La EPS Sura, el brazo de la salud del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), le pidió al gobierno su retiro voluntario del negocio de aseguramiento obligatorio. Sura es la tercera EPS con más afiliados del país, con 5,4 millones de personas, y es la más grande que no estaba intervenida, luego de que la Superintendencia tomó el control de Sanitas y Nueva EPS.
El anuncio de su retiro se hizo con todo el ruido luego de 34 años de funcionamiento. Fue en una rueda de prensa, en la que la presidenta, Juana Francisca Llano, leyó un duro comunicado. “El tiempo se agotó, y en este momento se deben tomar medidas para evitar un mayor deterioro que le impida a EPS Sura cumplir con sus obligaciones”, dijo Llano. EPS Sura es una de las aseguradoras mejor calificadas del país, y hace parte de un poderoso conglomerado financiero paisa, dueño, entre otros, de Bancolombia.
La Superintendencia de Salud, la entidad del gobierno que debe aprobar o negar la solicitud, tiene algo más de tres meses para hacerlo. El gobierno y EPS Sura afirman que todos los servicios para los pacientes seguirán funcionando normalmente mientras tanto.
¿Por qué importa?
La decisión consuma la “crisis explícita”, como la llamó la exministra Carolina Corcho, del sistema de salud colombiano. Sura hacía parte de un grupo de EPS que estaba negociando una reforma consensuada con el gobierno Petro, tras el hundimiento del proyecto inicial de reforma en el Congreso. Su solicitud de retiro, que implica que busca trasladar todos sus afiliados a otras EPS, envía la señal de que ese acuerdo está roto.
Sin reforma, y sin una acción del gobierno para solucionar la crisis financiera estructural del sector salud, que durante estos dos años el Ministerio de Salud ha agravado con sus acciones y omisiones, se abre el camino hacia la destrucción irreversible del sistema de salud que atiende millones de enfermos.
No se trata de un escenario hipotético. Su espejo es la reciente reforma al sistema de salud de los maestros —que el gobierno Petro presentó como un piloto del nuevo sistema de salud al cual está llevando por vía administrativa al sistema actual— y que en menos de un mes ya ha deteriorado el servicio para miles de profesores. En el pasado, las intervenciones de EPS como Medimás y Saludcoop dejaron a pacientes sin atención por el temor de los hospitales a prestar servicios que luego las EPS intervenidas no les pagan. Según un estudio, la mortalidad de pacientes de estas EPS aumentó hasta un 25%.
Hacia allá camina el sistema al cual están afiliados cerca de 50 millones de personas, con consecuencias irreversibles, sobre todo para aquellos con enfermedades graves como la población con cáncer, que en EPS Sura es tres veces mayor que en otras EPS. Y el presidente Petro no ha dado señales de querer modificar el camino crítico hacia el cual se enfila el sistema. En el caso de EPS Sura, la preocupación por los daños tiene su punto focal más importante en Antioquia, donde esa aseguradora tiene el 53% de sus afiliados, más de 3 millones de personas.
En el mediano plazo, la crisis del sistema está desmontando las instituciones de salud que durante 30 años se habían construido —entre EPS, prestadores y el gobierno— y que en medio de sus problemas estructurales ofrecía un cubrimiento amplio, bajos costos para los pacientes, y un servicio que, según una encuesta de la Andi, era excelente, bueno (34%) o aceptable (39%) para el 73% de los colombianos.
Claves de lo que está pasando
- EPS Sura dice que no le dan las cuentas. Como alertaron varias EPS desde hace casi un año, el pago por paciente que les gira el gobierno (la UPC) no alcanza frente a los servicios prestados. Según el gerente de Sura, de 100 pesos que recibe, se gasta 103 pesos. El déficit se debe a que el gobierno Petro ajustó de manera insuficiente la UPC, pese a advertencias de Sura y pedidos de negociación para ajustar el monto a las necesidades de una población cada vez mayor, con problemas de salud agravados por la pandemia, y un plan de beneficios cada vez más amplio dictado por decisiones judiciales.
