Solo hasta el 3 de julio el presidente Gustavo Petro sacó del closet formalmente su idea de que el país vaya a una Asamblea Nacional Constituyente, pero su gobierno lleva meses dando pasos en función de agitar la movilización que le dará impulso a esa propuesta.

Esta investigación de La Silla Vacía revela que el gobierno se ha coordinado con organizaciones sociales, políticas, sindicales y estudiantiles para impulsar la idea de que hay un sector amplio de la sociedad que quiere una gran reforma a la Constitución del 91.

Detrás de los clamores de apoyo a la constituyente de Petro hay una red de nombramientos en Consejos Superiores Universitarios y reuniones en Casa de Nariño para promover movilizaciones que llevan meses preparándose para una gran asamblea en la Universidad Nacional.

Parte de la estrategia está enfocada en la movilización de jóvenes y estudiantes. El papel protagonista lo tiene Activistas del Cambio, una organización creada por Xavier Vendrell, un catalán nacionalizado por Petro investigado por corrupción y por promover desórdenes públicos en España. 

Petro le entregó a Activistas el mandato de movilizar a sus seguidores. Ese colectivo promovió el asedio a la Corte Suprema de Justicia, y es cercano al nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas. Los delegados de Petro en 17 de 34 universidades hacen parte de Activistas del Cambio.

El poder de Activistas del Cambio 

Pocos meses después de su posesión, el presidente Petro envió una lista al Ministerio de Educación que llevaba el título de “Activistas por el Cambio” con los nombres de quienes se convertirían en sus designados en los Consejos Superiores Universitarios en todas las universidades públicas del país. 

Esos cargos suelen pasar desapercibidos dentro del mapa de poder nacional, pero son claves dentro de la gobernanza de las 34 universidades estatales. Quienes los asumen son la voz y el voto del presidente en cada discusión interna, como, por ejemplo, los nombramientos de rector. Su cobertura es casi nacional, y en varias universidades reciben honorarios. 

Los integrantes de esa lista eran en su mayoría jóvenes que tenían en común el apoyo a Petro en campaña y que hacen parte activa del movimiento estudiantil. Que aparecieran bajo la sombrilla de “Activistas por el Cambio” los enmarcó en una organización a la que Petro le entregó el mandato de movilizar a sus seguidores en el gobierno. 

Activistas es un colectivo digital que surgió después de la campaña de Petro. Se creó formalmente en octubre del 2022. Su núcleo inicial, además del catalán Vendrell, estaba compuesto por unas 20 personas que trabajaron en la campaña presidencial en la operación de testigos electorales, hoy bajo investigación del Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía porque no fue registrada en sus cuentas oficiales, como lo denunció La Silla. 

Esa organización tiene interlocución directa con el gobierno, maneja una base de datos de 83 mil personas que fueron testigos electorales de Petro, es conocida entre otras organizaciones de jóvenes como un brazo político de la Colombia Humana y particularmente del petrismo. También ha sido promotora de las marchas que ha llamado el presidente para mostrar apoyo popular.

Una fuente que estuvo en el Ministerio de Educación y que tuvo acceso a la lista de candidatos al CSU, le detalló a La Silla Vacía que en varias universidades hubo directivos que le manifestaron preocupación al gobierno porque el perfil de los delegados era el de “expertos en movilización estudiantil”. Sin embargo, la orden fue nombrarlos y así sucedió. 

La directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, aseguró que “no tenía conocimiento” de que la lista de los delegados llevara el nombre de Activistas. Sobre los reparos de rectores a varios nombramientos explicó que “las inquietudes que conocemos han sido públicas y responden a discusiones políticas sobre quién debería ocupar esos cargos”.

Los 17 delegados de Petro en los CSU que son Activistas por el Cambio están en universidades clave. Por ejemplo, en la Universidad Nacional, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Atlántico, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Cartagena y la Universidad del Valle (vea aquí la lista completa).

Con la llegada de Daniel Rojas al ministerio de Educación, un sector en el que no tiene experiencia, Activistas recibe a un ministro aliado. 

Rojas entregó predios a universidades públicas en todo el país y se reunió con los delegados de presidente en los CSU para plantearles la alianza. También fue invitado a hablar de política con jóvenes y a eventos del Ministerio de Educación con los delegados. Varios miembros de Activistas celebraron su nombramiento como Ministro. Incluso, una de las fundadoras de Activistas, María José Benjumea, fue vinculada por Rojas a la SAE.

Los integrantes de Activistas también tienen acceso a diplomáticos cercanos al movimiento estudiantil que han sido nombrados por Petro. Visitaron en México al embajador, Moisés Ninco, quien asumió ese cargo sin cumplir con los requisitos; y a Sebastián Guanumen, embajador en Chile, conocido por haber dicho en la campaña Petro que había que “correr la línea ética”.

Además, miembros de Activistas han llegado a cargos regionales. Por ejemplo, los delegados del presidente en la Francisco de Paula Santander, Carlos Bolívar, y en la Universidad de Cartagena, María Alejandra Benítez, simultáneamente ocupan las direcciones regionales del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Activistas del Cambio no solo es un colectivo que promueve movilizaciones y tiene acceso al poder del gobierno, también es un operador político que lleva al menos un año aterrizando la idea que lanzó el presidente Petro el 7 junio de 2023 de convocar “asambleas populares” para presionar por la aprobación de sus reformas.

“De ahora en adelante debe haber asambleas populares en todos los municipios de Colombia (…) La fase que sigue es el gobierno popular. Y vamos a demostrar cómo se hace y cómo se ejerce. Las asambleas populares en cada municipio son para gobernar”, dijo Petro.

El 10 de junio del 2023, el presidente convocó formalmente a “organizar asambleas estudiantiles para preparar la reforma a la Ley de Educación Superior”.  El 18 de junio, la consejera para la juventud de entonces, Gabriela Posso, quien hace parte de Activistas del Cambio, asumió la tarea de liderarlas. Y seis días después, Activistas empezó a promover esos encuentros con su logo.

Los eventos servirían de insumo para proponer cambios de fondo a la educación superior, pero solo se quedaron en los reportes de gestión de Posso. No fueron nombrados en el informe de cierre de gestión que acaba de entregar la saliente Ministra de Educación, Aurora Vergara, en el capítulo sobre las universidades. 

De hecho, la reforma a la educación superior no ha sido presentada por el gobierno Petro al Congreso por aplazamientos relacionados con etapas de concertación (según se explica en las páginas 41 y 42 de este documento del Ministerio). Sin embargo, es una de las banderas con las que Petro agitó al movimiento estudiantil cuando empezó a hablar de constituyente.

El movimiento estudiantil, la punta de lanza

La idea de la constituyente se ha movido en una línea gris, particularmente con el movimiento estudiantil. El presidente Petro ha capitalizado esa ambigüedad. 

Aunque una cosa son las constituyentes universitarias (solo sirven para reformar estatutos internos de cada institución), y otra es la Asamblea Nacional Constituyente que promueve el gobierno, el 21 de marzo en Tierralta, Córdoba, el presidente metió al movimiento estudiantil dentro de su versión de la constituyente. 

Durante la inauguración del edificio de Ciencias Básicas de la Universidad de Córdoba, Petro llamó a los asistentes a su agenda constituyente cuando se refirió a la falta de financiación para la educación pública, un tema que compete al Congreso. 

“Estamos convocando el poder constituyente de la gente, y eso significa que habría que recorrer, todas las universidades públicas de este país para que se constituyan asambleas constituyentes, estudiantiles y profesorales”, agregó el mandatario en Córdoba. 

Ese mismo día, en Bogotá, arrancó en la Universidad Nacional un paro que se extendió hasta el 5 de julio porque el Consejo Superior Universitario (CSU), donde el gobierno Petro tenía cuatro de los ocho votos, designó a José Ismael Peña como rector, pese a que Leopoldo Múnera había ganado la consulta de profesores y estudiantes de la universidad.

Dentro de las voces del presidente en el CSU está María Alejandra Rojas, quien hace parte de Activistas del Cambio. Como perdió, el presidente Petro llamó a la designación “un golpe antidemocrático con el estudiantado, el profesorado, las y los trabajadores de la universidad”.

Tras la designación, Múnera se declaró en desobediencia civil y habló sobre la necesidad de una constituyente universitaria, entre otras cosas, para establecer que la elección del rector sea por voto directo de la comunidad universitaria. Así le dio al presidente Petro cabida para pescar en río revuelto.

