reportada desde finales de 2022 continúa hoy, muchos campesinos e indígenas en Putumayo tienen bultos de hoja de coca y pasta básica de cocaína guardada porque las organizaciones criminales no les quieren comprar. Esta situación también está ocurriendo en el Guaviare, según Angélica Rojas, coordinadora regional de Fcds en ese departamento.

Según dos líderes sociales en el Putumayo que pidieron no ser identificados por razones de seguridad, los Comandos de la Frontera, la disidencia con mayor control en el Putumayo, les ha dicho que con la purga que ha hecho el gobierno Petro en las Fuerzas Militares ya no tienen aliados en la ‘legalidad’ para sacar la coca. Y prueba de eso sería el crecimiento de las incautaciones.

Pero al ver las cifras de la Amazonía las incautaciones han bajado desde 2022. 

A nivel nacional sí han aumentado. Pero los expertos sostienen que las mayores incautaciones lo que demuestran es que hay más cocaína circulando. Así lo creen Correa, coordinador regional de la Unodc, Kyle Johnson, investigador de la ONG Core, o Insight Crime. 

En 2022, hubo récord de hectáreas sembradas a nivel nacional: 230 mil. Y en 2022 y 2023 hubo récord de toneladas incautadas. En la última década aumentaron, además, en un 23% los consumidores de coca en el mundo. 

Entonces lo que puede explicar la crisis de la compra es que el desarrollo del negocio a través de enclaves está dejando por fuera a muchos cultivadores pequeños que no están dentro de esos puntos de concentración y que siguen procesos más artesanales, en algunos casos de menor calidad que la que exige ahora el mercado internacional. 

Por esta diferencia entre la dinámica en los enclaves y la que hay afuera, Unodc está reevaluando su sistema de medición de precios de la hoja de coca y sus derivados, pues ahora el precio varía dependiendo del lugar donde se pregunte. Antes era homogéneo dado el monopolio que tenían las Farc, según Correa.

Ante la sobreoferta, los campesinos, según los dos líderes del Putumayo con los que habló La Silla, han dejado de sembrar coca. Las cifras de la Policía muestran que, como en otros departamentos, allá se estancaron los cultivos entre abril y agosto de 2023, luego de que en los dos años anteriores hubieran crecido en un 70 por ciento. 

Esto coincide con una caída de la deforestación en Putumayo, que parece por eso estar muy ligada a los cultivos de coca. Contrario a la tendencia nacional, Putumayo fue el único que tuvo una reducción en el último trimestre de 2023: se talaron 1976 hectáreas menos con respecto al mismo período de 2022.

En todo caso, esto no significa que el bosque esté más conservado. Algunos campesinos y comunidades indígenas están extrayendo maderas finas para sobrevivir; y aunque otros árboles sigan en pie, la tala selectiva provoca la desaparición de algunas especies que vivían en los árboles tumbados y afecta el ecosistema en su conjunto, como lo ha demostrado la investigadora Armenteras

4. La coca se siembra en ecosistemas de alto valor biológico y pone en riesgo los liderazgos ambientales 

El 57 por ciento de los bosques en Colombia están en zonas protegidas y dos terceras partes están en la Amazonía. A su vez, casi la mitad de los cultivos de coca están también en parques naturales, resguardos, territorios de comunidades negras y zonas de reserva forestal. 

La Serranía de la Macarena, en Meta, La Reserva Natural Nukak, entre Caquetá y Guaviare, y La Paya en Putumayo, fueron los parques más afectados por la siembra. El 60 por ciento de la deforestación en 2022, a su vez, ocurrió en zonas de protección, la mayoría del bioma amazónico. 

No es gratuito. Dado el carácter ilegal de los cultivos de coca, estos se siembran en zonas muy apartadas para evitar su persecución y usualmente de alto valor biológico, según Pedro Arenas, de Viso Mutop, una organización que da recomendaciones de política pública en este materia.

Las erradicaciones forzosas y la fumigación desplazaron la coca hacia áreas protegidas con baja presencia del Estado.  La imposibilidad también, según el Cesed de la Universidad de Los Andes, de que los colonos en esas zonas puedan convertirse en propietarios pues estos terrenos son imprescriptibles y no se pueden adjudicar, impide que accedan a crédito para desarrollar actividades legales. Eso, sumado a que no tienen riesgo de que les extingan el dominio por la misma razón, los hace más proclives a dedicarse al cultivo de coca. En otros casos son obligados a hacerlo por los grupos armados que controlan el territorio.

Esto, además, implica que las comunidades indígenas que defienden sus territorios o se oponen a la siembra de coca en la Amazonía sean amenazados, desplazados o asesinados. Lo mismo pasa con los líderes que promueven el programa de sustitución de cultivos ilícitos —Pnis— u otras alternativas de conservación, como los guardabosques y autoridades ambientales. 

En los municipios con cultivos de coca la violencia se exacerba. Entre 2017 y 2022 hubo cuatro veces más homicidios contra la población civil, que en otros municipios según Indepaz. Cifras de la misma organización muestran que de los 1532 líderes asesinados entre 2016 y 2023, el 13 por ciento se reportaron en departamentos de la Amazonía, la zona más afectada después de Cauca y Antioquia. 

Los indígenas fueron proporcionalmente la población más golpeada; representan menos del 4 por ciento de la población colombiana, pero fueron el 19 por ciento de los líderes asesinados en 2023. 

5. La coca dinamiza otras actividades que promueven la deforestación

Pedro Arenas, investigador de Viso Mutop, sostiene que después de que los cultivos de coca amplían la frontera agrícola, en los siguientes cuatro años se dan las condiciones para que otras actividades legales e ilegales se expandan hasta ese límite. 

