Empezó como una denuncia privada de un magistrado de la Corte Constitucional, y va en un escándalo nacional que volvió a despertar el trauma de las chuzadas a la Corte Suprema y a la oposición durante el gobierno de Álvaro Uribe. Pero ahora la oposición es del partido de Uribe, y en el gobierno está el presidente que antes fue víctima de las chuzadas, Gustavo Petro.
Como jefe de las entidades de inteligencia acusadas de hacer interceptaciones ilegales Petro desestimó la denuncia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y pidió “dejar de caer en ingenuidades que construyen los grupos nazis”. El presidente agregó que los rumores buscan romper las relaciones “del gobierno con otras ramas del Estado” y afirmó que ha dado la orden expresa de no hacer chuzadas.
En varios sectores de las altas cortes, que con un sólido espíritu de cuerpo salieron en bloque a pedir que la denuncia de Ibáñez se investigue, ha quedado un sabor amargo sobre cómo se está tramitando todo el episodio, que enrarece una relación ya tensa con el gobierno. Todo empezó en la Corte Constitucional.
Ibáñez lleva su denuncia al presidente de la Corte
El 14 de junio, Jorge Enrique Ibáñez se acercó al presidente actual de esa Corte, José Fernando Reyes, con la denuncia de que su teléfono estaba intervenido por el gobierno Petro.
El abogado de Tunja, de 64 años, ha sido el ponente de algunas de las decisiones más adversas para el gobierno Petro. Entre ellas la que tumbó el artículo que prohibía deducir regalías del impuesto de renta a las petroleras, que le daba cerca de $3 billones al año a la tributaria del gobierno.
Ibáñez es un magistrado de línea conservadora, que empezó a trabajar a los 11 años en una tipografía, y fue elegido concejal de su ciudad a los 18. Luego, estudiando derecho en la Universidad Javeriana, recuerda que dejó la política cuando “el padre Giraldo (famoso en esa facultad de derecho) me dijo que definiera si iba a estudiar o ser político”, y decidió lo primero.
Trabajó en el Banco de la República durante una década, fue asesor jurídico durante la Constituyente, y tras una trayectoria destacada como constitucionalista y administrativista, llegó a la Corte Constitucional ternado por el Consejo de Estado en 2020.
La denuncia de que estaba chuzado, que llevó donde su colega Reyes, no es la primera que ha hecho en su carrera. En 2019, cuando era abogado del tribunal de arbitramento que falló contra Odebrecht y el Grupo Aval en el pleito surgido del contrato Ruta del Sol 2, Ibáñez denunció seguimientos e interceptaciones. Pero las investigaciones de la Fiscalía no avanzaron y el hoy magistrado no quedó convencido por las respuestas que en ese entonces recibió de órganos de inteligencia.
Ahora de nuevo, tras una verificación interna de la que no ha dado detalles, acudió a Reyes con la sospecha de que el gobierno lo estaba interceptando. Reyes decidió citar a la fiscal general, y a los otros ocho magistrados a una reunión extraordinaria cinco días después.
Pero ese mismo día Caracol Radio reportó que un magistrado, de una de las altas Cortes, “cuya identidad es reservada”, había circulado un mensaje desde su whatsapp denunciando interceptaciones.
“Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”, decía el mensaje que leyó el periodista Gustavo Gómez.
La reunión en la sala plena con la fiscal Camargo
El miércoles 19, llegó al Palacio de Justicia la fiscal General, Luz Adriana Camargo. En la reunión, Reyes le hizo a Camargo la entrega oficial de una carta de dos páginas redactada por Ibáñez en la que está la denuncia detallada de las interceptaciones en contra suya, de tres de sus cuatro magistrados auxiliares y de su esposa, Ileana Melo.
Con la carta en mano la fiscal preguntó si alguno, además de Ibáñez, tenía indicios de que estaba siendo interceptado o seguido ilegalmente. Hubo silencio.
En rueda de prensa convocada por el magistrado Ibáñez, él mismo relató cómo sus colegas no tenían motivos para considerar que estaban en su misma situación. “Aun así, muchos le manifestaron a la fiscal que se detendrían a revisar sus equipos para hacerle ver si encontraban alguna irregularidad”, dijo el magistrado.
A la fecha, ningún otro magistrado de esa Corte ha manifestado ser objeto de seguimientos e interceptaciones. “Es una cosa de Ibáñez”, le dijo a La Silla una fuente que supo lo que se discutió en esa sala plena. Hasta ahora, solo él se ha pronunciado a título personal sobre la situación denunciada.
En la Sala Plena se acordó que el tema se manejaría con prudencia y bajo perfil. “Reyes, como presidente, no quiere una confrontación con el gobierno”, le dijo a La Silla una fuente con acceso a la Corte.
