La semana pasada, Gustavo Petro dijo que “en la Nueva EPS, manejada por la familia Vargas Lleras, ocultaron 5.5 billones en deudas mientras hacían gastos billonarios innecesarios”. Enrique Vargas Lleras, el hermano menor del exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, y quien ha cultivado un enorme poder y un bajo perfil en el sector de la salud en Colombia, salió a defenderse en público.
“Estos ataques del gobierno son consecuencia de mi posición frente a la reforma a la salud, ya que, desde que fue presentada, me opuse radicalmente”, dice un comunicado frente a las denuncias del presidente y la Superintendencia de Salud.
Vargas Lleras era, hasta que el gobierno Petro maniobró para sacarlo, miembro de la junta de la EPS más grande del país, ahora bajo intervención de la SuperSalud. El gobierno aún no ha presentado pruebas sobre la supuesta pérdida de $5.5 billones, y el rol de Vargas ahí no está claro.
Pero el enfrentamiento con Petro pone de presente el papel silencioso que ha tenido el hermano del exvicepresidente como abogado en el sector de la salud los últimos 20 años. Estuvo en la junta de la Nueva EPS durante 10 años y ha sido asesor jurídico de promotoras de salud. Entre ellas, Famisanar, Cafesalud, Cruz Blanca y Saludcoop, la EPS protagonista de un saqueo histórico en el país.
“El señor Enrique Vargas Lleras es el hombre más poderoso del sector de la salud”, dijo el excongresista y hoy embajador de Petro, Roy Barreras en 2016. “Enrique Vargas Lleras y (Carlos) Palacino están metidos en la nueva entidad de la salud (…) Vargas, que manejó Saludcoop, que se robó Saludcoop”, dijo el también exsenador y hoy embajador Armando Benedetti en 2017.
De ambas afirmaciones nunca mostraron pruebas. Esta investigación de La Silla Vacía recorre los hilos del poder de Enrique Vargas Lleras en un sector donde ha seguido teniendo cuantiosos contratos y puestos directivos, al mismo tiempo que su hermano ha sido protagonista de una manera más pública por medio de su partido Cambio Radical.
Están las conocidas y onerosas asesorías jurídicas con el grupo Saludcoop, que incluyeron representar jurídicamente a la cabeza de ese emporio condenado por corrupción, Carlos Palacino, con quien, según Enrique Vargas Lleras, “ha habido una enorme injusticia”.
Además de permanecer a la junta directiva de una de las grandes herederas de pacientes de Saludcoop, la Nueva EPS, Vargas Lleras mantuvo, hasta el año pasado, vínculos que no se conocían con el grupo Saludcoop: asesorías jurídicas con la Financiera Progressa y la cooperativa Acción y Progreso, dos empresas del Grupo Saludcoop, sobrevivientes al desfalco pero en cuidados intensivos, y hoy también intervenidas por el gobierno.
Vargas Lleras también es miembro principal de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en representación de la empresa Sociedad G&G. Su dueño, Alfonso García Vargas, tiene su propia historia de negocios con el grupo Saludcoop y con Euclides Torres.
El trabajo para Saludcoop
En 2016, en medio de una de las tantas oleadas de denuncias por los gastos desproporcionados e injustificados del grupo Saludcoop, salió a la luz que la firma Vargas Asociados & Cia, de propiedad de Enrique Vargas Lleras, tenía contratos por 3.400 millones de pesos en asesorías jurídicas con Saludcoop EPS, Cafesalud y Cruz Blanca, empresas de ese grupo. Algunos de ellos fueron firmados en 2012 cuando su hermano Germán era ministro de Vivienda y en 2014 y 2015 mientras Vargas Lleras era vicepresidente, y, a su vez, y el gobierno Santos había intervenido a Saludcoop y a Cafesalud.
Uno de los problemas para que los entes de control pescaran el desfalco a la salud que encabezó Palacino, presidente de Saludcoop condenado a 9 años por peculado por apropiación a favor de terceros, fue la tercerización de los servicios esenciales. Es decir, Saludcoop contrataba con externos tareas administrativas, técnicas y jurídicas propias de su funcionamiento, por lo que en la práctica, eran más difíciles de auditar.
Los contratos de la firma de Vargas Lleras, y de otros abogados que también tuvieron asesorías jurídicas externas, resultaban más controversiales en la medida en que Saludcoop ya estaba intervenida y debía cumplir con gastos muy rigurosos. El pago de ese tipo de honorarios eran todo lo contrario.
