Carmelina Yule Paví fue asesinada el 17 de marzo de este año. La líder, de 62 años, era mayora Nasa del resguardo Kiwe Thegna en Toribío, Cauca. En 2019, había trabajado como coordinadora del programa Mujer del Territorio en ese municipio. Nada evitó la matara que el frente Dagoberto Ramos, del Estado Mayor Central, mientras Yule exigía la liberación de un menor reclutado por esa disidencia.
Por el asesinato de Yule, el presidente Gustavo Petro anunció el fin del cese al fuego bilateral que tenía el gobierno con esa disidencia. Una decisión entendible, pero que agrava los riesgos para la vida de los líderes sociales. Como Yule, a lo largo del primer semestre de este año, han sido asesinados 90 en todo el país.
La Silla Vacía revisó la información del seguimiento que hicieron la ONG Indepaz y la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP del asesinato de líderes sociales a lo largo del año para consolidar una base de datos propia. Para hacerlo, La Silla tomó la información de los líderes que coinciden en las dos bases de datos y complementó esa información con reportería propia sobre cada uno de los casos para establecer qué tipo de liderazgo ejercían las víctimas.
El resultado, es igual a los primeros seis meses del 2023 —cuando hubo 90 asesinatos—. Así fue la variación mensual de estas muertes a lo largo del primer semestre de 2024:
Valle entra en los departamentos más peligrosos
En la celebración de año nuevo, Eliécid Ávila, concejal electo por el Partido Conservador en Tuluá, estaba en su casa, en el barrio La Victoria. No llegó a la cuenta regresiva del San Silvestre, porque dos sicarios entraron a la fiesta y le dispararon. Murió dos días después y se convirtió en el primer líder asesinado en 2024.
Como Ávila, en el departamento del Valle fueron asesinados 10 líderes sociales. Desde hace dos años, Antioquia, Cauca y Nariño se consolidaron como los departamentos más peligrosos para los líderes, pero en este balance Valle supera a Nariño (en donde solo hubo un asesinato en estos meses) y llega al tercer puesto.
“La situación en el suroccidente del país es compleja”, dice Ana Gimena Sánchez, directora regional para los Andes de la Oficina de Washington para América Latina (Wola). “Vemos que la situación en Cauca ha empeorado por la ruptura con el EMC, y eso está impactando también al Valle del Cauca porque están conectados”.
Desde que el gobierno Petro rompió el cese al fuego con el Estado Mayor Central, el Cauca ha sido testigo de un recrudecimiento de la violencia que obedece, por un lado, a la fortaleza militar de esa disidencia de las Farc y, por otro, a la puja por el manejo de las economías ilegales con la Segunda Marquetalia, la otra disidencia; y el ELN.
La mitad de los asesinados en el Valle, un total de cinco líderes, vivían en Tuluá, que se consolidó como el municipio más violento para líderes sociales en este año. En ese municipio, más que la puja entre guerrillas, la violencia es provocada por la banda local La Inmaculada, que le declaró la guerra al alcalde Gustavo Vélez, quien está amenazado desde la campaña a las regionales.
Los líderes asesinados en ese municipio hacían parte del partido del alcalde, el conservador, o trabajaban con su alcaldía.
A Tuluá le siguen los municipios de Tame, Arauca, en donde fueron asesinados cuatro líderes; Quibdó, Chocó, también con un saldo de cuatro; y Puerto Asís, Putumayo, con dos asesinatos.
Más de la mitad fueron asesinados en un municipio Pdet
Marián Rodríguez Camelo era la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Unibrisas, en el municipio de Mapiripán, Meta. Originalmente, venía de Fortul, Arauca, en donde fundó el Espacio Autónomo Departamental de Mujeres Nosotras para Nosotras. Fue asesinada el 4 de junio. Aunque no se ha confirmado el responsable, los indicios apuntan al Frente 39 del Estado Mayor Central.
Mapiripán, en donde fue asesinada Rodríguez, es un municipio que hace parte de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, los famosos Pdets. Este es el principal instrumento del Acuerdo de Paz de 2016 para transformar el territorio, pues el gobierno nacional asumió un compromiso para financiar, ejecutar, dinamizar y entregar obras en esos municipios priorizados.