Esto se explica porque, por un lado, los cocaleros suelen transitar a actividades legales como la ganadería para invertir y justificar su renta, por lo que después de sembrar voltean sus tierras a pastizales y luego a ganado. Por eso la ganadería, que es una de las principales causas de deforestación hoy, no está desligada de la coca en muchos casos. 

Y si no pueden dedicarse a la ganadería, le apuestan a la valorización de esos predios, especulan con los precios y los venden al cabo de un tiempo. 

Con las comunidades que se forman alrededor de los cultivos de coca arranca también una demanda de servicios: escuelas, viviendas, comercios, infraestructura eléctrica, carreteras, que a la postre facilitan o motivan otras actividades que ejercen presión sobre la conservación. Un ejemplo de esto es lo que está ocurriendo, según el investigador Arenas, en Puerto Guzmán en la ribera del Río Caquetá hacia el norte del Putumayo donde se están convirtiendo los terrenos en praderas para ganadería.

Además, el narcotráfico sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos de los grupos armados en la Amazonía y son ellos quienes definen en buena medida qué pasa con la deforestación.

Antes del Acuerdo de Paz, las Farc se dedicaban al narcotráfico, pero controlaban la deforestación porque se escondían del Ejército en el bosque. Tras su salida del territorio, llegaron nuevos grupos criminales con lógicas diferentes. 

Según un informe de Core, alias Gentil Duarte, al mando de las disidencias de las Farc que hoy son el Estado Mayor Central —EMC— permitió la tala de bosque para sembrar coca, para abrir trochas para moverse y para poder cobrar vacuna por cada vaca que metían al terreno grandes terratenientes que llegaron al Guaviare, al sur del Meta y Caquetá. Entonces, en 2017 aumentaron los cultivos y también la deforestación. 

Con la muerte de Duarte cinco años después y la llegada de alias Mordisco hubo un giro. Para poder entrar en la negociación de la Paz Total con el gobierno de Gustavo Petro, ese comandante de las disidencias ordenó detener la deforestación para demostrar que tenía cómo mejorar un indicador que hace parte del corazón de la apuesta ambiental del presidente. 

Desde entonces, la deforestación ha subido y bajado según las órdenes de ese grupo; excepto en Putumayo, donde el grupo que ejerce mayor control es la disidencia de Comandos de La Frontera y el comportamiento está más relacionado con alzas o bajas de los cultivos de coca. 

6. Más allá de Colombia, el narcotráfico es el motor de la deforestación del bioma amazónico

La recomposición de los grupos criminales con la salida de las Farc de la Amazonía y el desplazamiento de la mayoría de los cultivos de coca hacia las zonas de frontera, para poder sacar más fácil la mercancía por los ríos, generó un cambio en la dinámica del narcotráfico en Perú y Ecuador. 

Según la investigación periodística Amazon Underworld, las disidencias colombianas, específicamente los Comandos de Frontera vinculados a la Segunda Marquetalia, empezaron a sembrar cultivos de coca a lado y lado del Río Putumayo en la frontera con Perú en un proceso de internacionalización. 

Entre 2018 y 2022 en Putumayo, aumentaron los cultivos de coca 1,5 veces mientras en Loreto, Perú (al otro lado de la frontera), 1,8 veces. La Unodc dice que hay una continuidad entre los cultivos de coca a lo largo de los ríos San Miguel y Putumayo, y el núcleo de coca en el Putumayo peruano.  

En la frontera sur de Colombia con Ecuador se duplicaron los cultivos de coca, al tiempo que se duplicaron las incautaciones de cocaína en ese país vecino entre 2019 y 2022.  

En términos de conservación, de acuerdo a Correa, de Unodc, el aumento en productividad de las variedades de coca como su mayor tolerancia a otras condiciones climáticas ha hecho que se haya empezado a sembrar en áreas selváticas del Perú diferentes a los lugares tradicionales para estos cultivos, como Loreto en el Putumayo peruano, donde los cultivos de coca pasaron de 370 hectáreas en 2015 a más de 6470 en 2021. Aunque ahí no se concentra la mayor cantidad de cultivos en Perú, sí es donde ha habido mayor crecimiento en los últimos años. Y esto ha implicado tumbar bosque.

Además, las disidencias colombianas ahora colaboran con los principales grupos criminales brasileros: los Comandos de Frontera le venden al Primer Comando de la Capital PCC y el Carolina Ramírez al Comando Vermelho. Esto ha reforzado su influencia y alcance territorial. Según  Luz Alejandra Gómez, de Fcds, es común escuchar a brasileros en Puerto Asís y Puerto Leguízamo.  

La Amazonía es el lugar en el mundo con mayor concentración de grupos criminales, que no sólo dominan casi toda la cadena del narcotráfico sino que también se dedican a actividades ilegales que atentan contra la conservación de la región: la minería, la extracción de madera, el tráfico de fauna, la ocupación irregular de tierras. 

Con el oro, el narcotráfico es la actividad económica más rentable, y los réditos de esas industrias son lavados, a su vez, en algunos casos con tierras, ganado y agricultura. Por esa razón, Unodc y expertos como Rodrigo Botero, director de Fcds, llaman la atención sobre el impacto negativo indirecto que tiene la coca en los otros motores de la deforestación. 

7. Las políticas de los gobiernos que han buscado combatir la coca han sido contraproducentes para la conservación

Por su alta participación en los cultivos de coca, Putumayo ha sido el epicentro de varias políticas gubernamentales. 

Según el balance que hizo el Cesed sobre el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos –Pnis–, el solo anuncio de esa política en los municipios priorizados provocó que se multiplicaran por cinco los cultivos de coca y que la deforestación aumentara entre el 20 y el 31 por ciento. Ya en la fase de ejecución, la motivación de acceder a los proyectos productivos generó un crecimiento de los cultivos del 53 por ciento y de la tasa de deforestación de entre el 13 y 15 por ciento.