Aunque Múnera se desmarcó de la constituyente del gobierno, la agitación en esa institución le funcionó a la agenda del gobierno para movilizar lo que denomina “poder constituyente” y por esa vía ambientar la constituyente que sacó del closet dos meses más tarde.

En paralelo, Activistas del Cambio empezó a mover al tiempo la idea de constituyente universitaria, del poder constituyente y de la constituyente misma.

Además de la Nacional, la constituyente universitaria empezó a coger fuerza en otras instituciones. En la Universidad de Antioquia, por ejemplo, la Asociación de Profesores (Asoprudea) organizó un foro sobre la constituyente universitaria, al que invitó a Leopoldo Múnera, entonces candidato a rector de la Nacional.

En el foro, los asistentes relacionaron el proceso de la Nacional con las constituyentes universitarias en las instituciones de Antioquia, Pereira y el Valle. 

Petro no es el único que ha mezclado la necesidad de reformar los estatutos de las universidades con la asamblea para modificar la Constitución del país. Por ejemplo, el delegado de Presidencia ante el CSU de la Universidad de Antioquia, Wilmar de Jesús Mejía, también ha defendido la idea de Petro de una constituyente en su cuenta de X. 

En otras universidades se han replicado eventos, por ejemplo un foro universitario proconstituyente en la Universidad de Cartagena. O el foro de la constituyente universitaria de la Universidad de Nariño, del cual salieron una serie de acuerdos que incluyen la constituyente nacional.

“La lucha de hoy por la constituyente avanza en tener una incidencia nacional”, se lee en las conclusiones del evento. También ha habido foros de este tipo en la Universidad del Cauca, organizados por los profesores sindicalizados.

Los delegados de Presidencia y otros representantes de los estudiantes o profesores también han usado esa ambigüedad sobre las asambleas. 

Por ejemplo, la representante estudiantil de la Universidad del Atlántico, Laura Cristina Suárez, aseguró el pasado 7 de mayo frente al presidente: “La universidad del Atlántico construye constituyente” y posteriormente abrazó al presidente Petro.

O el profesor de la Universidad del Quindío, Horacio Duque, quien promueve la iniciativa constituyente del gobierno en una columna. “La reciente configuración del poder constituyente en la Nacional es un referente de transformación para el resto de las universidades públicas y privadas, convertidas estas últimas en feudos de poderosas castas familiares”, se lee. 

Con los ánimos encendidos en torno a las constituyentes, la Nacional se convirtió en sede de la “Asamblea por las reformas, la paz y la unidad”, una iniciativa promovida por el Pacto Histórico, organizaciones sociales, campesinas y sindicatos que recoge los puntos de la agenda de Constituyente del presidente Petro. 

“Es como un efecto dominó (…) buscamos el cambio en las universidades que siempre ha estado incrustado en los fortines políticos de los diferentes clanes que hay a nivel nacional, entonces si logramos arrebatarles las universidades, también podemos arrebatarles el poder en el Estado Social de Derecho”, explicó, Andrés Parra, líder estudiantil de la Universidad Industrial de Santander y coordinador de juventudes del Pacto Histórico en ese departamento. 

La plataforma: la Asamblea por las reformas sociales

La idea de la “Asamblea por las reformas sociales, la paz y la unidad” fue presentada formalmente a mediados de mayo en una rueda de prensa en la Plaza de Bolívar. El Pacto Histórico, delegados de sindicatos y organizaciones sociales anunciaron que empezarían a discutir la manera de aplicar las reformas del gobierno Petro.

“Debemos tener una conversación franca, constructiva y unitaria como parte de un proceso que ayude a precisar contenidos, tácticas, metodologías, planes, rutas, acciones y estrategias necesarias para avanzar en espacios de organización, representación, gobierno, construcción de un nuevo poder popular”, se lee en el manifiesto.

Para ese entonces, Petro venía de enfrentar varios reveses. El Consejo Nacional Electoral, CNE, acababa de anunciar que investigaría a su campaña por irregularidades en los reportes de cuentas, la reforma a la salud acababa de hundirse, y la oposición había convocado una nutrida marcha contra el gobierno Petro.  Al tiempo, el presidente tenía encendido su discurso sobre que le estaban haciendo un “golpe blando”.

La convocatoria inicialmente no dio mucho de qué hablar, pero despertó atención mediática cuando se anunció que el evento, con sede en el campus de la Universidad Nacional, tendría lugar el 18, 19 y 20 de julio y que el presidente Petro cerraría el encuentro con un discurso. Hubo versiones que señalaron que Petro no instalaría el Congreso por participar en ese evento.

Pero Presidencia se desmarcó de la organización y en esta ocasión Sarabia, directora del Dapre, señaló que “ni el gobierno nacional ni sus funcionarios han tenido participación en la Asamblea. Aunque es una iniciativa apoyada por sectores aliados al Gobierno, este evento depende exclusivamente de sus organizadores (…). El Gobierno no participa, aunque celebra y apoya la discusión de reformas sociales con la ciudadanía”. 

Algo similar le dijo a La Silla Vacía Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. “Nosotros no estamos dirigidos por el gobierno. Hemos coordinado con el Pacto Histórico desde la perspectiva, obviamente, de respaldar al gobierno. Pero es una iniciativa propia”, dijo.

Pero, contrario a lo que dicen públicamente gobierno y organizadores, en privado sí hay interlocución entre los organizadores y el gobierno. 

La Silla Vacía estuvo en la reunión del 10 de julio citada por los convocantes de la “Asamblea por las reformas sociales, la paz y la unidad” con el propósito de finiquitar detalles del encuentro. 

Era la primera reunión que hacían luego de anunciar formalmente que la asamblea cambiaba de fecha para el 14 y el 15 de septiembre, un aplazamiento que fue acordado el mismo día que Petro dijo por primera vez que sí quería convocar una constituyente.

El grueso del temario anunciado por Petro a inicios de julio, cuando habló de constituyente sin tapujos, ya había sido publicado en mayo en los puntos de la “Asamblea por las reformas sociales”. 

Pero más allá de esa coordinación temática, en la reunión de los organizadores de la “Asamblea por las reformas sociales” el 10 de julio pasado hubo dos momentos en los que se habló explícitamente de interlocución con el gobierno.

Uno hizo referencia a la necesidad de que el “gobierno nacional contextualizara dos ejes temáticos” de la Asamblea en “máximo dos hojas” para entregarlas como insumo a los participantes. En la reunión no se dijeron los nombres de esos delegados, pero fue explícita la coordinación.

El otro momento tuvo que ver con el llamado a la marcha de ayer —16 de julio— para acompañar a Petro en la sanción de la reforma pensional. Según se dijo en la reunión, hubo un encuentro previo en la Casa de Nariño para acordar los detalles de esa movilización.

Esa afirmación coincide con lo que publicó el 5 de julio la “Coordinadora nacional de organizaciones sociales, sindicales, populares y políticas para el cambio”, agrupación que se creó con varias de las organizaciones que hicieron parte del “Comité del Paro”, la cara formal del estallido social de 2021.

Petro el 9 de julio en sus redes sociales promovió esa marcha como iniciativa exclusiva de Presidencia.  

El Ministerio de Educación no tiene juego directo en esa reforma, pero tenía lista de delegados y funcionarios en la entrada del evento revisando cédula de sus invitados. Activistas también invitó a participar en la sanción presidencial de la reforma pensional en la Plaza de Bolívar. Dos personas, líderes de la localidad de Suba, que tenían puestas gorras del colectivo, le contaron a La Silla que fueron convocados por grupos de WhatsApp de la plataforma de Activistas. 

Además de esa movilización, Activistas del Cambio es una de las organizaciones que está promoviendo la Asamblea y está jugando un papel activo en la organización y  el mecanismo de participación que tendrán los estudiantes. El discurso de Activistas está apalancado en retomar la movilización del Paro Nacional de 2021 para buscar una “refundación” de la Nación.

Los encuentros de jóvenes buscan, entre otras cosas, activar y organizar movimientos juveniles de todo el país de cara a la asamblea de septiembre.

“Dada la importancia que tiene, en el marco del actual momento que se viene, tanto para el encuentro del 14 y 15 de septiembre como en el marco del desarrollo que seguramente esa Asamblea y el gobierno se ha marcado la necesidad de comenzar a construir un proceso constituyente”, dijo Cristian Reyes, secretario de la Juco Bogotá y uno de los organizadores del evento en el que intervino Activistas.

