Aunque todos los senadores y representantes tienen la obligación de declarar y actualizar anualmente el registro de conflicto de intereses, la regla es ignorada en el Congreso. De los 292 legisladores, solo 71 han cumplido con esa ley que se implementó desde 2019 y han actualizado el registro todos los años. Es decir, que tres de cada cuatro congresistas les ocultan a los ciudadanos información que es crucial para el debate público.

Más allá de la opacidad, es una constante que familiares de congresistas se beneficien del Estado, incluso dentro del mismo Congreso, además, la mayoría de legisladores tuvieron financiadores que luego ganaron contratos públicos. Por ejemplo, desde el 20 de julio de 2022 los hijos de un representante de Comunes han ganado 11 contratos, y el hijo de Iván Name suma más de 400 millones de pesos en trabajos simultáneos con el Estado.  

Las declaraciones de conflictos de interés les muestran a los ciudadanos el origen de los ingresos de los legisladores, quiénes financiaron sus campañas y cuáles son los intereses económicos suyos y de sus familiares. Eso es importante porque cada vez que tramitan o proponen una modificación en una ley, los ciudadanos deben saber si el congresista tiene un posible conflicto de interés, y si con su voto puede sacar un beneficio personal, para sus familiares o financiadores. (Consulte acá Quién es Quién en el Congreso)

En alianza con el proyecto “Joining the Dots” de Directorio Legislativo, una organización argentina que trabaja en temas anticorrupción, transparencia, parlamento abierto y acceso a la información pública en América Latina (ver blog), La Silla Vacía analizó las declaraciones de los congresistas y las cruzó con el sistema de contratación estatal y el registro único empresarial. La información fue recogida desde el 20 de julio de 2022, día en el que los actuales congresistas asumieron sus curules, hasta junio de 2024. 

Estas son las principales conclusiones.

1. El Pacto Histórico es el que más incumple con las declaraciones de conflicto de intereses

De las siete bancadas más poderosas, porque sumadas tienen 235 congresistas, la que más incumplimientos tiene es la del Pacto Histórico. Solo el 5 por ciento de sus militantes declaran sus conflictos. Le siguen de cerca el Centro Democrático y el Partido Conservador.

Los incumplimientos son más recurrentes en el Senado que en la Cámara. Uno de cada tres senadores no ha presentado ni siquiera la primera declaración de sus conflictos de interés, pese a que en teoría ese es un requisito para posesionarse. Incumplir les puede acarrear sanciones disciplinarias a los congresistas.

2. Los congresistas facturan con el Estado, y sus familiares también 

Uno de cada cuatro congresistas, es decir, 72 de los 292, tiene al menos un familiar que firmó un contrato con el Estado después del 20 de julio de 2022, fecha en la que asumieron la curul.

48 congresistas tienen un familiar, 16 congresistas tienen dos familiares, y  8 tienen 3 o más familiares cobrando honorarios en diferentes entidades del Estado. 

Este es el detalle de los 8 congresistas con más familiares con contratos con el Estado.

Hay varios casos destacados en ese ranking: 

• Fahid Name, el sobrino del saliente presidente del Senado, Iván Name, ha firmado 9 contratos por más de 400 millones de pesos en dos años, varios de los cuales han sido ejecutados simultáneamente. 
• Juan Jacobo Albán y Raúl Ernesto Albán, hijos del representante de Comunes, Luis Alberto Albán, han suscrito 11 contratos por 194 millones de pesos.
• Martha Milena Camacho, esposa del representante de las curules de paz, Juan Carlos Vargas, estuvo en el Ministerio de Salud. Vargas está en la comisión séptima que es la que debate temas de salud.

Además, hay 10 congresistas que desde julio de 2022 tienen o han tenido al menos un familiar trabajando en el Congreso. 

Por ejemplo, Sor Berenice Bedoya, senadora de la ASI, tiene a sus dos hijos trabajando en comisiones especiales del Congreso. La senadora conservadora Nadya Blel tiene a su primo, Yamil Berrío, en la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante Ángela Vergara. Y el saliente presidente del Congreso, Iván Name, tenía a su hermana Janeth y su hijo Iván en Unidades de Trabajo Legislativo de otros congresistas verdes (Vea aquí el detalle). 