El Putumayo fue el departamento con más beneficiarios, un 21 por ciento del total —poco más de 20 mil familias— y se erradicaron casi 10 mil hectáreas voluntariamente en Orito, Puerto Asís, Puerto Guzmán y Valle del Guamuez. Pero la gente volvió a sembrar ante el incumplimiento del Estado. A 2022, casi cinco años después, solo un 2,75% de los inscritos había recibido el total de los beneficios. En esos lugares es donde hoy se reporta mayor cantidad de cultivos, según la Unodc. 

La operación Artemisa, por otra parte, durante el gobierno Duque, que fue la intervención militar de la Amazonía para frenar la deforestación, distanció a la gente del Estado y empujó los cultivos de coca hacia zonas protegidas.

Con el gobierno Petro el panorama de incumplimiento no ha cambiado. Sebastián Gómez, del Centro de Alternativas al Desarrollo (Cealdes) dice que esto mina la confianza de la gente en las instituciones en general, más allá de los gobiernos, y afecta el futuro de nuevos programas como los núcleos de desarrollo forestal que está impulsando el MinAmbiente.

Actualmente y como un efecto no deseado, la importancia que Petro le ha dado a lo medio ambiental ha implicado que la Amazonía se convierta en un instrumento de poder de negociación para las disidencias. 

Como quedó en evidencia con el repunte de la deforestación más reciente, el fracaso de la negociación con Mordisco explica las alzas de más del 40 por ciento en la deforestación: son los avances o reveses en las mesas de negociación del gobierno los que marcan los ritmos.

The post 7 claves por las cuales la coca sigue siendo una amenaza para la Amazonía appeared first on La Silla Vacía.

Durante su gira la semana pasada por el Pacífico, Gustavo Petro y Francia Márquez recibieron una carta de familias desalojadas hace una década del Jarillón de Cali, en la que les piden reunirse para ser escuchadas e intervenir tras el nombramiento de Eder del nuevo gerente del proyecto Plan Jarillón, Juan Diego Saa.

El nombre de Saa es polémico porque, aunque conoce muy bien el proyecto, cuando estuvo en el cargo durante la alcaldía de Maurice Armitage tuvo una relación difícil con las comunidades que estaban asentadas en el dique y luego fueron desalojadas en el marco del Plan Jarillón. El tema, entonces, es un potencial choque entre la administración local y el gobierno nacional de Gustavo Petro.

“Tenemos el interés de articular la ciudad con lo nacional y de acompañar socialmente a las familias del Plan Jarillón”, dijo Mauricio Zamora, concejal del Pacto Histórico y actual vicepresidente de la comisión de plan y tierras del cabildo. Zamora señaló que el compromiso de la coalición es adecuar los planes de Cali con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno, específicamente el ordenamiento del territorio alrededor del agua. 

La carta es el último acto de fe que hicieron las familias.

—¿Usted cree que el presidente va a responder? —Le preguntó La Silla a un adulto mayor de Venecias Las Vegas, sector que firmó la carta.

—Le pongo la misma fe que le tengo a que me va a llegar una casa antes de que me muera—, respondió. 

Una obra de 11 años

El Jarillón de Cali es un dique de 26 kilómetros en el oriente de Cali. Fue construido por la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) en los años 50 para prevenir una inundación porque el muro colinda con el Río Cauca, la segunda arteria de agua más grande del país.

Tras la ola invernal de 2011, y ante el inminente riesgo de inundación, la Alcaldía de Rodrigo Guerrero, un año después, firmó con el Fondo de Adaptación del gobierno Santos lo que hoy se conoce como el Plan Jarillón de Cali y sentó las bases del proyecto. Luego el alcalde Maurice Armitage le dio forma a partir de 2016. 

El objetivo del Plan Jarillón era reasentar a 8 mil familias que vivían encima y al lado del dique, muchas de ellas desplazadas por la violencia del Pacífico, y reforzar el Jarillón para reducir el riesgo de inundación. El plazo para lograrlo era hasta el 2019. Para ello se han invertido más de un billón de pesos, de plata de la Nación y sobre todo, de la ciudad.

Tras 11 años de firmado, el Plan Jarillón registra un avance de un 75  por ciento, con el reforzamiento de 25 kilómetros del muro, y según el Fondo de Adaptación, ya han entregado 4.038 casas de las casi 8 mil que tenían planeado entregar a las familias.

Aunque el plazo se venció hace rato, unas 10 mil personas —afro, campesinos y urbanos— siguen viviendo en los pastizales del dique en casas de zinc, madera, ladrillo, adobe y reciclaje. 

Y la mayoría de las que ya sacaron, siguen esperando una casa. Por lo menos 120 familias, las cuales firmaron la carta a Gustavo Petro, buscan ser reparadas por lo que ellas llaman un “desalojo”.

 “A nosotros nos desalojaron, no nos reubicaron. Nos sacaron a la fuerza de nuestras casas”, dice Jackeline Ariza, líder y vocera de Venecia Las Vegas, una comunidad desalojada. Su voz ha sido la guía por diez años para las familias que sacaron sin muchas garantías.  

 “Fue en el 2015.  Fui a una operación del ojo derecho. Cuando llegué, ya me habían tumbado la casa con todo adentro”, le dijo a La Silla Juan Bautista Arias. Arias, de 70 años, llegó a Cali de Cartago y se asentó en el Jarillón por más de 40 años. También pertenece a la comunidad de Venecia Las Vegas que, forzada a salir del Jarillón, se dispersó en diferentes partes de Cali, como Alfonso López, Gorgona y Llano Verde. Hasta el día de hoy, sigue esperando una casa y justicia, por cómo lo sacaron de su hogar. 

