“Están asustados”, dijo el presidente, Gustavo Petro, en tono desafiante. “Claro, estamos asustados”, responde Bruce Mac Master, el líder del gremio económico más grande del país, la Andi. “Y es que a Petro le gusta asustar”.
El desafío de Petro fue lanzado en clave política la semana pasada, frente a la propuesta del expresidente, Iván Duque, de armar una alianza de candidatos presidenciales para enfrentarse a la izquierda en 2026. Duque lo propuso en la conferencia de banqueros, Asobancaria. Y la respuesta de Petro fue leída en un contexto más amplio, desde el sector privado, como otro hecho más que erosiona la confianza en el gobierno.
Esas grietas están pasando factura a la economía y al gobierno, a pesar de esfuerzos claros del Ministerio de Hacienda por mantener la ortodoxia fiscal, como reducir los subsidios a los combustibles y recordar el presupuesto. Aun así, los “espíritus animales” de la economía, de los que hablaba el economista John Maynard Keynes, están agitados. La inversión del sector privado, la plata que los empresarios gastan para generar más riqueza en el futuro, en cosas como máquinas y carreteras, ha caído durante más de un año. En 2023, bajó 9,5%. En el primer trimestre de 2024 mejoró algo, pero sigue cayendo 5,2%, según el Dane. “Las contracciones (…) igualan, en duración, a lo observado durante la pandemia”, anota Fedesarrollo, un centro de pensamiento económico.
Eso explica en parte el bajo crecimiento de la economía, y el bajo recaudo del gobierno, que lo obligó a hacer el doloroso recorte presupuestal. Según empresarios, líderes gremiales, economistas y académicos consultados por La Silla Vacía, en medio ha habido muchos golpes autoinfligidos que no hacían parte del programa de gobierno con el que se eligió Petro. Van más allá de las altas tasas de interés del Banco de la República, de la reforma tributaria de José Antonio Ocampo, que castigó al sector privado, de los factores externos y del hecho de tener un gobierno de izquierda. Con características muy similares, en Brasil, con “Lula”, hubo un récord de inversión privada el año pasado.
Estos son los factores claves detrás de una la ruptura evitable de la confianza inversionista:
De los ataques sectoriales a la incertidumbre general
Dos días después de afirmar que el establecimiento estaba “asustado”, Petro anunció en Twitter (ahora X) que iba a suspender la exportación de carbón a Israel, “hasta que se detenga el genocidio”. El mensaje vino acompañado de un proyecto de decreto ya elaborado — que aún no se ha firmado— que tiene una legalidad dudosa y podría acarrear multas millonarias para Colombia.
El presidente pasó de lanzarle pullas en la cara a los empresarios al principio del gobierno, a tomar medidas sectoriales concretas, vía decreto o con acciones administrativas, que rompen las reglas de juego en cada sector. “Cosas como lo del carbón generan desconfianza en todos los empresarios” dice Thierry Ways, dueño de una empresa mediana en Barranquilla y columnista de El Tiempo. “Se siembra la sensación de que para todos puede llegar una medida arbitraria. Para el inversionista, el clima que genera es de desconfianza y de incertidumbre”. Y las medidas de este tipo han llegado en varios sectores.
El petróleo y el carbón como cocaína. Frenar los contratos de exploración petrolera fue una propuesta explícita de Petro en campaña, que hizo efectiva en contra de los consejos de miembros claves de su primer gabinete económico. Pero fue más allá. “La comparación del petróleo con la cocaína envió una señal poco alentadora a los inversionistas”, dice Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Ahora entra al debate el carbón con la prohibición de exportación a Israel.
El sector es una fuente de ingresos tributarios claves, a través de regalías y de Ecopetrol, y el origen de un tercio de la inversión extranjera directa. En abril del 2024, según el Banco de la República, esa tasa de inversión cayó 51% con relación al 2023. A cambio, no hay un plan claro de transición energética, y el gobierno le ha puesto trabas a los proyectos de energía alternativa existentes.
La toma fallida de la Creg para bajar tarifas de luz. En el congreso del gremio de las empresas de servicios públicos, Petro anunció que intervendría la Creg, usando una ley del gobierno Duque. El objetivo era bajar las tarifas de la luz, y “regular los mercados en función del derecho universal”. El Consejo de Estado tumbó el decreto meses después. “Empezó con el sector eléctrico, y siguió con infraestructura y salud”, recuerda Mauricio Reina, analista económico y comentarista de RedMas.
El golpe a la infraestructura con los peajes. En enero de 2023 salió un decreto del MinTransporte congelando las tarifas de los peajes, que según contratos firmados previamente se ajustan anualmente por la inflación. Llegó con la amenaza de Petro de sanciones a quienes incumplieran. El Estado se comprometió a asumir el costo, calculado en $800 mil millones al año, pero al final del 2023 reversó la medida. “Además del costo fiscal, quedó un costo reputacional entre potenciales inversionistas de que el gobierno, en cualquier momento, puede tomar la misma decisión por un tema político”, dice Mejía, de Fedesarrollo. Hoy el panorama de las concesiones 5G es incierto, en un sector que en 2021 puso en inversión el 1,2% del PIB.
El poder de la Súper en la salud. Desde el inicio del gobierno era claro que el programa ganador de Petro incluía una reforma para que la salud “no fuera un negocio”. Pero la intención de acabar con el rol aseguradoras de las EPS fue derrotada en el Congreso. Como retaliación, el gobierno generó una crisis, en parte, utilizando el poder amplio de la Superintendencia de Salud para intervenir aseguradoras. Primero fue Sanitas, una de las que tenía mejores indicadores de satisfacción, luego la Nueva EPS. “Fue la utilización de la policía administrativa”, dice Mac Master, que tiene a varias aseguradoras en la Andi.