3. Los que suenan para las mesas directivas tienen financiadores contratistas

202 de los 292 congresistas tuvieron financiadores de campaña que obtuvieron contratos públicos. De ese universo, La Silla revisó en detalle a los senadores y representantes a la Cámara que muy seguramente llegarán a las mesas directivas de las plenarias y las 14 comisiones para el periodo 2024-2025.

Los financiadores de la representante Ana Paola García, de La U, fueron los más afortunados. Ella es la más firme candidata para ser presidenta de la Comisión Primera, clave para las reformas constitucionales. Cinco financiadores que le pusieron, cada uno, más de 10 millones de pesos, se han ganado 16 contratos públicos desde el 2022. 

Un caso llamativo es el de su hermano, Guillermo León García Soto, quien le aportó 12 millones de pesos y se ha ganado tres contratos por 169 millones de pesos en el Ministerio de Tecnologías de la Información, MinTic, que está en manos de Mauricio Lizcano, cercano a ese partido. 

El senador Juan Diego Echavarría, firme aspirante a la presidencia de la Comisión Tercera del Senado, aliado de Julián Bedoya y crucial para las reformas tributaria y la aprobación del presupuesto, tuvo dos financiadores que se han fortalecido en La Estrella, su municipio fortín político. Uno es Diego Edinson Grajales, quien le donó 160 millones de pesos, y desde 2022 se ha ganado cuatro contratos con la Alcaldía y el Concejo de La Estrella para organizar eventos  que suman 65 millones de pesos. 

A Echavarría también le figuran 15 millones de pesos de aportes de su hijo Juan Sebastián, quien desde 2022 ha ganado contratos en la Alcaldía de La Estrella, la Institución Pascual Bravo, y la Comisión Séptima de la Cámara, donde está la representante María Eugenia Lopera, fórmula del senador.  Actualmente, el abogado Juan Sebastián es el personero de La Estrella. 

4. Contratistas del Icbf ponen plata en campañas

Hay 56 congresistas que recibieron aportes en campaña de personas que son socios o dueños de empresas que durante los últimos años han ganado contratos públicos en la zona de influencia de esos congresistas. 

De esos hay cuatro casos particulares por los montos de los contratos obtenidos y el objeto social de las empresas. Uno de ellos es el de la representante Ana Rogelia Monsalve, elegida por la circunscripción afro, quien recibió 145 millones de pesos de Amparo de Jesús Álvarez Díaz, quien maneja la Fundación para la Cooperación del Desarrollo Integral de la Familia, Fucidf.

Ficidf es un frecuente contratista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, para la operación de hogares comunitarios. Esa organización lleva operando desde el 2012 en Atlántico, y desde que Monsalve es congresista se ha ganado tres contratos que suman unos 360 millones de pesos. Antes había tenido contratos por hasta 1.900 millones de pesos. 

El senador Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical, también recibió plata de un socio de otra fundación que contrata con el Icbf. Se trata de Luis Javier García, quien le donó 45 millones de pesos, y es socio de Corporación Comunitaria para el Apoyo Nutricional de Niños y Niñas, Cocrecer. 

Cocrecer también opera desde el 2012 ganándose contratos en Bolívar y Magdalena, zona de influencia de Farelo. 

En el top de congresistas financiados por socios de empresas contratistas también aparece el senador conservador Germán Blanco. Al antioqueño le donó 45 millones de pesos Olga Lucía Velásquez, socia de Soluciones Empresariales PV. 

Soluciones Empresariales se ganó un contrato directo arrancando el 2023 con la Alcaldía de Itagüí de Diego León Torres, quien en campaña tuvo el apoyo del senador Blanco. 

El representante a la Cámara de Chocó, Johnny Fernando Palacios, completa el grupo. Recibió 40 millones de pesos de Carlos Mosquera, socio de la empresa Comas Construcciones. Desde que Palacios resultó elegido, Camos se ha ganado seis contratos de obra en los municipios de San Juan y Sipí. También en la Asociación de Municipios de Urabá – Darien Caribe, Asomudacar. 