El plan de Eder

Ahora la Alcaldía de Eder, en cumplimiento del Plan Jarillón, planea sacar a todas las familias que faltan por ubicar. Según el Fondo de Adaptación, si el dique se rompe, el 75 por ciento de Cali sufriría grandes impactos. No solo por el desborde del Río Cauca que contiene, sino porque dos de las tres plantas de tratamiento de agua potable de la ciudad (Ptap) se inundarían.  

Para manejar esta última fase del Plan, el alcalde Eder nombró al economista Juan Diego Saa Tafurt, como gerente del proyecto. Ya lo había gerenciado en la administración de Armitage, entre 2016 y 2019. Y aunque conoce como pocos el proyecto, enfrentó muchos problemas que ahora utilizan las familias y el Pacto Histórico para oponerse a su nombramiento.

Enfrentó una denuncia en la Contraloría por problemas en las bases del censo y en el sustento jurídico de las compensaciones, que a la postre se archivó. También auditorías con la Defensoría, debates de control político y protestas. 

Por eso, varias familias que viven en el Jarillón ven con recelo su llegada. “Todos esos abusos nosotros los sufrimos cuando Saa era gerente. Es increíble que Eder lo haya puesto ahí”, dijo Jackeline Ariza.

La bancada de tres concejales del Pacto Histórico —que se declaró en independencia frente al gobierno Eder— tiene a Saa en la mira. Las concejalas Ana Erazo y María del Carmen Londoño rechazaron su llegada por “la constante violación de derechos de las personas y su mal trabajo en la gerencia”. 

Aunque varias personas del Jarillón entrevistadas por La Silla coinciden en que la llegada de Saa es problemática, Erica Gallego, una de las afectadas, cree que esta vez las cosas serán diferentes y que la gerencia que asumirá Saa puede llegar a una conciliación. “Yo creo que esta vez puede ser diferente. De pronto llegue renovado y con ganas de escucharnos”, mencionó. 

Juan Diego Saa dice que tiene disposición de diálogo con las comunidades, aunque confirmó que por ahora no hay reuniones planeadas con ellas.  “Hay que consolidar la gobernanza. Vamos a hablar con todos. La idea es concertar y conciliar con todo el mundo”, señaló. 

Entre las metas que espera lograr, está la construcción de un parque lineal en Venecia Las Vegas, un sector que va desde Petecuy hasta la recta Cali-Palmira, y que podría ser aprovechado por familias que se han reubicado cerca, como en Llano Verde. 

Así mismo, Saa dice que espera continuar con el reforzamiento del Jarillón en los barrios de Comfenalco, Floralia y Río Cali, así como recuperar las lagunas de Pondaje y Charco Azul, que regulan el agua que viene de los Farallones y de los ríos en temporada de lluvia.  

Su gran desafío, sin embargo, será la reubicación de las familias que viven en el Jarillón, y la relación con las que se sienten víctimas de abusos en los desalojos del pasado.

En cabeza del consejo comunitario Brisas del Cauca, que lleva una pelea de diez años con la Alcaldía, está Emilio Mosquera, un chocoano desplazado que vivió en el Jarillón por 20 años. “Del Chocó me desplazaron los paracos. Me fui a Buenaventura y me desplazó el frente 30 de las Farc. Me vine a Cali en busca de algo mejor y me desplaza el Estado”, fueron sus palabras. 

Mosquera recuerda que tanto el Esmad como la policía arremetieron en contra de la comunidad cuando fueron reubicados en 2018, hechos que quedaron registrados en redes sociales y en medios.  En ese momento, la Alcaldía también denunció que sus funcionarios fueron agredidos y que las familias utilizaron a los niños como escudos contra la policía para evitar el desalojo.

“Llegaban sin avisar. A muchos no nos dejaron ni sacar nuestras cosas”, dijo Mosquera. “Nosotros no nos oponemos al Plan Jarillón ni a lo que se planea. Esperamos respuesta y que las cosas por fin se hagan bien. Reubicación sí, pero no así”, le dijo Ariza a La Silla. 

Las comunidades de Venecia Las Vegas y Brisas del Cauca han peleado con la gerencia del proyecto, con las diferentes alcaldías y con los órganos de control. Como lo contó La Silla en 2018, varios consejos comunitarios le protestaron a Armitage por los desalojos y el trato poco digno. 

Pero el exconcejal conservador Richard Rivera, quien le hizo seguimiento al Plan Jarillón el periodo pasado, considera que su llegada es positiva. “Fue una elección acertada de Eder poner a Saa otra vez de gerente, porque ya conoce el proyecto”, dijo. “El reto de esta administración será terminarlo porque ya va pasado de tiempo y el avance conlleva represión y denuncias de la gente”, continuó.

Por ahora, la respuesta de Petro será igual de clave que la de Eder y su gerente, en un terreno donde aún falta mucho por conciliar.

The post El Jarillón de Cali: un potencial tema de choque entre gobierno Petro y Eder appeared first on La Silla Vacía.

Esta semana el Consejo Nacional Electoral reactivó la indagación por financiación irregular en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Cinco personas fueron llamadas a dar testimonio, en una serie de audiencias que terminan el próximo lunes. 

El expediente del CNE tiene tres líneas de investigación. Algunas de esas líneas han sido retomadas por otras entidades, dependiendo del fuero del investigado. La Corte Suprema, en el caso de hoy congresistas que participaron en la campaña, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en el caso del presidente Petro, y la Fiscalía, en el de Nicolás Petro. 

Por ahora, la persona más enredada es Ricardo Roa, exgerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol. Roa camina sobre el filo de una campaña que gastó a tope. En los reportes presentados, la campaña mostró gastos de 28.384 millones de pesos en primera vuelta, cuando el tope era 28.536 millones de pesos. En segunda fueron de 13.169 millones de pesos, cuando el tope era 13.347 millones de pesos. Exceder el tope de gastos es, según la ley, un delito electoral y penal. Y el gerente de campaña es responsable y el candidato y su fórmula corresponsables. 