Los organizadores de la “Asamblea nacional por las reformas sociales, la paz y la unidad” esperan una delegación de alrededor de 7 mil personas. Hacer la convocatoria en el campus de la Universidad Nacional e incluir la discusión de la educación superior le garantizará quórum al evento.

“Cuando mencionas la reforma a la ley 30, tienes casi asegurado una movilización masiva compuesta por el movimiento estudiantil y el profesoral. Ahora, imagínate si metes las otras reformas, es una estrategia útil para aumentar la convocatoria”, dijo un miembro del CSU de otra universidad pública, quien pidió no publicar su nombre para no generar tensiones en su trabajo. 

Sin embargo, no todo el movimiento estudiantil está alineado con la idea de constituyente de Petro. Hay sectores que consideran que hay una instrumentalización como detalló La Silla Vacía en esta historia y lo reconfirmó con estudiantes en varias regiones del país.

“No es tan importante si (todo el movimiento estudiantil) es afín o no (al gobierno), lo más importante es movilizar ese sentimiento constituyente y es un poco lo que se está moviendo al interior de las universidades”, explicó Gabriela Posso, exconsejera de juventudes de Presidencia, delegada del presidente Petro en la Universidad del Valle y parte de Activistas del Cambio.

La “Asamblea nacional por las reformas sociales, la paz y la unidad” mostrará qué tan grande es la base con la que el presidente presionará sus reformas. Aunque Petro presenta el apoyo como un movimiento puramente espontáneo, sí lo está impulsando desde su gobierno y con Activistas como uno de sus principales operadores.

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“Los trabajadores se respetan”, escribió Gustavo Bolívar en X a mediados de mayo. Esa frase un mes después se convirtió en el encabezado de una pancarta del sindicato mayoritario del Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS) contra el mismo Bolívar.

Bolívar ha apalancado parte de su carrera política en los sindicatos. Más allá del respaldo político, recibió plata de 6 sindicatos, en total 50,5 millones de pesos, para financiar su aspiración a la Alcaldía de Bogotá. Pero ahora que tiene un cargo administrativo la foto es otra.

La pelea arrancó dos días después de que Bolívar asumiera la dirección del DPS. El exsenador líder del Pacto Histórico reunió a los empleados y, según los sindicalistas, les anunció que cambiaría la caja de compensación. 

El anuncio cayó muy mal. Hacía solo 14 meses los sindicatos habían ganado una pelea de años para tener el derecho a decidir con quién se querían afiliar. La decisión de Bolívar echaba tierra sobre esa victoria.

“Nosotros fuimos parte del cambio y ahora no entendemos. Somos parte del gobierno pero tampoco vamos a callar cosas en contra nuestra”, le dijo a La Silla Vitelio Martínez, líder de Sintrasocial, uno de los dos sindicatos del DPS. 

Bolívar no respondió a las preguntas enviadas por La Silla Vacía. Desde el DPS aseguraron que la elección de la caja de compensación es de autonomía del director y no tiene por qué ser concertada con los sindicatos.

Zilia Ruiz, presidenta de Siessocial, estuvo en una de las reuniones con el nuevo director del DPS, y afirma que “Bolívar dijo que Cafam estaba con Petro, a lo que le dije que los trabajadores habían estado con él y lo que esperábamos era que el bienestar de los trabajadores estuviera por encima de beneficiar una empresa”. 

Sobre la movida que favorece directamente a Cafam, Bolívar guarda silencio. 

La tensión con los sindicatos 

Gustavo Bolívar llegó al DPS con el “reto de consolidar los ejes de la política social del Gobierno del Cambio”, como le dijo el presidente al posesionarlo, pero su primera gran movida interna como director de esa entidad no tuvo nada que ver con el encargo.

El 7 de marzo, solo dos días después de jurar ante Petro, Gustavo Bolívar reunió a los líderes sindicales del DPS y les dijo que estaba estudiando la posibilidad de cambiarlos de caja de compensación. “Nos habló de su interés por regresarnos a Cafam pues, según dijo, los trabajadores lo habían abordado para dar quejas de Compensar”, narra el podcast del sindicato Siessocial el 16 de mayo. 

Como los empleados llevaban menos de un año afiliados a la caja de compensación actual, no quedaron claros los criterios que se iban a usar para evaluarla.

Y en contraste, solo 4 días después del anuncio, hubo otra reunión que fue citada en las instalaciones de Cafam. Quien los convocó y además dirigió el encuentro fue Francisco Maltés, el exdirigente nacional de la CUT, uno de los sindicatos más grandes del país. 

Maltés dirigió esa reunión a nombre del DPS sin tener ningún vínculo oficial con esa entidad. Su nombramiento como asesor de Bolívar no se dio sino hasta el 16 de abril, poco más de un mes después de ese encuentro. 

En el mismo podcast el sindicato denunció que en esa reunión Maltés, junto a Jhon Jairo Narváez López, otro directivo de la CUT, y Luis Gonzalo Giraldo, el director ejecutivo de Cafam, aseguró que los trabajadores habían solicitado el cambio.

“El objetivo en la reunión (…) era presentar a los trabajadores representados en los sindicatos que según él, habían manifestado su deseo de traslado de caja de compensación de Compensar a Cafam, precisión que nos tomó por sorpresa porque no ha sido solicitud nuestra”, dice el audio de Siessocial en el que además aseguran que en esa reunión no asistió ningún representante del DPS. 

La Silla intentó preguntarle a Maltés sobre esa reunión y su gestión ante los sindicatos, pero no respondió las llamadas ni mensajes. 

Pero más allá del lobby a favor de Cafam, la discusión tomó por sorpresa a los sindicatos porque duraron 5 años peleando la autonomía para decidir en donde querían estar afiliados, y solo en el gobierno de Petro, cuando Cielo Rusinque estuvo al frente del DPS, lo lograron. 

La cruzada había arrancado en 2018, cuando en la negociación sindical Siessocial, que representa a 350 servidores de los 974 que tiene el DPS, gestionó una encuesta para que los trabajadores decidieran a qué caja de compensación querían estar afiliados. Esa consulta estuvo apalancada en la inconformidad con los servicios que les prestaba Cafam. 

La encuesta la votaron 602 trabajadores y ganó Compensar. Como segunda opción quedó Colsubsidio y de tercera, Cafam. 

Para garantizar que el cambio se hiciera, el resultado de la encuesta quedó incluido en la negociación del DPS con el sindicato en 2018 y fue refrendado con una resolución administrativa. Sin embargo, ese acuerdo quedó en el papel hasta finales de 2022, cuando los sindicatos, motivados por la promesa de cambio del nuevo gobierno, le pidieron a la entonces directora, Rusinque, hacer efectivo el traslado de los trabajadores. 

Rusinque finalmente lo gestionó. En abril de 2023 los trabajadores recibieron en sus correos electrónicos la notificación de que el cambio a Compensar era oficial.

Pero en tiempo récord, Bolívar reversó la decisión de los trabajadores, contrariando lo que en sus redes sociales dice defender.

El negocio regresó a Cafam

Los 546 empleados del DPS en Bogotá le representan a Cafam un flujo de al menos 1.790 millones anuales, según cifras del sindicato que tienen en cuenta la escala salarial de esa entidad.

A pesar de que la secretaria general le dijo a La Silla que la decisión se tomó luego de “hacer un diagnóstico” de varios meses, la manera en la que se concretó el cambio contradice esa versión. 

Según los comunicados oficiales de Siessocial, el 9 de mayo Compensar les informó que la dirección del DPS, en cabeza de Bolívar, solicitó a esa caja de compensación el paz y salvo del pago de aportes de seguridad social para hacer el traslado a Cafam. 

Es decir, a dos meses de las primeras reuniones, ya la decisión estaba tomada.

Desde entonces los sindicatos están oponiéndose al cambio con pancartas, comunicados y socializaciones entre los trabajadores sobre lo que ellos consideran es desconocer el acuerdo sindical de 2019. 

Protesta contra decisión de… by La Silla Vacía

En todo caso, Siessocial solicitó una nueva reunión con Bolívar el 5 de junio, para tratar de frenar la decisión del cambio de la caja de compensación. Para sorpresa de los miembros de la junta directiva de ese sindicato, antes de entrar les pidieron dejar sus celulares afuera. Estaban presentes Bolívar, Maltes y Carolina Hoyos, la secretaria general del DPS. 