The post Los conflictos de interés en el Congreso: familiares, financiadores y opacidad appeared first on La Silla Vacía.

Solo hasta el 3 de julio el presidente Gustavo Petro sacó del closet formalmente su idea de que el país vaya a una Asamblea Nacional Constituyente, pero su gobierno lleva meses dando pasos en función de agitar la movilización que le dará impulso a esa propuesta.

Esta investigación de La Silla Vacía revela que el gobierno se ha coordinado con organizaciones sociales, políticas, sindicales y estudiantiles para impulsar la idea de que hay un sector amplio de la sociedad que quiere una gran reforma a la Constitución del 91.

Detrás de los clamores de apoyo a la constituyente de Petro hay una red de nombramientos en Consejos Superiores Universitarios y reuniones en Casa de Nariño para promover movilizaciones que llevan meses preparándose para una gran asamblea en la Universidad Nacional.

Parte de la estrategia está enfocada en la movilización de jóvenes y estudiantes. El papel protagonista lo tiene Activistas del Cambio, una organización creada por Xavier Vendrell, un catalán nacionalizado por Petro investigado por corrupción y por promover desórdenes públicos en España. 

Petro le entregó a Activistas el mandato de movilizar a sus seguidores. Ese colectivo promovió el asedio a la Corte Suprema de Justicia, y es cercano al nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas. Los delegados de Petro en 17 de 34 universidades hacen parte de Activistas del Cambio.

El poder de Activistas del Cambio 

Pocos meses después de su posesión, el presidente Petro envió una lista al Ministerio de Educación que llevaba el título de “Activistas por el Cambio” con los nombres de quienes se convertirían en sus designados en los Consejos Superiores Universitarios en todas las universidades públicas del país. 

Esos cargos suelen pasar desapercibidos dentro del mapa de poder nacional, pero son claves dentro de la gobernanza de las 34 universidades estatales. Quienes los asumen son la voz y el voto del presidente en cada discusión interna, como, por ejemplo, los nombramientos de rector. Su cobertura es casi nacional, y en varias universidades reciben honorarios. 

Los integrantes de esa lista eran en su mayoría jóvenes que tenían en común el apoyo a Petro en campaña y que hacen parte activa del movimiento estudiantil. Que aparecieran bajo la sombrilla de “Activistas por el Cambio” los enmarcó en una organización a la que Petro le entregó el mandato de movilizar a sus seguidores en el gobierno. 

Activistas es un colectivo digital que surgió después de la campaña de Petro. Se creó formalmente en octubre del 2022. Su núcleo inicial, además del catalán Vendrell, estaba compuesto por unas 20 personas que trabajaron en la campaña presidencial en la operación de testigos electorales, hoy bajo investigación del Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía porque no fue registrada en sus cuentas oficiales, como lo denunció La Silla. 

Esa organización tiene interlocución directa con el gobierno, maneja una base de datos de 83 mil personas que fueron testigos electorales de Petro, es conocida entre otras organizaciones de jóvenes como un brazo político de la Colombia Humana y particularmente del petrismo. También ha sido promotora de las marchas que ha llamado el presidente para mostrar apoyo popular.

Una fuente que estuvo en el Ministerio de Educación y que tuvo acceso a la lista de candidatos al CSU, le detalló a La Silla Vacía que en varias universidades hubo directivos que le manifestaron preocupación al gobierno porque el perfil de los delegados era el de “expertos en movilización estudiantil”. Sin embargo, la orden fue nombrarlos y así sucedió. 

La directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, aseguró que “no tenía conocimiento” de que la lista de los delegados llevara el nombre de Activistas. Sobre los reparos de rectores a varios nombramientos explicó que “las inquietudes que conocemos han sido públicas y responden a discusiones políticas sobre quién debería ocupar esos cargos”.

Los 17 delegados de Petro en los CSU que son Activistas por el Cambio están en universidades clave. Por ejemplo, en la Universidad Nacional, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Atlántico, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Cartagena y la Universidad del Valle (vea aquí la lista completa).

Con la llegada de Daniel Rojas al ministerio de Educación, un sector en el que no tiene experiencia, Activistas recibe a un ministro aliado. 