En 2018, la Contraloría encontró que la plata pública de la salud, que tiene una destinación específica, terminó cubriendo gastos que nada tenían que ver con el servicio de salud. En la imputación de cargos a superintendentes de salud e interventores de Saludcoop, el ente de control dijo que entre los pagos injustificados había 258 millones a la firma Vargas Abogados y Cia.
En su momento, el hermano del exvicepresidente se defendió argumentando que esos contratos los ganó por “un prestigio tanto en litigio como en la consultoría” en el sector salud y no representaban un conflicto de interés con la posición de poder de su hermano porque venían desde antes de su Vicepresidencia.
Para este artículo, Vargas le dijo a La Silla que era imposible que él como asesor externo supiera si su contratante sacaba el dinero de lo que le correspondía para gastos administrativos o de la bolsa para los gastos en salud. “En mis contratos queda determinado que la entidad pagará con cargo a los recursos que por ley pueden utilizar (…) yo no puedo tener idea con qué chequera le pagan a uno”, dijo.
A la par de esas asesorías jurídicas, Enrique Vargas Lleras también tuvo posiciones de poder en juntas directivas de la salud. Para 2011 era miembro de la junta directiva de Cafesalud Medicina Prepagada, que si bien no hacía parte del grupo Saludcoop, también tenía en su junta directiva a Jaime Barrero Fandiño y su hijo Ricardo Barrero, entonces socios de Palacino.
Y también estuvo en la junta de la Nueva EPS, la promotora de salud propiedad, en un 51 por ciento, de 6 cajas de compensación y en un 49 por ciento del Estado, heredera de los usuarios del seguro social y que absorbió a muchos de los de Saludcoop.
En 2013 Vargas Lleras llegó a ser suplente de la junta directiva de la Nueva EPS y tan solo seis meses después, tras la renuncia del líder cafetero Mario Gómez Estrada (QEPD), pasó a ocupar uno de los cinco puestos principales.
Allí, como representante de las cajas de compensación, se mantuvo hasta noviembre del año pasado cuando el gobierno empezó a incidir en la Nueva EPS.
Más allá de la junta directiva de la Nueva EPS, Enrique Vargas Lleras ha mantenido otros contratos y posiciones que lo acercan a empresas y negocios del grupo Saludcoop.
La Silla encontró que, al menos desde 2018, Vargas Lleras fue asesor jurídico externo de la cooperativa de ahorro Progressa y la Institución Auxiliar de Cooperativismo Acción y Progreso, ambas empresas del grupo Saludcoop.
Progressa ejerce control sobre Acción y Progreso, y esta última mantiene acciones de varias empresas de Saludcoop. Por ejemplo, de Villa Valeria Country Club, el controvertido resort en el que proveedores de la EPS tenían suites y casas lujosas. Además, en 2011 el senador Jorge Enrique Robledo reveló que Progressa había hecho donaciones a partidos políticos en 2010, entre ellos, a Cambio Radical, liderado por Germán Vargas Lleras.
En agosto de 2023, Progressa y Acción y Progreso fueron intervenidas por el gobierno Petro. Una de las primeras medidas de su interventor, Juan Manuel Russy, fue acabar con un 25 por ciento de las asesorías externas que tenía la Financiera. Al estilo de Saludcoop en su momento, Progressa tenía tercerizados servicios tan esenciales en su funcionamiento como la actividad comercial.
Entre esos, canceló el contrato de asesoría de Enrique Vargas Lleras.
La jefe de Vargas Lleras en Progressa fue Ingryd Geovana Mora Jimenez. Desde 2017 y hasta poco antes de la intervención fue la gerente de la cooperativa, y entre 2015 y 2017 hizo parte de su junta directiva. Antes fue gerente de la Corporación Nuestra y de la IAC Consultores Jurisalud, ambas del Grupo Saludcoop.
Política, litigio y juntas directivas
Enrique Vargas Lleras tuvo una breve carrera política en Bogotá en los años noventa, como candidato a la Alcaldía. Fue concejal y alcanzó a ser presidente de la corporación. Desde entonces, sus apariciones políticas son a la sombra del partido que lidera su hermano Germán Vargas Lleras.
En 2016 fue líder promotor del sí en el plebiscito que convocó Santos para aprobar el acuerdo con las Farc, en representación de Cambio Radical. En 2018 lideró la campaña presidencial de su hermano en Bogotá y en las regionales de 2019 fue enlace entre los concejales bogotanos y su partido. En 2022 integró el comité central de esa colectividad.