Nuevamente intentaron persuadirlos de la conveniencia de devolverlos a Cafam. Les mostraron una tabla de beneficios, pero de todas maneras dejaron claro que la decisión era de la autonomía de Bolívar. También ahí fue donde Bolívar mencionó que “Cafám estaba con Petro”.

“En esa reunión nos dijeron que éramos del mismo grupo, que ellos sí tenían voluntad política. Nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad pero hoy estamos más preocupados”, dijo Vitelio Martínez. 

La versión de Hoyos es que en esa y en todas las reuniones con el director, por protocolo, nadie puede entrar con celulares. Y que la decisión del cambio obedece a un análisis técnico sobre los beneficios de una y otra caja y el compromiso que Cafam asumió con el DPS de hacer un memorando de cumplimiento sobre una serie de beneficios.

“Con un plan de seguimiento que nosotros de manera directa vamos a hacer con Cafam. Hoy no hay un memorando escrito de los beneficios adicionales con Compensar porque no existe. Hoy estoy haciendo un memorando de entendimiento con Cafam.” dijo Hoyos a La Silla. 

De todas maneras, el DPS les pasó la aplanadora a los sindicatos, bajo el argumento de que así fuera solo por un año, ya les habían cumplido.  

En esa reunión Hoyos les dijo a los sindicalistas que, como la dirección anterior ya había gestionado el cambio, la resolución administrativa ya se había ejecutado, ese acuerdo sindical ya se había cumplido y el reversazo no violaba su negociación.

Tal y como le dijo la secretaria general a La Silla, el cambio que se hizo en 2023 “no es permanente ni sistemático en el tiempo”.  Es decir, en la práctica les dieron contentillo a los sindicatos por 12 meses y luego Bolívar los devolvió al mismo punto en el que arrancaron la pelea hace cinco años. 

El cambio definitivo empezará el 1 de septiembre. Lo hará contra la voluntad de los trabajadores, algo que Gustavo Bolívar decía respetar.

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La promesa del gobierno de revisar los megacontratos otorgados con irregularidades a empresas de Euclides Torres quedó en el papel. 

El Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) continuó en silencio con el contrato más cuantioso de las empresas de Torres, a pesar de su anuncio inicial de suspenderlo y hacer una revisión que luego comunicaría a la ciudadanía, según revela La Silla Vacía. 

Fenoge es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que en 2024 tiene para ejecutar 600 mil millones y es clave en la transición energética. Después de la investigación de La Silla Vacía sobre la contratación de Torres, la entidad informó que “desde la Dirección Ejecutiva del Fenoge nos comprometemos a mantener a la ciudadanía informada sobre cualquier desarrollo relevante en este proceso de revisión”, que incluía la verificación de entidades de control. Esto no sucedió y el contrato se otorgó. 

Dos fuentes, que piden no revelar sus nombres para dar detalles privados del proceso, afirman que esa aprobación se dio en medio del control que ejerce directamente Presidencia en la contratación de Fenoge. Una fuente de MinMinas afirmó que más allá de estar en el comité directivo de Fenoge, el ministro, Andrés Camacho, no tiene control sobre la contratación del fondo, a pesar de que los contratos que firmó también se hacen con el Ministerio.

Una de las fuentes dentro del Ministerio le dijo a La Silla Vacía que “ni la directora (de Fenoge) ni el ministro tienen manejo sobre lo que pasa allá. Los dueños de los contratos los deciden en Presidencia. Ellos solo hacen caso”, dijo esa fuente. En Presidencia la directora del Dapre es Laura Sarabia. 

Sarabia no se refirió al contrato de Torres pero afirmó que “las decisiones del sector de energía, dependen exclusivamente del Presidente y del ministro”.

Camacho es uno de los ministros amenazados en el inminente remezón del gabinete que anunció el presidente, Gustavo Petro. 

Camacho no respondió las preguntas de La Silla Vacía antes de la publicación de esta nota. 

La promesa incumplida de transparencia en Fenoge

A mediados de marzo, Fenoge emitió un comunicado asegurando que verificaría principios de transparencia, economía y libre y amplia competencia en una serie de megacontratos con cuestionamientos revelados por La Silla Vacía. 

Específicamente, cuatro contratos que suman 180 mil millones de pesos y que fueron adjudicados a empresas del grupo empresarial del poderoso Euclides Torres, financiador de la campaña del presidente Petro y hoy zar de la transición energética de su gobierno. 

Uno de ellos, por 95 mil millones de pesos, es para poner paneles solares en la Costa Caribe. Estaba prácticamente adjudicado (con carta de aceptación de la oferta por parte de Fenoge) a un consorcio integrado por una de las empresas de Torres que no tenía ninguna experiencia previa en paneles solares. Incluso, en ese proceso de contratación, Fenoge eliminó ese requisito y así habilitó su oferta. 

En el momento de las denuncias, el contrato no había sido firmado. Días después del primer comunicado, Fenoge le respondió al congresista Cristian Avendaño confirmando su suspensión. 

Sin embargo, ese anuncio nunca se materializó en realidad. En el portal de compras de Secop no se publicó ninguna suspensión. En cambio, el 17 de mayo se firmó el contrato. La última actualización fue el 11 de junio, con la aprobación de las pólizas para la ejecución del mismo. 

La Silla le preguntó a la actual directora de Fenoge, Ángela Álvarez, por las actuaciones de la entidad sobre ese contrato en particular. A través de su jefatura de prensa, “la directora informó que no atenderá entrevistas hasta tanto no se reciban en el Fenoge los informes correspondientes por parte de los entes de control”. 

Fenoge le pidió a la Procuraduría que le confirmara si los miembros de la unión temporal Energiza, de la que hacen parte las empresas de Torres, están habilitados o no para contratar, mas no que revisara los cuestionamientos del proceso. 

La solicitud de Fenoge fue el 25 de abril, un mes después de haber anunciado la revisión y suspensión del contrato, y un día después de que en la Cámara de Representantes citaran a la directora a un debate de control político por esa contratación.  

Sin embargo, la Procuraduría sí tiene en la mira los procesos. Luego de que el representante verde Cristhian Avendaño radicara una denuncia con la información de La Silla, el ente de control abrió una indagación preliminar el 12 de abril. 

Por su parte, la Contraloría le dijo a La Silla que Fenoge no radicó ninguna solicitud, pero que por la denuncia abrieron una actuación especial de fiscalización. 

En todo caso, según la misma respuesta de Fenoge, el multimillonario contrato de la empresa de Euclides Torres siguió su curso sin que los entes de control se hayan pronunciado. 

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La semana pasada, Gustavo Petro dijo que “en la Nueva EPS, manejada por la familia Vargas Lleras, ocultaron 5.5 billones en deudas mientras hacían gastos billonarios innecesarios”. Enrique Vargas Lleras, el hermano menor del exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, y quien ha cultivado un enorme poder y un bajo perfil en el sector de la salud en Colombia, salió a defenderse en público. 

“Estos ataques del gobierno son consecuencia de mi posición frente a la reforma a la salud, ya que, desde que fue presentada, me opuse radicalmente”, dice un comunicado frente a las denuncias del presidente y la Superintendencia de Salud.

Vargas Lleras era, hasta que el gobierno Petro maniobró para sacarlo, miembro de la junta de la EPS más grande del país, ahora bajo intervención de la SuperSalud. El gobierno aún no ha presentado pruebas sobre la supuesta pérdida de $5.5 billones, y el rol de Vargas ahí no está claro.

Pero el enfrentamiento con Petro pone de presente el papel silencioso que ha tenido el hermano del exvicepresidente como abogado en el sector de la salud los últimos 20 años. Estuvo en la junta de la Nueva EPS durante 10 años y ha sido asesor jurídico de promotoras de salud. Entre ellas, Famisanar, Cafesalud, Cruz Blanca y Saludcoop, la EPS protagonista de un saqueo histórico en el país.  

“El señor Enrique Vargas Lleras es el hombre más poderoso del sector de la salud”, dijo el excongresista y hoy embajador de Petro, Roy Barreras en 2016. “Enrique Vargas Lleras y (Carlos) Palacino están metidos en la nueva entidad de la salud (…) Vargas, que manejó Saludcoop, que se robó Saludcoop”, dijo el también exsenador y hoy embajador Armando Benedetti en 2017. 