Rojas entregó predios a universidades públicas en todo el país y se reunió con los delegados de presidente en los CSU para plantearles la alianza. También fue invitado a hablar de política con jóvenes y a eventos del Ministerio de Educación con los delegados. Varios miembros de Activistas celebraron su nombramiento como Ministro. Incluso, una de las fundadoras de Activistas, María José Benjumea, fue vinculada por Rojas a la SAE.

Los integrantes de Activistas también tienen acceso a diplomáticos cercanos al movimiento estudiantil que han sido nombrados por Petro. Visitaron en México al embajador, Moisés Ninco, quien asumió ese cargo sin cumplir con los requisitos; y a Sebastián Guanumen, embajador en Chile, conocido por haber dicho en la campaña Petro que había que “correr la línea ética”.

Además, miembros de Activistas han llegado a cargos regionales. Por ejemplo, los delegados del presidente en la Francisco de Paula Santander, Carlos Bolívar, y en la Universidad de Cartagena, María Alejandra Benítez, simultáneamente ocupan las direcciones regionales del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Activistas del Cambio no solo es un colectivo que promueve movilizaciones y tiene acceso al poder del gobierno, también es un operador político que lleva al menos un año aterrizando la idea que lanzó el presidente Petro el 7 junio de 2023 de convocar “asambleas populares” para presionar por la aprobación de sus reformas.

“De ahora en adelante debe haber asambleas populares en todos los municipios de Colombia (…) La fase que sigue es el gobierno popular. Y vamos a demostrar cómo se hace y cómo se ejerce. Las asambleas populares en cada municipio son para gobernar”, dijo Petro.

El 10 de junio del 2023, el presidente convocó formalmente a “organizar asambleas estudiantiles para preparar la reforma a la Ley de Educación Superior”.  El 18 de junio, la consejera para la juventud de entonces, Gabriela Posso, quien hace parte de Activistas del Cambio, asumió la tarea de liderarlas. Y seis días después, Activistas empezó a promover esos encuentros con su logo.

Los eventos servirían de insumo para proponer cambios de fondo a la educación superior, pero solo se quedaron en los reportes de gestión de Posso. No fueron nombrados en el informe de cierre de gestión que acaba de entregar la saliente Ministra de Educación, Aurora Vergara, en el capítulo sobre las universidades. 

De hecho, la reforma a la educación superior no ha sido presentada por el gobierno Petro al Congreso por aplazamientos relacionados con etapas de concertación (según se explica en las páginas 41 y 42 de este documento del Ministerio). Sin embargo, es una de las banderas con las que Petro agitó al movimiento estudiantil cuando empezó a hablar de constituyente.

El movimiento estudiantil, la punta de lanza

La idea de la constituyente se ha movido en una línea gris, particularmente con el movimiento estudiantil. El presidente Petro ha capitalizado esa ambigüedad. 

Aunque una cosa son las constituyentes universitarias (solo sirven para reformar estatutos internos de cada institución), y otra es la Asamblea Nacional Constituyente que promueve el gobierno, el 21 de marzo en Tierralta, Córdoba, el presidente metió al movimiento estudiantil dentro de su versión de la constituyente. 

Durante la inauguración del edificio de Ciencias Básicas de la Universidad de Córdoba, Petro llamó a los asistentes a su agenda constituyente cuando se refirió a la falta de financiación para la educación pública, un tema que compete al Congreso. 

“Estamos convocando el poder constituyente de la gente, y eso significa que habría que recorrer, todas las universidades públicas de este país para que se constituyan asambleas constituyentes, estudiantiles y profesorales”, agregó el mandatario en Córdoba. 

Ese mismo día, en Bogotá, arrancó en la Universidad Nacional un paro que se extendió hasta el 5 de julio porque el Consejo Superior Universitario (CSU), donde el gobierno Petro tenía cuatro de los ocho votos, designó a José Ismael Peña como rector, pese a que Leopoldo Múnera había ganado la consulta de profesores y estudiantes de la universidad.

Dentro de las voces del presidente en el CSU está María Alejandra Rojas, quien hace parte de Activistas del Cambio. Como perdió, el presidente Petro llamó a la designación “un golpe antidemocrático con el estudiantado, el profesorado, las y los trabajadores de la universidad”.