Eso significa que si alguna de las entidades investigadoras encuentra gastos no reportados, que pueden ser pequeños y no necesariamente ilícitos, Roa, Petro y Francia Márquez pueden tener serios líos legales. 

Estas son las tres líneas de la investigación, los investigadores y los involucrados:

La Silla explica en qué va cada línea de investigación clave y quiénes son los involucrados más sonados. 

1. La plata no reportada en la campaña del Caribe

Esta es la línea de investigación más mediática y que más ojos de entidades tiene encima. 

Reventó con las declaraciones iniciales de Nicolás Petro y su exesposa Daysuris Vásquez en Fiscalía, en agosto de 2023. Petro hijo aseguró que hubo eventos de campaña en el caribe colombiano patrocinados por poderosos y controvertidos contratistas y empresarios que no fueron reportados, así como plata que le entregaron directamente a él. 

Sin embargo, la verdad por ese lado está estancada.

Por el lado de Daysuris Vásquez, porque si bien ella sigue firme en su intención de colaborar con la Fiscalía, no lo ha formalizado ante un juez. El pasado 15 de enero dijo que no tenía plata para pagar los 40 millones de pesos de indemnización que pactó con la Fiscalía como parte del acuerdo pero los pagó 15 días después.  

Por el lado de Nicolás Petro, porque se echó para atrás en su intención de colaborar con la  Fiscalía y hasta el pasado 11 de enero su defensa intentó que se cayera la imputación de cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, así como deslegitimar las declaraciones que incriminan a su papá. Su argumento es que como se filtraron, él no tiene garantías. 

Sobre el presidente, Petro hijo dijo que “sí sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña” e incluso que después de su triunfo Petro se reunió con Euclides en sus días de descanso en Florencia, Italia. Esa es la evidencia más fuerte contra el presidente, más allá de su corresponsabilidad si la campaña se voló el tope de gastos. 

A Petro lo investiga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Como la Fiscalía le compulsó copias y hay varias denuncias ciudadanas, en diciembre esa comisión abrió indagación, una etapa muy preliminar que ni siquiera vincula al presidente. Aún no ha citado a nadie y es poco probable que con lo que se sabe hoy el caso avance mucho. De los 18 representantes que la integran, 9 son de gobierno, 6 independientes y 3 de oposición. 

En cambio Nicolás Petro, quien es investigado por la Procuraduría por lo mismo, ya fue acusado formalmente. Su juicio penal inicia en abril. 

Como Nicolas Petro ya no quiere hablar es probable que las investigaciones que se abrieron en el CNE y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, donde los encargados de investigar son políticos, pueden pasar por un rasero favorable para el presidente. 

Una fuente de adentro del CNE enterada del proceso le dijo a La Silla, a condición de no revelar su nombre para no inhabilitarse, que algunos nombres que entregó Nicolás Petro en un principio ya no van a ser tenidos en cuenta.  

“La mención a Christian Daes, por ejemplo, esa carece ya de validez porque fue parte de un acuerdo de colaboración que finalmente no se dio”, dijo esa fuente. 

El caso de uno de los mencionados, Euclides Torres, es distinto. Según le dijo Petro hijo a la Fiscalía, “hubo 4 manifestaciones en Sucre (…) se financiaron con recursos de Euclides Torres”. 

A hoy, Torres es el más visible de los mencionados por Petro hijo. Es el jefe del clan político de los Torres en el Atlántico y tiene 15 concesiones de alumbrado público en el país y . 

En plena contienda electoral, La Silla reveló el aterrizaje de Torres en la campaña de Petro Presidente. Como muestra de su cercanía, Torres estuvo presente en el apartamento de Gustavo Petro tras el anuncio de su triunfo y le dio un abrazo de felicitaciones, como quedó registrado en video. 

Además, en chats de Daysuris Vásquez, hay comentarios que suman a la cercanía de Torres con Petro. Ella comenta con alguien, por ejemplo, que Torres le regaló un apartamento en Bogotá a Nicolás Petro y que “Euclides le habla al oído a Gustavo”. 

Torres fue citado por el CNE a rendir testimonio sobre la plata que no habría sido reportada, pero decidió no ir. Y el martes pasado se conoció que la Corte Suprema también lo citó a declarar. En noviembre de 2023 esa corte le abrió investigación previa a los senadores Pedro Flórez y Agmeth Scaff del Pacto Histórico, pues ambos fueron mencionados por Nicolás Petro como intermediarios de la plata que llegaba a la campaña por debajo de cuerda, lo que podría configurar un delito penal. 

En concreto, el enlace de Euclides Torres es con Pedro Flórez, quien es su ahijado político, esposo de su sobrina. 

El otro nombre sonado en esta línea de investigación es el del exembajador de Venezuela, Armando Benedetti. Él tuvo un papel protagónico en la campaña de Petro y fue quien montó al clan Torres al Pacto Histórico. 

Además de su rol protagónico, Benedetti es centro de atención porque en una conversación de audio con Laura Sarabia aseguró que había conseguido “15 millones de barras” para la campaña. Ya fue citado por el CNE pero tampoco asistió. 

2. La megaoperación de testigos electorales

Esta línea de investigación nace de tres denuncias de La Silla Vacía. Por un lado, cómo la campaña de Petro presidente presentó como voluntarios a miles de testigos electorales (71 mil en primera vuelta y 83 mil en la segunda) cuando en realidad les habría pagado por cuidar los votos. 

La Silla documentó cómo la campaña le pagó entre 25 mil y 60 mil pesos al a menos a mil personas en 9 regiones en la primera vuelta. Los pagos se hicieron a través de plataformas de giros. Lo problemático, además de ocultar los pagos, es que sumados a las cuentas oficiales, superarían el tope permitido de gastos extrapolando esos pagos a los testigos de todo el país. 