Mapiripán es uno de los 42 municipios Pdet en los que asesinaron a un líder en 2024.
Para Francisco Daza, coordinador de la línea de paz territorial y derechos humanos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la violencia en estos municipios priorizados responde a una tormenta perfecta provocada por la baja implementación del Acuerdo de Paz en el gobierno Petro y que no han terminado de aterrizar las apuestas de la paz total del gobierno. Lo que ha hecho que estos municipios sigan siendo violentos, como lo eran cuando se priorizaron en 2016, y que los líderes de estos territorios sigan bajo peligro.
El avance de los Pdet es una de las grandes deudas del gobierno Petro con la implementación del Acuerdo de Paz.
Raúl Delgado, como director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y uno de los encargados de la implementación en este gobierno, se ha concentrado en revisar y organizar la implementación de las 32 mil iniciativas de proyectos aprobadas para los Pdets. En esa tarea, ha llegado a la conclusión, que comparte con el presidente Petro, de que no hay plata para cumplir esos planes territoriales y que tomará tiempo priorizar esta política.
El objetivo del gobierno es hacer una inversión de $18 billones en los Pdet. De acuerdo a las cifras de esta entidad, hasta ahora han invertido $4,26 billones. Es decir, apenas el 28 por ciento de la meta, a la mitad del periodo presidencial. Según dos expertos y Pastor Alape, exmiembro del Secretariado de las Farc, el tema de falta de plata es cierto, pero además hay una falta de voluntad del gobierno para su correcta implementación.
Los líderes comunales siguen siendo los más amenazados
Cristian Alberto Castrillón fue candidato al Concejo de Caldas, Antioquia, y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda. El líder también trabajó como vicepresidente del acueducto multiveredal La Quiebra, pero fue asesinado por sicarios en un establecimiento comercial en la vereda La Tolda, en ese mismo municipio.
Castrillón cumple con las dos principales causas que han puesto a los líderes sociales en la mira de los grupos armados que los asesinan: era un líder asociado a una Junta de Acción Comunal y un político.
Dentro de los líderes comunales, los presidentes, vicepresidentes o tesoreros de Junta corren especial peligro. En este semestre, 14 líderes comunales que ocupaban estos altos cargos fueron asesinados.
Aunque en la mayor parte de los casos no se tiene certeza de quién asesina a un líder, las Juntas de Acción Comunal son la primera forma de institucionalidad que funciona en las regiones. Por eso, los liderazgos comunales se convierten en un blanco para los grupos criminales que quieren controlar el territorio.
Así ocurrió con Abelardo Quintero, presidente de la JAC en la vereda de El Mango en Puerto Guzmán, Putumayo. En este municipio hay una fuerte puja entre el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, y los líderes comunales quedan en la mitad de esa lucha por el control territorial.
“La amenaza contra liderazgos comunales responde más a la dinámica misma de los grupos ilegales y el acercamiento de estos a la sociedad civil a través de las Juntas de Acción Comunal, ellos son los primeros que reciben, para bien o para mal, los mensajes de los ilegales”, explica Daza, de Pares.
Este riesgo en el que continúan los líderes comunales se puede agravar una vez comiencen a recibir los cuantiosos dineros públicos que este gobierno quiere contratar con las Juntas de Acción Comunal como parte de su apuesta por la economía popular.
Líderes políticos en la mira
De los 90 líderes asesinados en este semestre, 10 eran líderes políticos. Entre los asesinatos hay tres que militaban en partidos que hacen parte del Pacto Histórico, la coalición del presidente Petro. Cuatro de ellos militaban en el Partido Conservador y estaban asociados al alcalde de Tulúa, dos en el Liberal, y uno en Cambio Radical.
“Es un coletazo de las elecciones. Pese a las advertencias que hubo el año pasado sobre la violencia en algunos territorios para las regionales, incluso con la propuesta del exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo, de mover las elecciones, terminaron siendo relativamente tranquilas”, explica Daza. “Lo que ocurre es que los grupos armados permitieron que los líderes llegaran a sus cargos y ahí empezaron a pedir cosas. Ahí ven quiénes no están colaborando y ellos se llevan su amenaza”, agrega el investigador de Pares.