Tras la designación, Múnera se declaró en desobediencia civil y habló sobre la necesidad de una constituyente universitaria, entre otras cosas, para establecer que la elección del rector sea por voto directo de la comunidad universitaria. Así le dio al presidente Petro cabida para pescar en río revuelto.

Aunque Múnera se desmarcó de la constituyente del gobierno, la agitación en esa institución le funcionó a la agenda del gobierno para movilizar lo que denomina “poder constituyente” y por esa vía ambientar la constituyente que sacó del closet dos meses más tarde.

En paralelo, Activistas del Cambio empezó a mover al tiempo la idea de constituyente universitaria, del poder constituyente y de la constituyente misma.

Además de la Nacional, la constituyente universitaria empezó a coger fuerza en otras instituciones. En la Universidad de Antioquia, por ejemplo, la Asociación de Profesores (Asoprudea) organizó un foro sobre la constituyente universitaria, al que invitó a Leopoldo Múnera, entonces candidato a rector de la Nacional.

En el foro, los asistentes relacionaron el proceso de la Nacional con las constituyentes universitarias en las instituciones de Antioquia, Pereira y el Valle. 

Petro no es el único que ha mezclado la necesidad de reformar los estatutos de las universidades con la asamblea para modificar la Constitución del país. Por ejemplo, el delegado de Presidencia ante el CSU de la Universidad de Antioquia, Wilmar de Jesús Mejía, también ha defendido la idea de Petro de una constituyente en su cuenta de X. 

En otras universidades se han replicado eventos, por ejemplo un foro universitario proconstituyente en la Universidad de Cartagena. O el foro de la constituyente universitaria de la Universidad de Nariño, del cual salieron una serie de acuerdos que incluyen la constituyente nacional.

“La lucha de hoy por la constituyente avanza en tener una incidencia nacional”, se lee en las conclusiones del evento. También ha habido foros de este tipo en la Universidad del Cauca, organizados por los profesores sindicalizados.

Los delegados de Presidencia y otros representantes de los estudiantes o profesores también han usado esa ambigüedad sobre las asambleas. 

Por ejemplo, la representante estudiantil de la Universidad del Atlántico, Laura Cristina Suárez, aseguró el pasado 7 de mayo frente al presidente: “La universidad del Atlántico construye constituyente” y posteriormente abrazó al presidente Petro.

O el profesor de la Universidad del Quindío, Horacio Duque, quien promueve la iniciativa constituyente del gobierno en una columna. “La reciente configuración del poder constituyente en la Nacional es un referente de transformación para el resto de las universidades públicas y privadas, convertidas estas últimas en feudos de poderosas castas familiares”, se lee. 

Con los ánimos encendidos en torno a las constituyentes, la Nacional se convirtió en sede de la “Asamblea por las reformas, la paz y la unidad”, una iniciativa promovida por el Pacto Histórico, organizaciones sociales, campesinas y sindicatos que recoge los puntos de la agenda de Constituyente del presidente Petro. 

“Es como un efecto dominó (…) buscamos el cambio en las universidades que siempre ha estado incrustado en los fortines políticos de los diferentes clanes que hay a nivel nacional, entonces si logramos arrebatarles las universidades, también podemos arrebatarles el poder en el Estado Social de Derecho”, explicó, Andrés Parra, líder estudiantil de la Universidad Industrial de Santander y coordinador de juventudes del Pacto Histórico en ese departamento. 

La plataforma: la Asamblea por las reformas sociales

La idea de la “Asamblea por las reformas sociales, la paz y la unidad” fue presentada formalmente a mediados de mayo en una rueda de prensa en la Plaza de Bolívar. El Pacto Histórico, delegados de sindicatos y organizaciones sociales anunciaron que empezarían a discutir la manera de aplicar las reformas del gobierno Petro.

“Debemos tener una conversación franca, constructiva y unitaria como parte de un proceso que ayude a precisar contenidos, tácticas, metodologías, planes, rutas, acciones y estrategias necesarias para avanzar en espacios de organización, representación, gobierno, construcción de un nuevo poder popular”, se lee en el manifiesto.