Además de esos mil testigos documentados por La Silla, el programa Los Informantes entrevistó a un profesor que fue parte del equipo de testigos en Boyacá quien también corroboró el pago: a él le pagaron 60 mil pesos más transporte y comida el día electoral.

Esos mil testigos electorales, que podrían ser una pequeña muestra de plata no reportada por ese concepto, no es el único gasto que está en el aire. 

Detrás de esa megaoperación de testigos electorales hubo un estratega: se trata de Xavier Vendrell, un catalán investigado por corrupción en España que fue nacionalizado de manera exprés por Petro. 

El papel de Vendrell es clave porque él mismo contó en radio que fue quien coordinó la estrategia de testigos y que cobró por ello. No dijo cuánto, pero según el mercado de estrategas políticos, podrían ser 20 o 30 mil dólares mensuales. Sin embargo, en las cuentas de campaña tampoco hay ningún pago registrado en ese sentido, ni donaciones por ese trabajo. 

Además, el pago de otros dos estrategas visibles durante toda la campaña tampoco fueron reportados, ni siquiera como donaciones. Por un lado, Antoni Gutiérrez-Rubi otro español que llegó en marzo a la campaña a tirar línea sobre la imagen de Petro y promovió la cercanía de Petro a la gente en segunda vuelta. Por otro, Vinicio Alvarado, ecuatoriano condenado por participar en una red de sobornos a empresas para apoyar el movimiento político de Rafael Correa y quien es prófugo de su país. Su participación quedó al descubierto en los “Petrovideos”, donde aparece en las reuniones estratégicas. 

Y una entrada de plata a la campaña que tampoco fue reportada, tal y como reveló La Silla, fue una donación del sindicato de educadores Fecode por 500 millones de pesos. Fecode se los dio al partido Colombia Humana y este a su vez lo reportó como donación para la campaña presidencial. Sin embargo, en las cuentas de Petro presidente no figuró. 

En el auto de febrero que emitió el CNE queda en evidencia que estos son insumos para su investigación. 

Y aunque ocultar plata de campaña y exceder el límite permitido de gastos puede ser investigado por la Fiscalía y penalizado, por ahora solo hay evidencia de que el CNE está evaluando la responsabilidad de Ricardo Roa como gerente de campaña con estas denuncias como insumo, pues las cita en el auto que abre la investigación. 

3. Irregularidades en facturas y cuentas

Esta línea de la investigación es el más problemático para el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, pues pone de presente que detrás del informe de cuentas oficial hubo maromas contables. 

El Tiempo reveló que la campaña de Petro cambió datos en el informe de cuentas de campaña que eran problemáticos y que fueron advertidos por una auditoría externa de la Registraduría. 

Por ejemplo, en el informe inicialmente se reportaron pagos a tres empresas que no habían sido inscritas en Cámara de Comercio y por lo tanto no existían legalmente. También, la auditoría advirtió que un pago de servicios de seguridad para Petro superaba los topes de gastos permitidos y esa factura fue posteriormente modificada. Además, había unos pagos de tiquetes aéreos con fecha previa a la inscripción de Petro como candidato. 

Dentro de la indagación que adelanta el CNE, solicitó a la Dian la información contable de al menos 10 empresas y 3 personas naturales que aparecen en las cuentas de la campaña de Petro. También le pidió esa información a Ricardo Roa, por lo que seguramente el CNE va a cruzar la información reportada a la campaña con la que es reportada a la Dian y verificar que no haya diferencias. 

Además, en octubre la Procuraduría citó a declarar a Ricardo Roa y en diciembre le abrió investigación formal por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Petro.

The post Las líneas de investigación por financiación ilegal de la campaña Petro appeared first on La Silla Vacía.

En su campaña, Carlos Fernando Galán subió a gente de diferentes sectores y orillas políticas. Para conformar su gabinete replicó la estrategia de hacer un equipo diverso, pero más que políticos, subió técnicos y todavía no es tan visible que tenga cuotas de los partidos que lo apoyaron, al menos en los cargos más importantes. El gabinete de Galán está conformado en su mayoría por mujeres, 12 de 23. 

Lo acompañarán a gobernar figuras de su círculo más cercano, como Miguel Silva, en la secretaría clave de Planeación que debe impulsar el Plan de Desarrollo. Pero también otras personas que van desde el peñalosista purasangre Orlando Molano, que estará a cargo de las obras de infraestructura en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), hasta petristas como Santiago Trujillo, quien estará al frente de la cartera de Cultura.  

Galán gobernará también con personas que tiene experiencia en el sector público y que han trabajado con diferentes políticos. Del gabinete de Claudia López, por ejemplo, se queda Leonidas Narváez, el gerente del Metro que se mantiene en su cargo y que también trabajó en los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Y María Ortiz, quien fue subgerente de Transmilenio con López y Enrique Peñalosa y ahora asume como gerente de esa cartera. 

También están Ana María Cadena, María del Pilar López, Roberto Angulo, César Restrepo y Jorge Hernán Beltrán, quienes han trabajado con distintos gobiernos desde cargos técnicos sin que eso implique que pertenezcan a cierta afiliación política.

Este es el gabinete de Galán.

Los del círculo cercano 

En su círculo cercano está también los más políticos y quienes lo acompañaron en su campaña. Miguel SiIva por ejemplo, le ayudó a hacer su programa de gobierno. Había sido candidato del Nuevo Liberalismo al Congreso pero se quemó. Se conocen desde que Silva fue asesor de la campaña de Peñalosa, en 2014, en la que Galán participaba. Tiene una maestría en Seguridad y Defensa y es doctor en filosofía. 