De ambas afirmaciones nunca mostraron pruebas. Esta investigación de La Silla Vacía recorre los hilos del poder de Enrique Vargas Lleras en un sector donde ha seguido teniendo cuantiosos contratos y puestos directivos, al mismo tiempo que su hermano ha sido protagonista de una manera más pública por medio de su partido Cambio Radical.  

Están las conocidas y onerosas asesorías jurídicas con el grupo Saludcoop, que incluyeron representar jurídicamente a la cabeza de ese emporio condenado por corrupción, Carlos Palacino, con quien, según Enrique Vargas Lleras, “ha habido una enorme injusticia”. 

Además de permanecer a la junta directiva de una de las grandes herederas de pacientes de Saludcoop, la Nueva EPS, Vargas Lleras mantuvo, hasta el año pasado, vínculos que no se conocían con el grupo Saludcoop: asesorías jurídicas con la Financiera Progressa y la cooperativa Acción y Progreso, dos empresas del Grupo Saludcoop, sobrevivientes al desfalco pero en cuidados intensivos, y hoy también intervenidas por el gobierno. 

Vargas Lleras también es miembro principal de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en representación de la empresa Sociedad G&G. Su dueño, Alfonso García Vargas, tiene su propia historia de negocios con el grupo Saludcoop y con Euclides Torres. 

El trabajo para Saludcoop

En 2016, en medio de una de las tantas oleadas de denuncias por los gastos desproporcionados e injustificados del grupo Saludcoop, salió a la luz que la firma Vargas Asociados & Cia, de propiedad de Enrique Vargas Lleras, tenía contratos por 3.400 millones de pesos en asesorías jurídicas con Saludcoop EPS, Cafesalud y Cruz Blanca, empresas de ese grupo. Algunos de ellos fueron firmados en 2012 cuando su hermano Germán era ministro de Vivienda y en 2014 y 2015 mientras Vargas Lleras era vicepresidente, y, a su vez, y el gobierno Santos había intervenido a Saludcoop y a Cafesalud. 

Uno de los problemas para que los entes de control pescaran el desfalco a la salud que encabezó Palacino, presidente de Saludcoop condenado a 9 años por peculado por apropiación a favor de terceros, fue la tercerización de los servicios esenciales. Es decir, Saludcoop contrataba con externos tareas administrativas, técnicas y jurídicas propias de su funcionamiento, por lo que en la práctica, eran más difíciles de auditar. 

Los contratos de la firma de Vargas Lleras, y de otros abogados que también tuvieron asesorías jurídicas externas, resultaban más controversiales en la medida en que Saludcoop ya estaba intervenida y debía cumplir con gastos muy rigurosos. El pago de ese tipo de honorarios eran todo lo contrario. 

En 2018, la Contraloría encontró que la plata pública de la salud, que tiene una destinación específica, terminó cubriendo gastos que nada tenían que ver con el servicio de salud. En la imputación de cargos a superintendentes de salud e interventores de Saludcoop, el ente de control dijo que entre los pagos injustificados había 258 millones a la firma Vargas Abogados y Cia. 

En su momento, el hermano del exvicepresidente se defendió argumentando que esos contratos los ganó por “un prestigio tanto en litigio como en la consultoría” en el sector salud y no representaban un conflicto de interés con la posición de poder de su hermano porque venían desde antes de su Vicepresidencia. 

Para este artículo, Vargas le dijo a La Silla que era imposible que él como asesor externo supiera si su contratante sacaba el dinero de lo que le correspondía para gastos administrativos o de la bolsa para los gastos en salud. “En mis contratos queda determinado que la entidad pagará con cargo a los recursos que por ley pueden utilizar (…) yo no puedo tener idea con qué chequera le pagan a uno”, dijo. 

A la par de esas asesorías jurídicas, Enrique Vargas Lleras también tuvo posiciones de poder en juntas directivas de la salud. Para 2011 era miembro de la junta directiva de Cafesalud Medicina Prepagada, que si bien no hacía parte del grupo Saludcoop, también tenía en su junta directiva a Jaime Barrero Fandiño y su hijo Ricardo Barrero, entonces socios de Palacino. 

Y también estuvo en la junta de la Nueva EPS, la promotora de salud propiedad, en un 51 por ciento, de 6 cajas de compensación y en un 49 por ciento del Estado, heredera de los usuarios del seguro social y que absorbió a muchos de los de Saludcoop. 

En 2013 Vargas Lleras llegó a ser suplente de la junta directiva de la Nueva EPS y tan solo  seis meses después, tras la renuncia del líder cafetero Mario Gómez Estrada (QEPD), pasó a ocupar uno de los cinco puestos principales.

Allí, como representante de las cajas de compensación, se mantuvo hasta noviembre del año pasado cuando el gobierno empezó a incidir en la Nueva EPS. 

Más allá de la junta directiva de la Nueva EPS, Enrique Vargas Lleras ha mantenido otros contratos y posiciones que lo acercan a empresas y negocios del grupo Saludcoop. 

La Silla encontró que, al menos desde 2018, Vargas Lleras fue asesor jurídico externo de la cooperativa de ahorro Progressa y la Institución Auxiliar de Cooperativismo Acción y Progreso, ambas empresas del grupo Saludcoop. 

Progressa ejerce control sobre Acción y Progreso, y esta última mantiene acciones de varias empresas de Saludcoop. Por ejemplo, de Villa Valeria Country Club, el controvertido resort en el que proveedores de la EPS tenían suites y casas lujosas. Además, en 2011 el senador Jorge Enrique Robledo reveló que Progressa había hecho donaciones a partidos políticos en 2010, entre ellos, a Cambio Radical, liderado por Germán Vargas Lleras. 

En agosto de 2023, Progressa y Acción y Progreso fueron intervenidas por el gobierno Petro. Una de las primeras medidas de su interventor, Juan Manuel Russy, fue acabar con un 25 por ciento de las asesorías externas que tenía la Financiera. Al estilo de Saludcoop en su momento, Progressa tenía tercerizados servicios tan esenciales en su funcionamiento como la actividad comercial. 

Entre esos, canceló el contrato de asesoría de Enrique Vargas Lleras.

La jefe de Vargas Lleras en Progressa fue Ingryd Geovana Mora Jimenez. Desde 2017 y hasta poco antes de la intervención fue la gerente de la cooperativa, y entre 2015 y 2017 hizo parte de su junta directiva. Antes fue gerente de la Corporación Nuestra y de la IAC Consultores Jurisalud, ambas del Grupo Saludcoop. 

Política, litigio y juntas directivas

Enrique Vargas Lleras tuvo una breve carrera política en Bogotá en los años noventa, como candidato a la Alcaldía. Fue concejal y alcanzó a ser presidente de la corporación. Desde entonces, sus apariciones políticas son a la sombra del partido que lidera su hermano Germán Vargas Lleras.

En 2016 fue líder promotor del sí en el plebiscito que convocó Santos para aprobar el acuerdo con las Farc, en representación de Cambio Radical. En 2018 lideró la campaña presidencial de su hermano en Bogotá y en las regionales de 2019 fue enlace entre los concejales bogotanos y su partido. En 2022 integró el comité central de esa colectividad.

Como abogado litigante también ha mantenido vínculos en lo público. Entre 2006 y 2007 su firma, Vargas Abogados y Cia, ganó contratos en la caja de compensación Comcaja, entonces dirigida por Germán Córdoba (actual director de Cambio Radical). Y desde 2017 hasta 2023 ha contratado con distintas entidades públicas y mixtas, como la Gobernación del Atlántico, el Fondo de Desarrollo de Proyectos Cundinamarca, Fundecun, la licorera de Cundinamarca, la Defensoría del Pueblo, Corabastos y TGI. 

Otro de sus roles de poder ha sido como miembro de juntas directivas. Desde empresas del sector energético, como Enertolima, hasta del sector inmobiliario, como en RV Inmobiliaria. Esa es otra empresa con la que Saludcoop tercerizó la administración de clínicas. Además, la Contraloría encontró que la EPS le giró 802 mil millones de pesos a RV Inmobiliaria para pagar arrendamientos de una bolsa exclusiva para la atención en salud. 

Como empresario de la tauromaquia, Vargas Lleras fue socio y miembro del consejo directivo de  la Corporación Taurina de Bogotá. Allí compartió con Felipe Negret, como gerente, al tiempo que él lideraba la liquidación de grandes EPS como Caprecom, Coomeva y Cafesalud. 