- Si la Super aprueba el retiro voluntario, envía a millones de afiliados a buscar otra EPS. Según el decreto 780 de 2016, que regula los traslados cuando el gobierno acepta el retiro de la EPS, los afiliados tienen la opción de buscar una nueva EPS. Si no escogen una, el gobierno los traslada a la mejor calificada que preste servicio en su región. Además de los 5,4 millones de EPS Sura, está en veremos la suerte de otros 2,1 millones de afiliados de Compensar, que hace más de un mes pidió su liquidación, una figura muy similar a la del retiro voluntario. Si la Superintendencia de Salud aprueba estas solicitudes, habrá 7,5 millones de personas buscando nueva EPS, en un panorama donde las otras dos más grandes están intervenidas. Si los afiliados no deciden libremente y deben ser trasladados de manera forzosa, el gobierno no las puede enviar a una EPS intervenida. No es claro para donde irán, sobre todo en regiones como Antioquia.
- Si la Super no aprueba el retiro voluntario de EPS Sura, los caminos son inciertos. La pueden llevar al camino de la insolvencia y a la intervención forzosa de la Superintendencia ya que la misma Sura ha dicho que no cumple con el patrimonio exigido. Si opta por la intervención, el gobierno no tendría que mover los afiliados a otra EPS y si su objetivo es ampliar su control sobre la población asegurada se haría a la magnífica infraestructura de Sura y jugaría de local en la cancha de sus opositores en Antioquia.
- El retiro de Sura es parte del “Shu, shu, shu”, de Petro y la “crisis explícita” de Corcho. La decisión de EPS Sura hace parte de un dominó que predijo el presidente Petro si no se aprobaba su reforma, lo que generaría un efecto dominó. “Si no se hace una reforma al sistema de salud, las EPS se acaban por sí mismas porque es un modelo económico insostenible”, dijo en agosto de 2023 en entrevista con Cambio. Un año antes, la exministra Carolina Corcho había esbozado el camino para que se aprobara su reforma de salud: “Tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio”. Los caminos alternativos que habían propuesto expertos e incluso una orden de la Corte Constitucional desatendida por el ministro de Salud para evitar esta crisis, como subir la UPC, no fueron considerados por el gobierno a pesar de que el mismo ministro Jaramillo le reconoció a la Corte que era insuficiente.
- Y la reforma se hundió. Tras haber presionado financiera y políticamente a las EPS, siguiendo el libreto de generar una crisis, el gobierno sufrió su peor derrota legislativa en abril de 2024, con el hundimiento del proyecto que impulsó durante casi un año en el Congreso. Al Senado llegó la reforma aprobada por la Cámara, pero en la Comisión Séptima enfrentó a una mayoría que la hundió, en medio de una agria disputa con el presidente.
- El gobierno responde al hundimiento de la reforma con intervención a las EPS. Días antes del hundimiento de la reforma, cuando estaba cantado que se caía, el nuevo Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, anunció la intervención de EPS Sanitas, la segunda más grande. Tres días después, intervino la Nueva EPS, la aseguradora mixta donde el gobierno tiene el 49% de las acciones. La crisis explícita se había desatado, siguiendo un libreto para tomar el control del aseguramiento en manos de privados. Con ambas EPS, el gobierno tiene bajo su control, bajo la figura de la intervención que se mantiene aún, a cerca de la mitad (25,1 millones) de los 50 millones de afiliados del sistema, y a la espera de saber si se liquidan otros 7,5 millones de EPS Sura y Compensar.
- El acuerdo del gobierno y las EPS por una nueva reforma buscaba evitar una nueva intervención. La negociación fue un ejercicio de seducción con mano dura al principio y corazón grande al final. Dos semanas después de las intervenciones, Acemi, el gremio más grande de EPS, y la Presidencia anunciaron que habían llegado a un acuerdo para presentar una nueva reforma a la salud. La reforma mantenía puntos de honor del gobierno Petro, como que manejaría toda la plata, pero conservaba y mejoraba el negocio maltrecho de las EPS. El nuevo consenso abría la posibilidad de que el Congreso la aprobara, a pesar de que había dejado por fuera de la negociación a las organizaciones de pacientes y a los hospitales, y que tenía problemas que expertos sostenían que la harían insostenible y difícil de aplicar.
- La decisión de Sura revienta ese acuerdo. EPS Sura era uno de los firmantes más importantes del acuerdo y del consenso sobre la nueva reforma. Su solicitud de retiro envía la señal de que se para de la mesa. Eso deja a Acemi, el gremio, en una posición compleja, con muy poco margen político para seguir apoyando el acuerdo. Sobre todo, con el espejo del piloto del gobierno de su reforma de salud en el sistema de los maestros.