Daniel García fue gerente de campaña del alcalde electo. Se conocen desde el 2007 cuando Galán llegó al concejo por Cambio Radical. Ha estado en varias entidades de la Alcaldía, en gestión cultural, en temas de ambiente, hábitat y ordenamiento territorial. Mientras era concejal de Cambio, Galán también conoció a José David Castellanos, quien era edil de ese partido. María Lucía Villalba es a la que conoce hace menos tiempo. Fue su secretaria privada en la campaña. Su papá, el liberal Rodrigo Villalba, ahora es gobernador del Huila. 

Los que trabajaron con Peñalosa 

Algunos han trabajado con el exalcalde, pero eso no significa, necesariamente, que sean peñalosistas, salvo por Orlando Molano, quien fue su director del Instituto de Recreación y Deporte (Idrd) y es un fiel seguidor del exalcalde. Isabel Segovia, quien ha sido consultora del Banco Mundial, fue fórmula vicepresidencial de Peñalosa en 2014. Ella tiene la tarea de darle continuidad a políticas como Jóvenes a la U, que da becas en educación superior. 

Claudia Díaz coordinó el plan Visión Cero de seguridad vial, que tuvo cuatro años consecutivos de reducción de muertes en las vías. Gustavo Quintero estuvo a cargo de la Alta Consejería para las Víctimas en el gobierno Peñalosa y tuvo que atender las tomas de comunidades indígenas en la ciudad. María Fernanda Ortiz fue subgerente de Transmilenio durante su gobierno. 

Los que trabajaron con Claudia 

Galán dejó a Leonidas Narváez como su gerente del metro, quien ya había sido director del Invías. Tendrá ahora la tarea de firmar la licitación de la segunda línea del metro, que él estructuró, y de ponerla andar. María Fernanda Ortiz, quien también fue subgerente con López, ahora será gerente de Transmilenio y tendrá que tomar la decisión de subir o no el pasaje de los buses. El sistema tiene un déficit de más de 3 billones de pesos. 

Roberto Angulo, quien trabajó durante 12 años en el Departamento de Planeación Nacional, tendrá la tarea de implementar Bogotá sin hambre. Es un experto en el tema de reducción de la pobreza y ha trabajado en varios gobiernos como asesor externo. En el gobierno López coordinó la estructuración del programa de subsidios Bogotá Solidaria para dar ayudas a los más pobres durante la pandemia. Laura Tami fue subsecretaria en la secretaría de la Mujer, que tuvo logros importantes como el sistema distrital del Cuidado, una política a la que Galán le quiere dar continuidad.  

De otro lado está Consuelo Ordóñez, fue candidata a la Alcaldía de Bucaramanga en las recientes elecciones por el Nuevo liberalismo y la liga anticorrupción de Rodolfo Hernández. La nueva gerente de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos tendrá la tarea de administrar los contratos de la recolección de basura y garantizar que la ciudad esté limpia.

Ordóñez es de ascendencia liberal y es conocida por haber sido cercana al serpismo. Fue secretaria de Planeación de la Gobernación de Santander en la administración de Horacio Serpa, directora del Área Metropolitana de Bucaramanga en la alcaldía de Luis Francisco Bohórquez, hoy en juicio por corrupción, y fue jefe de Planeación de la Procuraduría General de la Nación en la era de Fernando Carrillo. Los últimos cuatro años ocupó varios cargos en la Alcaldía de Bogotá. El más reciente fue el de directora de Integración Regional hasta 2022.

Los que trabajaron con Santos 

César Restrepo tendrá en sus manos el plan de choque para que los ciudadanos se sientan más seguros. Tiene más de 20 años de experiencia en seguridad. Ha trabajado en varios gobiernos, pero especialmente con Santos, con quien tuvo a cargo reformar el Ministerio de Defensa, en 2011. Su último trabajo fue en ProBogotá como director de Seguridad.

Adriana Soto, quien fue viceministra de Ambiente de Santos, también fue directora de The Nature Conservancy. Jorge Hernán Beltrán ha sido asesor en contratación pública del Departamento Nacional de Planeación (DNP) durante el último gobierno de Uribe y el primero de Santos. 

Liliana Caballero fue Secretaria de Gobierno de Antanas Mockus y directora del Departamento Administrativo de la Función Pública durante el segundo periodo de Santos. Natasha Avendaño fue Directora de Gestión Organizacional en la Dian durante el gobierno Santos. Durante siete años, ejerció como asesora del minHacienda entre los gobiernos de Uribe y Santos.

Roberto Angulo fue asesor externo de Uribe, Lucho Garzón, Santos y Duque. Leonidas Narváez trabajó como director de Invías en el gobierno Santos.  Daniel García trabajó entre 2012 y 2015 en la secretaria de Transparencia en el gobierno Santos. 

Los que trabajaron con el uribismo 

María Lucía Villalba fue consejera en el gobierno de Duque para la Transformación Digital, y luego Directora de Proyectos en la Cámara de Comercio de Bogotá. Orlando Molano fue director de Parques Nacionales con Duque. Gerson Bermont fue alcalde (2011 -2015) de La Dorada, Caldas, con apoyo de Mauricio Lizcano y La U. En el gobierno Duque, Bermont lideró el equipo gubernamental que enfrentó la pandemia de covid. 

César Restrepo tuvo la tarea de coordinar el Plan Colombia del expresidente Andrés Pastrana. En el gobierno de Uribe tuvo la tarea de diseñar sistema de seguridad y control fronterizo. Isabel Segovia fue viceministra de Uribe (2008-2010). Leonidas Narváez fue vicepresidente de gestión contractual en la Agencia Nacional de Infraestructura con Duque.

Ana María Cadena fue asesora del Banco de la República, gerente de Planeación en Colpensiones y subdirectora de presupuesto en el MinHacienda en el gobierno de Duque. Jorge Hernán Beltrán ha sido asesor en contratación pública del DNP durante el último gobierno de Uribe y el primero de Santos. 