Desde 2006 ha sido miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Hasta 2023 se mantuvo como representante del gobierno. Primero del de Álvaro Uribe, luego los dos de Juan Manuel Santos y después del de Iván Duque.  

Atornillado en la junta de la Cámara de Bogotá

Cuando llegó Gustavo Petro al poder era claro que Vargas Lleras no sería delegado del gobierno en la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces se movió para seguir ahí en representación de los privados. Según Vargas Lleras “cuando llegó este bárbaro al gobierno y comenzaron a anunciar toda clase de locuras, empresarios me pidieron que no abandonara el barco. Tuve que salir a buscar un tema corporativo. Yo no tenía mi sociedad afiliada y entonces acudí a Alfonso y me nombró solo para poder representar a privados en la junta de la Cámara”, explica Vargas. 

El empresario amigo es Alfonso García Vargas, dueño de la Sociedad G&G, de la que Vargas Lleras es representante legal suplente desde octubre de 2022. En la elección de la junta directiva de la Cámara de 2023 Vargas Lleras logró un asiento a través de la plancha 15, en representación de la empresa de García Vargas, un fisioterapeuta que también tiene su pasado con SaludCoop.

En  2011, García Vargas constituyó la empresa Fisio Centro de Terapia (Fisios), en sociedad con la IPS Corvesalud Coodontólogos, una empresa del grupo Saludcoop. Esa IPS aportó 1.900 millones de pesos para que Fisios comprara el edificio en el que iba a funcionar. Pero seis meses después, Corvesalud, la empresa de SaludCoop, se arrepintió de la inversión. En vez de pedir de vuelta toda la plata, cedió sus acciones a cambio de recuperar los 1.900 millones en un plazo de año y medio. El pago final, por 750 millones de pesos, sería con una oficina del edificio. 

Quien firmó ese contrato de transacción como gerente de Corvesalud fue Ingryd Geovana Mora Jiménez, la también exgerente de Progressa que contrató los servicios de Enrique Vargas Lleras.

Esa transacción tiene un ingrediente adicional. El amigo de Enrique Vargas Lleras terminó por esta vía siendo socio del clan de Euclides Torres, el financiador de Gustavo Petro y megacontratista favorecido durante este gobierno. 

La empresa que le compró las acciones a Corvesalud es GMT Inversiones, donde es socia Liliana Maritza Arenas Mogollón, la esposa de Euclides Torres. Con GMT en Fisios, la empresa del fisioterapeuta García Vargas entró en el negocio de los exámenes médicos para sacar licencias de conducción, en el que el Clan Torres ha hecho la ley y la trampa durante varios años, generando millonarias ganancias de lo que pagan en trámites los ciudadanos.

Para 2022, cuando Enrique Vargas Lleras ya era el representante legal suplente de la empresa de Alfonso García Vargas, las referencias comerciales de esa sociedad eran tanto Fisios como GMT Inversiones, donde el poderoso Euclides Torres tiene intereses.  

Sobre su participación en la junta directiva de la Cámara de Comercio representando a G&G, Vargas Lleras le dijo a La Silla que no tiene negocios con su dueño y que desconocía del negocio de su amigo con Saludcoop. 

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El año pasado en las regionales había 35 partidos políticos en el tarjetón. Más del doble de los que había en 2017. 

Los partidos de garaje, que parecían acabados con la reforma política de 2003, han revivido en los últimos años por ventanas como jurisprudencia de la Corte Constitucional o el acuerdo de paz con las extintas Farc. Son precedentes jurídicos pero sin la debida regulación del Congreso. 

Por esa falta de bases sólidas en la reglamentación, ya van cinco colectividades a las que el Consejo de Estado les quita la personería jurídica en lo que va del año y hay otros más demandados y tambaleando. 

Hoy hablamos de esta movida que deja a varios caciques políticos sin la facilidad de entregar sus propios avales y coavales.

Para saber más del futuro de los partidos políticos recién creados:

Los 35 partidos políticos que compiten en las regionales de 2023

El “boom” de los partidos políticos que fragmentará las elecciones regionales

Feria De Los Partidos En El Cne: Vuelven Las Microempresas Electorales

Chequeo de datos: Mariana Zapata, periodista de La Silla Vacía. 
Producción: Juanita Escobar, periodista de La Silla Vacía.
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Mientras que en campaña la figura política de Francia Márquez se alzaba como una promesa de la política alternativa, su actualidad como vicepresidenta se ha quedado corta tanto en política electoral como en la ejecución de proyectos clave. 

Sigue representando la lucha de las mujeres, de la defensa medioambiental y sobre todo, de las negritudes. Pero eso no se traduce en fuerza burocrática en Cauca y su ministerio de la Igualdad no ha invertido ni el 1% de su presupuesto. 

Hoy hablamos de la debilitada de Francia Márquez en su departamento natal.

Para saber más sobre la vicepresidenta y su trabajo puede leer:

Francia Márquez no ha logrado cimentar su poder político en el Cauca 

El poder de Francia Márquez no se consolida en las regionales del Pacífico  

Corte Constitucional tumba la creación del Ministerio de la Igualdad a partir del 2026

Sí necesitamos un ministerio de la Igualdad 

Chequeo de datos: María José Quintero, periodista de La Silla Vacía. 
Producción: Juanita Escobar, periodista de La Silla Vacía.
Foto de portada: Presidencia de Colombia. 

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El 11 de mayo El País de España publicó un video que rápidamente se hizo viral: aparecía Iván Márquez, comandante de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Farc. Fue novedad porque se rumoraba que había muerto tras un atentado en Venezuela en 2022 y el gobierno Petro afirmó que estaba vivo pero sin pruebas. Pero el video evidencia se popularizó más porque los cibernautas sugirieron que era falso y creado con inteligencia artificial, aunque todo apunta a que es real. 

Hoy hablamos de los retos que conlleva la verificación de contenidos en tiempos de esta tecnología que se perfecciona cada minuto. 

Para saber más puede leer y escuchar:

Video de Márquez resalta los retos  para la verificación en tiempos de IA

Huevos Revueltos: la campaña con voces falsificadas.

Inteligencia ¿artificial? 

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Chequeo de datos: María José Echeverry, periodista de La Silla Vacía. 
Producción: Juanita Escobar, periodista de La Silla Vacía.
Foto de portada: Captura de video.

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En la madrugada del lunes, Morales, Cauca, se despertó con sonidos de explosivos y disparos hacia una estación de policía en la que murieron dos patrulleros y tres resultaron heridos. El hecho fue perpetrado por el Estado Mayor Central (EMC), disidencias de las extintas Farc, quienes dispararon por dos horas a la fuerza pública, se robaron 50 millones de pesos del cajero del banco agrario y dispararon a uno de los helicópteros de la policía que llegaba con refuerzos. El presidente Gustavo Petro ordenó el despliegue de la cúpula militar en el Cauca para abordar la crisis de violencia en el departamento en un consejo de seguridad permanente.

Hoy hablamos del conflicto en el Cauca que atizan las disidencias de las Farc. 

Para saber más sobre el conflicto en el Cauca puede:

Escuchar estos Huevos Revueltos: El bloque Occidental, el bloque más fuerte de la disidencia de “Mordisco”

Y leer: 

“Es inaceptable”: Petro ordena consejo de seguridad tras ataques en Cauca

La paz total sin “Mordisco”: Así se dividió el EMC en la mesa de diálogo

Viaje al cañón del Micay: Donde la negociación con el EMC pende de un hilo

Chequeo de datos: Santiago Rodríguez, periodista de La Silla Vacía. 

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Foto de portada: Santiago Rodríguez, La Silla Vacía.

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Hoy el abogado de Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd) radicará en la Fiscalía la matriz de colaboración con la que buscará un principio de oportunidad. Para recibir beneficios judiciales, quien era la cabeza de la Ungrd, tiene que convencer a la Fiscalía que tiene como delatar a alguien más arriba.

Según la revista Semana, a cambio de beneficios judiciales, López acusará a la cabeza de  la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Carlos Ramón González, de ser el alto funcionario que “dio la orden” para repartir al menos 4.000 millones de pesos en coimas a los presidentes de la Cámara, Andrés Calle, y el Senado, Iván Name.

López, según lo que se ha filtrado hasta ahora, también confirmaría las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, quien fue el que prendió el ventilador del escándalo. 

La versión de Pinilla y de la defensa de López ya ocasionó la salida del gobierno de Sandra Ortiz, quien era la consejera para las regiones. También tiene dando explicaciones al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. 