La fiscal manifestó que se encargaría de poner al alcance todos los recursos de la entidad para desarrollar la investigación y que remitiría de inmediato la denuncia a la Unidad de Fiscales Delegados de la Corte Suprema de Justicia, quienes se encargan de revisar los casos que involucran a aforados.
Se levantó la reunión y el secreto de la visita de la fiscal duró solo dos días. El viernes 21, pasadas las 9 de la noche, un funcionario de prensa de la Corte anunció a través del grupo de Whatsapp de prensa el siguiente mensaje: “Podemos informar que la Sala Plena, invitó el miércoles pasado a la fiscal General para ´poner de presente la situación”. Además, el delegado de la Corte dijo que “sobre la información no se entregarán declaraciones”.
Ibáñez en el reflector
Al día siguiente, salió la edición impresa de la revista Semana. “Magistrados Chuzados”, decía la portada acompañada de una imagen de un juez, de espaldas, frente al Palacio de Justicia. La edición publicaba la carta confidencial que el magistrado Ibáñez le había entregado al presidente de la Corte y a la fiscal Camargo.
Bajo el asunto “situación irregular”, Ibáñez relata en la carta cómo “desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia”.
Dentro de la corte la filtración cayó mal. “Tiene muy molestos a los magistrados”, le dijo a La Silla una persona con conocimiento directo de lo que está pasando en la Corte. “Una cosa es pedir una investigación, como se hizo en la reunión, y otra muy distinta que se diga que el gobierno fue el que chuzó”, agregó la fuente, que pide reserva de su nombre para dar detalles de conversaciones privadas.
En efecto, en Semana la información de la carta iba acompañada en el artículo de nombres señalados por fuentes de estar detrás de las interceptaciones. Habla de un “general de la república que confirma de manera reservada que sí se han dado esas interceptaciones”. Inmediatamente después las atribuye a Carlos Ramón González, director del DNI y René Guarín, jefe de Tecnología y Sistemas de Información en la Casa de Nariño. La nota de la Revista dice que hubo un intento de contactar al magistrado Ibáñez, pero que él dijo que no se pronunciaría sobre el tema.
Semana fue el primer medio en obtener la filtración de la carta y de la que había tres copias: la que estaba en manos de Reyes, presidente de la Corte, la entregada a la fiscal Camargo, que rechazó en un comunicado su filtración por interferir en una investigación reservada, e Ibáñez.
Según le dijo el magistrado Ibáñez a La Silla Vacía, “no he hecho ningún acercamiento a los medios. Me han llamado y he contestado varias cosas, pero respetando los límites que hay en la Corte. Y no tengo conocimiento que haya al interior de la Corte una inconformidad. De afuera escucho solidaridad para con la Corte y en general para con la institucionalidad”.
El lunes, después de conocerse la carta de Ibáñez, se publicó un mensaje de respaldo de los presidentes de las altas cortes. “Los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, registramos con preocupación los hechos denunciados por el señor vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, relativos a presuntas interceptaciones”, dice la carta firmada por los cuatro presidentes en la que, además, solicitan al gobierno Nacional las garantías para que la Fiscalía pueda adelantar la investigación.
Ayer, Ibáñez habló con Blu Radio y con Caracol Radio sobre los pronunciamientos del presidente Petro, en los que atribuía las presuntas chuzadas a la extrema derecha y negaba que vinieran de su gobierno. En ambos medios aclaró que no se considera una “víctima” y que simplemente está poniendo en conocimiento de las autoridades competentes unos hechos que lo involucran.
Mientras Ibáñez daba sus declaraciones a medios, Carlos Ramón González, director del DNI, hablaba con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, para tratar el tema de las chuzadas que se maneja en conjunto con fiscales delegados ante la Corporación. Al salir, González declaró que “la gran mayoría de las versiones sobre presuntas interceptaciones son rumores”.
Esa declaración fue a las 9:15 am. A las 10:00 am, el portavoz de prensa de la Corte Constitucional anunció repentinamente una rueda de prensa que daría el magistrado Ibáñez a las 11:00 am en el Palacio de Justicia.
Ibáñez esperaba a los periodistas en el piso nueve de la Corte Constitucional. Pero sus respuestas tuvieron un giro marcado. El magistrado no habló de presuntos culpables, como había señalado en la carta. No dijo que presumía que se trataba de una jugada orquestada por el DNI, ni que se trataba de interceptaciones ilegales. Incluso alcanzó a hablar de virus que constantemente generan fallas en los teléfonos y equipos móviles, una tesis que hasta ese momento, no había manifestado.
Ante preguntas reiteradas sobre qué pruebas tenía para sentirse chuzado, afirmó que “la investigación en curso es reservada, luego es obligación guardar íntegra reserva sobre la misma”.
Y así, dejó en la cancha de la fiscal Camargo la palabra sobre si hay chuzadas y quién las estaría haciendo.