Natasha Avendaño fue por siete años asesora del minHacienda entre los gobiernos de Uribe y Santos. También ha sido experta comisionada de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) durante el gobierno Duque. 

Los que trabajaron con Petro 

Santiago Trujillo es el único petrista del gabinete. Fue fundador y director del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá (Idartes). Lideró la ejecución de proyectos como la Nueva Cinemateca de Bogotá durante el gobierno Petro y la Nueva Galería Santa fé.

Natasha Avendaño, aunque no es petrista, trabajó con Petro. Fue nombrada por Duque en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y continuó ahí hasta junio de 2023. Ana María Cadena, quien tampoco es petrista, fue directora general de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) en el gobierno de Petro.

Jorge Hernán Beltrán, quien ha sido asesor de Naciones Unidas, Transparencia Internacional (Capítulo Colombia) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también fue asesor externo del IDU durante la Alcaldía de Petro y la de Aníbal Gaviria en Medellín.

Vanesa Velasco, la secretaria de Hábitat, trabajó como especialista en desarrollo urbano del Banco Mundial desde el 2015. Fue asesora de la Empresa de Renovación Urbana de la Alcaldía de Petro. También trabajó en la Secretaría de Planeación de Samuel Moreno.

The post Así es el gabinete de Galán: técnico, experimentado y no tan político appeared first on La Silla Vacía.

Federico Gutiérrez fue el primero entre los alcaldes electos de las ciudades principales del país en anunciar su gabinete. Lo hizo muy temprano, desde que resultó electo, contrario a los nuevos mandatarios de Bogotá y Cali. Para el miércoles 20 de diciembre, con corte a las 6 de la tarde, el nuevamente alcalde de Medellín había nombrado a 22 altos funcionarios que manejarán $8,7 billones de presupuesto en 2024.

Es fácil distinguir tres grupos entre los nombrados por Gutiérrez: los que trabajaron en su primera administración y ahora repetirán secretaría (algunos solo cambiarán de entidad); otros vienen del sector privado, que había perdido protagonismo por la pelea que casó el exalcalde Daniel Quintero con los gremios paisas; y una tercera fila la componen figuras cercanas al uribismo: algunas trabajaron en el gobierno del expresidente Iván Duque y otras se eligieron en cargos públicos por el Centro Democrático en el pasado.

Gutiérrez ha dicho que con estas tres líneas busca recuperar las buenas relaciones que primaron en la ciudad por décadas entre la academia, los privados y el Estado, vínculo que se fragmentó durante la administración Quintero. Pero, además de estos grupos, otros tres rasgos retratan la personalidad de su recién nombrado gabinete: la receta la componen fiquistas purasangre, técnicos y funcionarios de carrera, como John Maya, nombrado en la gerencia de EPM tras 30 años en la compañía.

En medio de los nombramientos, el alcalde electo delegó en Nicolás Ríos —quien además será su secretario de Gobierno— el liderazgo de una auditoría forense que busca destapar posibles irregularidades de la administración saliente. Pero ese proceso no ha arrojado resultados formales, porque son los entes de control los llamados a definir los supuestos malos manejos. Lo que sí ha dicho Gutiérrez es que Quintero dejó un déficit de $412 mil millones que podría resultar en la liquidación de algunas entidades del conglomerado, incluido el principal centro público de salud de la ciudad.

Varios factores explican la premura de “Fico” para anunciar su gabinete (alcaldes como Alejandro Eder, en Cali, incluso hicieron nombramientos este fin de semana de fin de año). Su victoria estaba cantada y eso le permitió proyectar desde temprano las cabezas de su equipo; Gutiérrez es un político de simbolismos y con este gesto apuesta por una imagen de alcalde madrugador, que trabajará desde el día uno de su segundo gobierno; y la cereza del pastel es su cantada mayoría en el Concejo, que por ahora lo exime de transar gobernabilidad por mermelada.

Lo otro que resalta en el gabinete que acompañará a “Fico” a encarar el primer año de su segunda Alcaldía es el número de mujeres. Entre los 22 nombrados, hasta el corte que hizo La Silla, 12 eran mujeres. Es decir, más de la mitad. Hay perfiles técnicos, como el de Diana María Carmona, que ha trabajado con niñez y llegará a dirigir el programa Buen Comienzo (principal foco de las denuncias por supuesta corrupción en la administración saliente); y otros que responden a la entraña del proyecto de Gutiérrez, como Verónica Suárez, una comunicadora que le escribió sus discursos en las más recientes campañas y que asumirá la gerencia de Proyectos Estratégicos.

Estos son los perfiles y el pasado político de los nombrados hasta ahora por “Fico”:

The post El gabinete de Fico: repitentes, del sector privado y cercanos al uribismo appeared first on La Silla Vacía.

Acabó el 2023, un año marcado por los cambios de gabinete del gobierno, las discusiones en el Congreso sobre las reformas, el escándalo de Nicolás Petro y las elecciones regionales. 

La polla del año pasado fue respondida por 825 personas. Felicitaciones a los ganadores, Pedro Quiroga, Andrés Felipe Orozco Duque, Mateo Escobar Ríos y los usuarios “Max” y “John Travolta”, todos con 18 aciertos en 20 preguntas.

Acá puede probar de nuevo sus habilidades para predecir lo que viene en 2024. Este año será clave para las tres grandes reformas del gobierno (salud, laboral y pensional), la elección de la nueva Fiscal, el caso de Nicolás Petro y los diálogos con el ELN y el EMC. 

El ganador recibirá una membresía de Superamigos y nuestros libros: 10.000 horas en La Silla Vacía, La Costa Nostra, El dulce poder y Los presidenciables.  Solo se contactarán a las personas que se registren en el formulario con su nombre real.

Al final también encontrará las respuestas de la polla del 2023. 

Preguntas del año pasado respondidas

The post La polla del poder 2024 appeared first on La Silla Vacía.