Hasta ahora no se conocen detalles de lo que López dirá de Carlos Ramón González, pero si confirman y entregan pruebas de que estuvo detrás de la repartición de coimas a congresistas, sus versiones se convertirán en un golpe contundente para el gobierno de Gustavo Petro. Sobre todo, porque Pinilla ha asegurado que la entrega de coimas a congresistas era “una política de Estado”

El camino a Casa de Nariño de Carlos Ramón 

En 2022 González dejó de ser el poder en la sombra de la Alianza Verde y se puso frente a los reflectores para ser el brazo de la aspiración presidencial de Gustavo Petro en ese partido. 

Políticamente, González fue clave para la estrategia electoral del petrismo. Estuvo detrás del viraje que hoy le permitió a los militantes del Verde y a sus congresistas, quedar en libertad, lo que en la práctica volcó a buena parte de ellos a la campaña de Gustavo Petro. 

Y luego impulsó que la Alianza Verde se declarara partido de gobierno, lo que le aseguró a esa colectividad el acceso directo a la burocracia de Presidencia y, por esa vía, manejo de la plata pública.

Además de Gónzález, los verdes han tenido cargos de alto perfil en el gobierno así: 

• Jorge Londoño, director del Sena.
• Mauricio Toro, director del Icetex.
• Diego Cancino, viceministro de Interior.
• Luis Carlos Leal, superintendente de Salud.
• Wilmer Leal, director del Fondo Colombia en Paz.
• Sandra Ortiz, consejera presidencial para las Regiones

Precisamente Ortiz renunció hoy de la Consejería de las Regiones tras ser señalada por el exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, de ser la mensajera de la coima de 3 mil millones de pesos que le habrían entregado en dos partes al presidente del Senado, Iván Name. Ortiz niega que esas versiones sean ciertas.  

En todo caso, González es el verde que ha recibido el nombramiento de más alto perfil en el gobierno Petro. Su entrada a Palacio se dio por la puerta más grande en abril del año pasado cuando asumió la cabeza de la Dirección Administrativa de Presidencia, Dapre, una entidad con un bolsillo de 6 billones de pesos anuales.

Su rol adquirió más poder cuando la mano derecha del presidente, Laura Sarabia, salió por unos meses en medio del escándalo de las chuzadas a su niñera. Como reveló La Silla Vacía, cualquiera que quisiera hablar con el presidente debía pasar por él, incluidos congresistas y ministros. Entre esas funciones estaba la de manejar el “computador de palacio”, la relación de puestos a cambio de alinear votos en el Congreso.

Al tiempo, González  aseguró su injerencia en el Sena. Su esposa, Luz Danna Leal, fue nombrada en la dirección nacional de Empleo y Emprendimiento, movida que le permitió activar maquinaria en las elecciones locales de 2023.

La Silla Vacía reveló que desde el Sena regional impulsaron la campaña del cuñado de Carlos Ramón González, quien se reeligió como diputado de Santander ese año. Además, en el Sena Santander hay denuncias de la supuesta injerencia burocrática de Luz Danna Leal. 

González también se movió de frente para influir en cargos más visibles aprovechando su cargo en el Dapre. 

Fue el artífice de la reunión en Casa de Nariño entre Petro y el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, que concluyó con que Hernandez recibiría el apoyo del petrismo en su aspiración a la Gobernación de Santander. Incluso, ofreció un ministerio a uno de los candidatos que le competían con más fuerza a Hernández para sacarlo de la campaña.

En Santander, González también tiene vasos comunicantes con Girón, municipio al que la Ungrd le entregó contratos por 347 mil millones de pesos, en vísperas de las elecciones de 2023, durante la administración de Olmedo y Pinilla. 

El grupo de González ha mantenido poder político en ese municipio, que es el quinto más grande de Santander, como aliado del actual director administrativo de la Cámara de Representantes, Jhon Abiud Ramírez. 

Petro anunció vía X que suspendería el giro de los recursos comprometidos para ese contrato en Girón.  

Desde febrero, González está al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia, entidad que se encarga de la inteligencia y contrainteligencia de Presidencia, y que, entre otros, recauda información estratégica para la seguridad nacional. El DNI es el equivalente a la CIA en Estados Unidos o el MI6 para el Reino Unido. Ese nombramiento refleja la confianza que tiene en González el presidente Petro.

El poder en la Alianza Verde, entre las sombras

Carlos Ramón González es uno de los cofundadores de la Alianza Verde. Ha estado 30 años detrás de todas las decisiones de ese partido. Estuvo ahí cuando arrancó como Alianza Democrática, cuando pasó a llamarse Opción Centro, cuando mutó a Partido Verde Opción Centro, cuando pasó a ser solo Partido Verde y cuando se convirtió en Alianza Verde.

En 2023, cuando entró formalmente al gobierno Petro, fue la primera vez en tres décadas que González dejó de ser directivo de ese partido. Sin embargo, sigue ejerciendo su influencia a través de Rodrigo Romero, elegido en 2023 como uno de los copresidentes.

Romero es un viejo aliado de González, entró a figurar en la Alianza Verde, cuando ese partido se llamaba Opción Centro. Para entonces, Romero era conocido en Santander por su activismo entre los sindicatos de educadores, y también por ser parte del grupo político del exsenador Luis Alberto “El Tuerto” Gil, otro desmovilizado del M-19 que terminó condenado por parapolítica. 

Como contó La Silla en esta investigación, Romero fue representante a la Cámara de Opción Centro tras una alianza en la que se apoyaron mutuamente con Gil, quien se eligió senador. Desde los escándalos que sacudieron a Gil, Romero se quedó al lado de Carlos Ramón González. 

Con González, Romero escaló dentro del verde hasta manejar administrativamente el partido. En la práctica, Romero heredó las banderas de González, quien, además de copresidente, estaba pendiente de esas labores hasta que renunció para entrar al gobierno Petro.  

Si bien el partido tiene a otros dos copresidentes, Antonio Navarro Wolf y Antanas Mockus, la sensación interna es que sus liderazgos son más simbólicos que prácticos, debido a que ambos tienen quebrantos de salud.

Desde que estalló el escándalo de la Ungrd, la bancada de congresistas está pidiendo una reunión urgente, pero Romero dijo que solo la programaría hasta el miércoles porque primero “tiene programadas otras reuniones para el mismo tema”. Un sector de los congresistas siente que retrasarla los perjudica. “Todos estamos pagando los platos rotos pero no todos somos aliados del gobierno”, le dijo a La Silla uno de los congresistas verdes que pidió no ser citado. 

Esa escena, en parte explica cómo influye el poder de González en la sombra. Y su empañado debut en la política es el que explica por qué González eligió moverse fuera de los reflectores.

Cuando ocurrió la desmovilización del M-19, donde tenía el alias de “Mario Santander” y se conoció con Petro, González intentó ser protagonista. Se convirtió en jefe político de la Alianza Democrática M-19 en Santander, fue representante a la Cámara y cuando no logró reelegirse a mediados de los 90 se lanzó con éxito como concejal de Bucaramanga.

Pero, justo cuando cruzaba por la mitad de su segundo periodo como concejal de Bucaramanga, protagonizó un escándalo que concluyó con una condena en su contra por hechos de corrupción. 

Fue acusado de usar una corporación llamada Alborada, que trabajaba con desmovilizados del M-19, para suscribir irregularmente contratos de vigilancia con el Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabú. 

En el expediente queda claro que la fundación despachaba en la misma sede política de Carlos Ramón González, que compartían contador, que plata de los contratos llegó a sus manos, que fue utilizada en política, y que, incluso, fue registrada a través de pagos a terceros para volarse los topes electorales de la campaña en esa época.

Dentro de los terceros que ayudaron a desviar la plata está el nombre de Luz Dana Leal, esposa de Carlos Ramón González y hoy alta funcionaria del Sena. 

Aunque todos esos hechos quedaron probados en el expediente, en 2004 González terminó condenado solo por el delito de falsedad en documento privado por haber ocultado gastos de campaña. Se concluyó que, aun cuando había recibido plata de los contratos de la fundación para financiar su campaña, el uso de ese dinero no podía ser considerado ilegal debido a que los objetos sí se ejecutaron.

La manera en que funcionaba Alborada guarda similitudes con el funcionamiento de otras corporaciones con las que González, sus familiares y miembros del Verde han sido contratistas públicos: han compartido las mismas sedes, así como contadores y revisores fiscales.