- El desastre del piloto de los maestros confirma los temores de la reforma consensuada con EPS. El piloto se lanzó el 1 de mayo con el apoyo de Fecode, el sindicato de profesores que ha sido aliado, financiador y sostén de las movilizaciones del gobierno Petro en las calles. Los profesores ya tenían un sistema de salud especial, manejado por un fondo llamado Fomag. Era una especie de EPS solo para profesores, que por su trabajo tienen un régimen de salud especial. El gobierno diseñó un nuevo modelo, en donde la Fiduprevisora, una sociedad de economía mixta del MinHacienda, se convertía en el pagador único y asegurador del nuevo sistema, que replicaba elementos centrales de la reforma de salud consensuada. Por ejemplo, un régimen tarifario, una relación más estrecha con las redes de salud públicas y la ausencia de una EPS que guíe a los afiliados. En menos de un mes que lleva funcionando, ha mostrado desarticulación, peleas internas en el gobierno, riesgos de corrupción y, lo más grave, fallas generalizadas en la atención de salud.
- La solicitud de retiro se adelanta a una eventual intervención: con la decisión de pedir el retiro voluntario del sistema, Sura evita seguir la suerte de las EPS intervenidas y puede mantener el control de la transición de los afiliados, causando un daño menor a lo que podría pasar si el gobierno decide intervenirla porque técnicamente podría. El gerente de la EPS, Pablo Otero, afirmó que la decisión se tomó porque el proceso de la reforma no estaba avanzando a la velocidad que esperaban, e insinuó que el gobierno ya avanzaba en la solicitud información “para analizar la desfinanciación de la que estamos”, le dijo a El Espectador.
Qué dicen los protagonistas
- Petro insiste en que el sistema es insostenible y busca culpables. “Las empresas prestadoras de salud convertidas en aseguradoras no pueden sostenerse (…) El gobierno propuso transformarlas en gestoras de salud, asumiendo el Estado el papel de asegurador universal. El senado hundió la propuesta y como lo dije desde hace más de un año, al hundir la reforma a la salud se produce un efecto dominó de quiebra de EPS”, le respondió el presidente en Twitter a Ana María Vesga, la presidenta de Acemi.
- El Superintendente de Salud Luis Carlos Leal afirmó que es necesario analizar detalladamente la solicitud y verificar si cumple con los requisitos legales para proceder con el estudio y aprobación del plan de retiro progresivo. Leal dijo que la crisis financiera de Sura no es un problema exclusivo de este gobierno, sino el resultado de deficiencias administrativas y malos manejos financieros en años anteriores.
- Vesga alega que las EPS pidieron ayuda pero el gobierno no escuchó. “El ajuste de la UPC impuso mayores cargas a las EPS y destinó crecientes recursos a fines distintos a la atención en salud de la población (…). Estamos presenciando la destrucción del mayor avance social del país en toda su historia. Irreversible.”, sostuvo Vesga.
- Llano, de Sura, reconoce que la situación se les salió de las manos. “Hemos modificado nuestros modelos operativos tratando de ser más eficientes (…). Conversamos con el Gobierno, conversamos con el Congreso, conversamos con muchas, muchas, muchas instancias, personas e instituciones para evitar llegar a este punto”, dijo la presidenta de Sura, Juana Llano, en diálogo con El Colombiano.
- “Fico” responsabiliza a Petro de ahogar al sistema. “Lo que no pudieron hacer a través de la Ley, lo lograron ahogando financieramente a las EPS. Hasta que Petro acabó con el sistema de salud. Pone en riesgo la vida de la gente”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tras precisar que más de tres millones de los afiliados de Sura están en Antioquia (1,6 millones están en Medellín).
- Gaviria dice que la ideología estuvo por encima de la gente. “Nunca se tomaron en serio el problema. Ni siquiera trataron de entender los asuntos de fondo. Dejaron acumular las tensiones financieras de manera irresponsable. Los pacientes nunca importaron. La ideología siempre estuvo por encima de la gente”, expresó en redes el exministro de Educación de este gobierno, Alejandro Gaviria.
- Críticos del gobierno lanzan vaticinios cada vez más oscuros. “El sistema está en jaque mate. Va a ser muy difícil devolvernos a lo que teníamos. Los próximos dos años vamos a ver un deterioro de la atención en salud de las personas que venimos alertando desde el año pasado”, le dice a La Silla dice Iván González, exviceministro de Salud del gobierno de Iván Duque.
Nota: Bancolombia y Grupo Sura son aliados de La Silla Vacía en el proyecto Un Acuerdo para el Futuro.