Como abogado litigante también ha mantenido vínculos en lo público. Entre 2006 y 2007 su firma, Vargas Abogados y Cia, ganó contratos en la caja de compensación Comcaja, entonces dirigida por Germán Córdoba (actual director de Cambio Radical). Y desde 2017 hasta 2023 ha contratado con distintas entidades públicas y mixtas, como la Gobernación del Atlántico, el Fondo de Desarrollo de Proyectos Cundinamarca, Fundecun, la licorera de Cundinamarca, la Defensoría del Pueblo, Corabastos y TGI.
Otro de sus roles de poder ha sido como miembro de juntas directivas. Desde empresas del sector energético, como Enertolima, hasta del sector inmobiliario, como en RV Inmobiliaria. Esa es otra empresa con la que Saludcoop tercerizó la administración de clínicas. Además, la Contraloría encontró que la EPS le giró 802 mil millones de pesos a RV Inmobiliaria para pagar arrendamientos de una bolsa exclusiva para la atención en salud.
Como empresario de la tauromaquia, Vargas Lleras fue socio y miembro del consejo directivo de la Corporación Taurina de Bogotá. Allí compartió con Felipe Negret, como gerente, al tiempo que él lideraba la liquidación de grandes EPS como Caprecom, Coomeva y Cafesalud.
Desde 2006 ha sido miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Hasta 2023 se mantuvo como representante del gobierno. Primero del de Álvaro Uribe, luego los dos de Juan Manuel Santos y después del de Iván Duque.
Atornillado en la junta de la Cámara de Bogotá
Cuando llegó Gustavo Petro al poder era claro que Vargas Lleras no sería delegado del gobierno en la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces se movió para seguir ahí en representación de los privados. Según Vargas Lleras “cuando llegó este bárbaro al gobierno y comenzaron a anunciar toda clase de locuras, empresarios me pidieron que no abandonara el barco. Tuve que salir a buscar un tema corporativo. Yo no tenía mi sociedad afiliada y entonces acudí a Alfonso y me nombró solo para poder representar a privados en la junta de la Cámara”, explica Vargas.
El empresario amigo es Alfonso García Vargas, dueño de la Sociedad G&G, de la que Vargas Lleras es representante legal suplente desde octubre de 2022. En la elección de la junta directiva de la Cámara de 2023 Vargas Lleras logró un asiento a través de la plancha 15, en representación de la empresa de García Vargas, un fisioterapeuta que también tiene su pasado con SaludCoop.
En 2011, García Vargas constituyó la empresa Fisio Centro de Terapia (Fisios), en sociedad con la IPS Corvesalud Coodontólogos, una empresa del grupo Saludcoop. Esa IPS aportó 1.900 millones de pesos para que Fisios comprara el edificio en el que iba a funcionar. Pero seis meses después, Corvesalud, la empresa de SaludCoop, se arrepintió de la inversión. En vez de pedir de vuelta toda la plata, cedió sus acciones a cambio de recuperar los 1.900 millones en un plazo de año y medio. El pago final, por 750 millones de pesos, sería con una oficina del edificio.
Quien firmó ese contrato de transacción como gerente de Corvesalud fue Ingryd Geovana Mora Jiménez, la también exgerente de Progressa que contrató los servicios de Enrique Vargas Lleras.
Esa transacción tiene un ingrediente adicional. El amigo de Enrique Vargas Lleras terminó por esta vía siendo socio del clan de Euclides Torres, el financiador de Gustavo Petro y megacontratista favorecido durante este gobierno.
La empresa que le compró las acciones a Corvesalud es GMT Inversiones, donde es socia Liliana Maritza Arenas Mogollón, la esposa de Euclides Torres. Con GMT en Fisios, la empresa del fisioterapeuta García Vargas entró en el negocio de los exámenes médicos para sacar licencias de conducción, en el que el Clan Torres ha hecho la ley y la trampa durante varios años, generando millonarias ganancias de lo que pagan en trámites los ciudadanos.
Para 2022, cuando Enrique Vargas Lleras ya era el representante legal suplente de la empresa de Alfonso García Vargas, las referencias comerciales de esa sociedad eran tanto Fisios como GMT Inversiones, donde el poderoso Euclides Torres tiene intereses.
Sobre su participación en la junta directiva de la Cámara de Comercio representando a G&G, Vargas Lleras le dijo a La Silla que no tiene negocios con su dueño y que desconocía del negocio de su amigo con Saludcoop.