El otro poder de Carlos Ramón: contratista y prestamista 

Carlos Ramón González tiene otro eje de poder en una financiera llamada Dansgold, que fundó en 2008 junto a su esposa Luz Dana Leal, la hoy funcionaria del Sena. 

Esa financiera es el banco de los verdes. Entre 2017 y 2019 esa empresa le prestó 3.150 millones de pesos al partido Verde.

En 2022, entre junio y agosto, Dansgold le hizo dos préstamos por 700 millones de pesos al partido y esta vez incluso figuró con nombre propio Carlos Ramón González dándole crédito a los verdes por otros mil millones más.

Dansgold ha compartido revisores fiscales con las corporaciones Sor Teresa de Calcuta y Asís de Colombia . Ambas actualmente contratan con el estado operando comedores comunitarios de Bogotá y, como reveló esta investigación de La Silla Vacía, están vinculadas a González, su familia y militantes del verde. 

Además, hay otras dos corporaciones que también operan comedores comunitarios en Bogotá con vasos comunicantes con González y su familia: la corporación Siembra Futuro y  Corporación para el Desarrollo Social Humano Ser.

Son contratos que ganan todos los años y por los que cada una de las corporaciones maneja entre 400 y 700 millones de pesos anuales. 

Mientras se conocen detalles de lo que dirán tanto López como Pinilla, González seguirá dando directrices en la entidad que se encarga de coordinar toda la inteligencia y contrainteligencia de Presidencia. 

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En 2023 la Organización Ardila Lülle (OAL) a través de cinco de sus empresas, hizo 26 donaciones que suman 7.367 millones de pesos. Los beneficiados son 9 de las colectividades más representativas o visibles; aunque para la del presidente, la Colombia Humana, no hubo.

El Consejo Nacional Electoral publicó los reportes de ingresos de los partidos políticos en 2023 y La Silla Vacía revisó cada uno y extrajo la información de las donaciones de cada empresa privada. Hay desde pequeños aportes por 2 millones de pesos hasta 1.120 millones de pesos el más alto. 

De los 35 partidos inscritos en 2023, solo 11 recibieron plata de empresas privadas, incluyendo la Colombia Humana. Tras hacer un barrido entre las empresas que donaron más de 100 millones de pesos (a una o más colectividades), revisando cuáles hacen parte del mismo grupo empresarial o comparten dueños mayoritarios, La Silla identificó el top de los privados que más aportaron plata para los partidos en 2023.

Son donaciones legales y registradas en las cuentas de cada partido político. A diferencia de las campañas presidenciales, las empresas sí pueden donar a los partidos para las elecciones regionales y de Congreso. Y si en los reportes no queda especificado para qué es la donación, el partido decide si gastarla en campaña o en su funcionamiento.

Entre las empresas que más plata regalaron para la política hay 3  grupos empresariales poderosos, dos constructoras, una minera, una empresa de lácteos, dos grandes de las bebidas y el misterioso mecenas del petrismo. 

Las empresas que más donaron

En total, las donaciones sumadas de los pesos pesados del sector privado en la política sumaron 20.500 millones de pesos en 2023.

Detrás del aporte de la Organización Ardila Lülle, en segundo lugar está Bavaria, de la que la familia Santo Domingo aún conserva el 13 por ciento de las acciones. Su grupo empresarial, Valorem, también aparece en la lista de los mayores donantes, en el puesto 11.

De tercero está Luis Carlos Sarmiento Angulo. Mientras en 2022 aportó a nombre propio y con la empresa Adminegocios, en 2023 la benefactora fue Inversiones Escorial, del Grupo Aval. 

El cuarto mayor donante es Coca Cola Femsa, a través de dos empresas: Compañía de Servicios Comerciales, Atencom, e Industria Nacional de Gaseosas SA. 

Y en el quinto lugar está Santiago Vargas, dueño de Negocios Varvill, quien se consolidó como el principal financiador de la Colombia Humana, el partido del presidente Petro. 

En 2022 la empresa de Vargas donó 650 millones de pesos al partido y en 2023 repitió con 928 millones de pesos. A pesar de las críticas del presidente Petro a congresistas de partidos que recibieron plata de privados, su propio partido tiene un mecenas con intereses empresariales que no son claros.  

En el sexto lugar está la familia Echeverri Jaramillo, dueña de la Constructora Capital Bogotá. Esa y otras tres empresas de su grupo hicieron pequeñas pero repetidas donaciones a los partidos Liberal, Conservador, Cambio y Verde. 

Detrás está la Comercializadora Milpa, de propiedad de Miguel Antonio Parra, empresario del carbón. En octavo lugar aparece la industria de los lácteos con Freskaleche, empresa filial de Alquería de la familia Cavelier. Luego la constructora de Gustavo Jaramillo Mora y finalmente el grupo Colpatria, históricamente dirigido por Eduardo Pacheco Cortés. 

OAL es el gran benefactor de los partidos

El grupo del fallecido Carlos Ardila Lülle tiene intereses variopintos. Son dueños de Postobón y tres ingenios azucareros nacionales (Incauca, Risaralda y Providencia) y uno internacional. Además tiene una concesionaria y es dueño del Atlético Nacional. 

En 2022, año de elecciones presidenciales, la OAL donó 17 mil millones de pesos. Para 2023 redujo la bolsa a un 41 por ciento. Y esta vez no hubo ni para el Nuevo Liberalismo ni para Dignidad, dos de los grandes derrotados en las elecciones a Congreso de 2022. 

La empresa que puso más plata de la Organización Ardila Lülle es Gaseosas Lux, filial de la gigante Postobón. Y el partido que más recibió fue el Liberal: 1.695 millones de pesos. Le sigue el Partido de La U, con 1.595 millones de pesos. 

La cadena radial RCN figura entre las donantes con una única donación por 285 millones al Partido de La U. 

Los partidos con más plata de empresas 

Los dos partidos políticos que más reciben plata de los privados son el Liberal y el Partido de La U. Para efectos de los resultados de las elecciones regionales son también los que más ganaron gobernaciones: liberales 11 y La U 10, en coaliciones o solos. Además, el  Partido Liberal también es el más votado en Concejos municipales, con 2.4 millones de votos. 

El segundo, tercer y cuarto lugar en donaciones lo ocupan colectividades que representan las clases políticas tradicionales: el Partido de La U, el Centro Democrático y el Partido Conservador. 

Y en quinto lugar está el partido Verde que a su vez es la colectividad a la que más empresas del top de benefactores aportaron: 9 de las 11 con donaciones superiores a 100 millones le dieron plata. 

“Las empresas privadas aportan todo el tiempo, sin reparar en si son elecciones regionales o nacionales. Por dos razones: ayudar a la democracia o para recibir beneficios impositivos, influencia”, le dijo a La Silla un exdirectivo de una de las colectividades que más recibe donaciones. 

Sin embargo, la cantidad si varía según la contienda electoral. Tanto los Santo Domingo, como Luis Carlos Sarmiento Angulo  y la Organización Ardila Lülle, fueron también los principales donantes de los partidos en 2022 pero la plata se redujo sustancialmente. En los tres casos, a menos de la mitad. 

Los aportes de grandes grupos son sustanciales para los partidos

Eso lo ilustra el caso del mayor donante privado. Para 6 de los 9 partidos a los que la Organización Ardila Lülle aportó, esa plata representa más del 30 por ciento de lo que recibieron en total por donaciones. Para la ASI, por ejemplo, es el 75 por ciento. 

El Centro Democrático reportó inversiones de campaña por 4 mil 800 millones de pesos, por lo que los aportes de las empresas de Ardila Lülle constituyen casi una cuarta parte de esos gastos. De hecho, el total de lo que recibió en grandes donaciones es más de la mitad de lo que gastó en campaña. 

Estos datos muestran la dependencia alta que tienen los partidos de un grupo reducido de empresas del sector privado, más allá del dinero que les aporta el Estado.  

La norma de esas donaciones dice que pueden ser usadas tanto para gastos de funcionamiento del partido como destinarse específicamente para campañas de uno o varios candidatos. 

Eso es clave porque las donaciones específicas para financiar candidatos tienen un tope del 10 por ciento de lo que valga la campaña en total, y podría explicar por qué los aportes de un mismo grupo vienen de empresas distintas.

La manera como se gasta esa plata depende del director del partido, y es un proceso con poca transparencia y trazabilidad.

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