Las muertes de profesores sindicalizados
Los profesores son el tercer grupo de líderes asesinados, con siete muertes. Entre ellos está Efrén de Jesús Zapata, quien hacía parte de la Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba, pero fue asesinado en Cáceres, Antioquia, el pasado 26 de marzo. También está Eliécer Guevara Rojas, quien hacía parte de la Asociación de Educadores del Cesar (AduCesar) y fue asesinado en Valledupar en febrero.
Las dos organizaciones son sindicatos de maestros que hacen parte de Fecode, la agrupación más grande de este gremio a nivel nacional y uno de los bastiones clave del actual gobierno.
“Por mucho tiempo hubo mucha presión política para la protección de líderes sindicalistas, por acuerdos comerciales o los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, y eso se ha caído. Y desafortunadamente, con la baja de la mirada internacional, la situación de los líderes sindicalistas se ha hecho más peligrosa”, explica Sánchez, de Wola.
Se ha reducido la amenaza contra los líderes indígenas
Yoli Áchito Rojas era miembro de la guardia indígena de la comunidad Alto Tumandó, en el municipio de Alto Baudó, Chocó. Además, era el personero estudiantil de la Institución Educativa Ikaba de Puesto Indio en el Resguardo Río Jurubirá Chorí y Alto Baudó. Fue asesinado el 29 de marzo, por un grupo de hombres que entraron armados a Puesto Indio.
Como él, un total de seis líderes indígenas fueron asesinados en el primer semestre de 2024. Esto equivale a un 7% del total de asesinatos contra una población que representa solo el 3,4 % del total de colombianos.
En el balance de líderes asesinados del 2022, los liderazgos étnicos, particularmente los líderes indígenas fueron “desproporcionadamente” victimizados. Pues en ese año, el 20% del total de líderes asesinados fueron indígenas. Esta proporción se redujo para 2023. No es claro por qué.
La justicia se mueve más rápido cuando llega de Twitter
“Ha sido asesinado el periodista Jaime Vásquez en Norte de Santander, su oficio era denunciar la corrupción. Espero de la Fiscalía la más profunda investigación”, trinó el presidente Petro el 14 de abril. Ese día, en Cúcuta, fue asesinado Jaime Vásquez, periodista, abogado y veedor de la capital de ese departamento.
Tan solo 12 días después, Alejandro José Arias fue enviado a la cárcel. Hacía parte de la banda delincuencial AK-47, en donde era conocido como alias “El Puré” o “El Cojo”. Llegó a la cárcel mientras avanzaba en su contra el proceso por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y concierto para delinquir por el asesinato. Arias no aceptó los cargos.
El caso del asesinado veedor es una excepción, pues solo cuatro de los 90 asesinatos ocurridos durante este semestre han terminado en capturas.
La impunidad de los asesinatos de líderes ya ha sido reconocida por las altas cortes. En diciembre del año pasado, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional por la situación que viven los líderes sociales en el país.
Entre las medidas que generó la declaratoria, se incluye la orden a varias entidades, como el MinInterior, la UNP y la Fiscalía, de adoptar medidas específicas para garantizar la seguridad, integridad y la vida de los líderes.
“La Corte llamó la atención a la Fiscalía porque esta entidad tiene vacíos en el esclarecimiento de estos crímenes”, explica Daza, de Pares. La diferencia está en que, para la Fiscalía del exfiscal Francisco Barbosa, el esclarecimiento significaba que el caso estaba bajo investigación. Mientras que para la Corte, para decir que un caso se ha esclarecido debe el perpetrador debe haberse judicializado. “Volverse a ganar esa confianza será uno de los retos de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo”, dice el investigador.
Este año, no se tiene certeza de quién cometió 63 de los 90 crímenes.
Además de las dudas extra que generan los 15 casos de sicariato, pues a través de esta modalidad grupos criminales como el Clan del Golfo o las disidencias de las Farc pueden asesinar a líderes sin, necesariamente, enviar a uno de los suyos a cometer el crimen.