Todas las reformas a la vez, y una constituyente encima
Después de haber logrado la aprobación de la reforma tributaria más grande en la historia reciente, el presidente Petro se embarcó en la reforma de toda la seguridad social: salud, pensiones y trabajo.
Las tres reformas, presentadas de forma sucesiva en la misma legislatura, lanzadas con discurso de balcón y manifestaciones sindicales, llegaron con una advertencia del presidente: “Las reformas y la revolución van de la mano, el intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”, dijo en un discurso del 1 de mayo desde el balcón de la Casa de Nariño.
Incluso observadores económicos heterodoxos advierten un error evitable. “Cuando se cambian las reglas de juego, los horizontes de tiempo son relevantes. La estrategia de votar todas las reformas al mismo tiempo no es acertada porque aumenta la conflictividad”, dice Camilo Guevara, profesor de economía de la Universidad Nacional.
Además, todas las reformas tocaban aspectos claves de la manera en la que el sector privado está entretejido con el Estado en Colombia. La salud con la EPS, las pensiones con los fondos privados, y la reforma laboral con el sector del empleo privado, que es el 94%.
El intento por tramitarlas a través de un anunciado “acuerdo nacional” fracasaron. La reforma de salud sucumbió, y le dio paso al mencionado uso de la acción administrativa, mientras que la pensional y la laboral avanzan en medio de la sombra del gran escándalo de corrupción de la Ungrd, y la negociación legislativa al detal en el Congreso.
En medio de este panorama álgido, Petro lanzó su confusa propuesta de una constituyente. “Él ha venido cambiando el discurso. Primero que la Asamblea, luego que el poder constituyente, lo que sea. Pero eso no lo entienden los inversionistas extranjeros, y dicen: ‘aquí hay una discusión sobre un cambio sustancial en reglas de juego’”, dice Mejía de Fedesarrollo. “El presidente es muy simbólico, pero generan incertidumbre porque la gente las ve como un salto al vacío”, agrega Guevara, de la Nacional.
La relación con los privados: con cacaos, pero sin gremios ni pymes
Si algo queda del acuerdo nacional con los empresarios, son algunos proyectos con los grandes ricos de Colombia que empezaron en una reunión muy publicitada de Cartagena. Los llamados cacaos, como Luis Carlos Sarmiento Angulo, y algunos empresarios del Valle, tienen proyectos modestos de cooperación, y una linea directa con Laura Sarabia, la mano derecha de Petro.
Los demás se sienten incomunicados y desprotegidos. “Los cacaos son estructuras económicas que puede que les vaya mal en Colombia, pero ellos tienen inversiones que les ayudan a diluir los riesgos. Los propietarios de pymes no tenemos eso”, dice Ways, que tiene una empresa mediana de alimentos procesados en el Caribe.
De otro lado, desde los grandes gremios, como la Andi y sectores del Consejo Gremial, ven un diálogo roto. “El diálogo tripartito se rompió desde la presentación de la primera reforma laboral, y eso es muy grave, porque es un compromiso ante la OIT”, dice Mac Master, quien también es presidente del Consejo Gremial, el gremio de gremios más grande del país.
Además, con el avance del gobierno, el presidente ha ido perdiendo a interlocutores claves. Ocampo, a pesar de ser señalado desde el sector privado como el responsable de una reforma que golpeó a los empresarios y la inversión, era un interlocutor con una gran reputación. Cecilia López, exministra de Agricultura, también tenía vínculos y credibilidad. Jorge Iván González, era visto como una voz sensata al frente del Departamento Nacional de Planeación. Y Germán Umaña, en MinComercio, había logrado estrechar lazos con exportadores. Ninguno está ya, y sus reemplazos son menos técnicos o más activistas, y todos tienen menos recorrido.
El temor frente a cómo se enfrenta la inseguridad
La seguridad no venía bien desde el anterior gobierno, de Iván Duque. Sin embargo, según la mirada de actores en el sector privado, dos cosas han cambiado.
Por un lado, “todo el mundo trata de no decirlo, pero había una aplicación selectiva del aparato de seguridad, en particular el militar. Con una mirada fundada en los activos estratégicos del país, como los corredores logísticos, las redes de infraestructura, los ingenios, las minas. Y eso, en mi forma de ver para bien, cambió”, dice Jorge Restrepo, economista y director de Cerac, una organización que hace seguimiento al conflicto armado.
Un ejemplo es lo que está pasando en la mina de oro más grande de Colombia, en Buriticá, Antioquia, donde desde la llegada del nuevo gobierno los grupos ilegales vinculados al Clan del Golfo han ganado terreno, como relata este reportaje de La Silla Vacía. “Hay una ruptura de los vínculos del sector privado y las fuerzas de seguridad”, agrega. Reina, por su parte, señala el aumento de la extorsión como otra faceta de este fenómeno.
Colfecar, uno de los gremios más importantes del transporte de carga, ha denunciado que, en lo que va del año, los bloqueos en las vías les han costado al sector 1,1 billones de pesos, producto, entre otras razones, del aumento de la inseguridad en las carreteras.
El segundo cambio que llegó con el gobierno Petro tiene que ver con las negociaciones de paz con el ELN y las disidencias de las Farc. “En la negociación de Santos siempre fueron muy claras las líneas rojas, sobre todo una clave, que tiene que ver con la política de seguridad”, dice Restrepo. Ahora, en cambio, en la táctica de negociación del gobierno no existen esas líneas, todo está sujeto a negociación, como se vio con los ires y venires de del acuerdo de participación del ELN, donde el sector más crítico fue el privado.