La indignación de los influencers por los asesinatos prácticamente ha desaparecido
“Van 66 líderes sociales asesinados en el 2024, pero Adriana Lucía no dirá nada”, trinó la influenciadora de derecha Ani Abello el pasado 15 de mayo, denunciando el asesinato de Sandra Lorena Anacona. La lideresa era miembro del resguardo de Canoas, en Santander de Quilichao, Cauca. Y había participado en varias movilizaciones y asambleas comunitarias antes de ser asesinada en la vereda Patico, en ese mismo municipio.
Como esa denuncia, Abello ha trinado en cuatro ocasiones sobre el asesinato de líderes en 2024. El año pasado alcanzó 17 trinos. Su preocupación sobre el asesinato de líderes se ha intensificado durante el gobierno Petro, ya que durante todo el gobierno de Iván Duque nunca hizo más de seis trinos sobre el tema al año.
Lo contrario ha sucedido con los influencers de izquierda que han perdido indignación ante el asesinato de líderes sociales durante el gobierno Petro.
Pese a que el asesinato de líderes persiste en el país, el fenómeno es cada vez menos visible en las redes, pues las denuncias de estos crímenes se utilizaron durante el gobierno Duque como una herramienta política para hacerle oposición al mandatario de la derecha.
En 2019, hubo un aumento en los trinos sobre líderes sociales asesinados según una revisión de los 36 influenciadores políticos más relevantes en Twitter del Atlas de los influenciadores políticos de La Silla Vacía. La revisión consistió en mirar, año a año, cuántos trinos publicó cada uno de los influenciadores sobre asesinatos de líderes. En total, las cuentas alcanzaron un pico de 623 trinos sobre el tema en 2019.
Pero la cifra ha bajado desde la llegada de Petro al gobierno, en 2022 fue de 199, en 2023 de 117 y en lo que va del año solo llega a 55 trinos entre las 36 cuentas.
De esos 36 perfiles, La Silla sistematizó las 10 cuentas que más trinaban sobre el asesinato de líderes sociales en 2018. Juntas sumaron un total de 323 trinos sobre estos crímenes en 2018, 400 trinos en 2019 y 329 en 2020. Desde que empezó el gobierno Petro, las cifras han caído a 134 en 2022, 83 en 2023, y 42 en lo que va del año.
La representante María Fernanda Carrascal, por ejemplo, fue la gran denunciante en Twitter del asesinato de líderes, con 121 trinos en 2018 cuando asesinaron a 252. Lo cual contrasta con ningún trino el año pasado, cuando murieron 177. O los escasos 3 trinos desde que arrancó este año, a pesar de que su voz hoy tiene mucho más peso por ser congresista y que han sido asesinados 90 líderes parecidos a los asesinados en la época de Duque.
La falta de interés sobre la violencia contra líderes de los líderes mediáticos y políticos se refleja también en una drástica baja en el interés ciudadano en el tema, medido por las búsquedas en Google, según Trends. Esta herramienta toma muestras sobre los conceptos que se buscan en una ubicación determinada. Según la intensidad de búsqueda, les asigna un puntaje entre 0 y 100 a los momentos específicos en los que el concepto es menos o más buscado, respectivamente.
La Silla revisó, mes a mes, el interés de búsquedas del concepto “líderes sociales” desde enero del 2018 hasta junio del 2024. Así, agregó los puntajes de búsquedas mensuales para comparar el interés de búsqueda entre enero y julio de cada uno de los últimos años.
“Si bien hay una reducción en los números de asesinatos, hay todavía amenazas, ataques, acciones complejas contra ellos. Cuando más se llama la atención sobre este tema, particularmente desde una mirada internacional, más protegidas se sienten las personas, porque creen que habrá más consecuencias si les pasa algo, pero eso no es un sistema de protección efectivo”, concluye Sánchez, de Wola.
Con cada vez menos indignación pero con las mismas condiciones de inseguridad para los líderes, el tema aún no tiene una respuesta de parte del gobierno Petro. Esto a pesar de que arrancó su presidencia con una apuesta anunciada con bombos y platillos para proteger a los líderes a través de los Puestos de Mando Unificados por la Vida.
Desde los primeros 100 días de gobierno, sin embargo, el tema se ha reducido a encuentros con líderes. El último, el viernes pasado en Popayán, terminó con reclamos de esta población al presidente para que por favor tome medidas para evitar que los maten. Petro se salió del recinto sin responderles a los asistentes.