Para ese entonces, Petro venía de enfrentar varios reveses. El Consejo Nacional Electoral, CNE, acababa de anunciar que investigaría a su campaña por irregularidades en los reportes de cuentas, la reforma a la salud acababa de hundirse, y la oposición había convocado una nutrida marcha contra el gobierno Petro.  Al tiempo, el presidente tenía encendido su discurso sobre que le estaban haciendo un “golpe blando”.

La convocatoria inicialmente no dio mucho de qué hablar, pero despertó atención mediática cuando se anunció que el evento, con sede en el campus de la Universidad Nacional, tendría lugar el 18, 19 y 20 de julio y que el presidente Petro cerraría el encuentro con un discurso. Hubo versiones que señalaron que Petro no instalaría el Congreso por participar en ese evento.

Pero Presidencia se desmarcó de la organización y en esta ocasión Sarabia, directora del Dapre, señaló que “ni el gobierno nacional ni sus funcionarios han tenido participación en la Asamblea. Aunque es una iniciativa apoyada por sectores aliados al Gobierno, este evento depende exclusivamente de sus organizadores (…). El Gobierno no participa, aunque celebra y apoya la discusión de reformas sociales con la ciudadanía”. 

Algo similar le dijo a La Silla Vacía Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. “Nosotros no estamos dirigidos por el gobierno. Hemos coordinado con el Pacto Histórico desde la perspectiva, obviamente, de respaldar al gobierno. Pero es una iniciativa propia”, dijo.

Pero, contrario a lo que dicen públicamente gobierno y organizadores, en privado sí hay interlocución entre los organizadores y el gobierno. 

La Silla Vacía estuvo en la reunión del 10 de julio citada por los convocantes de la “Asamblea por las reformas sociales, la paz y la unidad” con el propósito de finiquitar detalles del encuentro. 

Era la primera reunión que hacían luego de anunciar formalmente que la asamblea cambiaba de fecha para el 14 y el 15 de septiembre, un aplazamiento que fue acordado el mismo día que Petro dijo por primera vez que sí quería convocar una constituyente.

El grueso del temario anunciado por Petro a inicios de julio, cuando habló de constituyente sin tapujos, ya había sido publicado en mayo en los puntos de la “Asamblea por las reformas sociales”. 

Pero más allá de esa coordinación temática, en la reunión de los organizadores de la “Asamblea por las reformas sociales” el 10 de julio pasado hubo dos momentos en los que se habló explícitamente de interlocución con el gobierno.

Uno hizo referencia a la necesidad de que el “gobierno nacional contextualizara dos ejes temáticos” de la Asamblea en “máximo dos hojas” para entregarlas como insumo a los participantes. En la reunión no se dijeron los nombres de esos delegados, pero fue explícita la coordinación.

El otro momento tuvo que ver con el llamado a la marcha de ayer —16 de julio— para acompañar a Petro en la sanción de la reforma pensional. Según se dijo en la reunión, hubo un encuentro previo en la Casa de Nariño para acordar los detalles de esa movilización.

Esa afirmación coincide con lo que publicó el 5 de julio la “Coordinadora nacional de organizaciones sociales, sindicales, populares y políticas para el cambio”, agrupación que se creó con varias de las organizaciones que hicieron parte del “Comité del Paro”, la cara formal del estallido social de 2021.

Petro el 9 de julio en sus redes sociales promovió esa marcha como iniciativa exclusiva de Presidencia.  

El Ministerio de Educación no tiene juego directo en esa reforma, pero tenía lista de delegados y funcionarios en la entrada del evento revisando cédula de sus invitados. Activistas también invitó a participar en la sanción presidencial de la reforma pensional en la Plaza de Bolívar. Dos personas, líderes de la localidad de Suba, que tenían puestas gorras del colectivo, le contaron a La Silla que fueron convocados por grupos de WhatsApp de la plataforma de Activistas. 

Además de esa movilización, Activistas del Cambio es una de las organizaciones que está promoviendo la Asamblea y está jugando un papel activo en la organización y  el mecanismo de participación que tendrán los estudiantes. El discurso de Activistas está apalancado en retomar la movilización del Paro Nacional de 2021 para buscar una “refundación” de la Nación.

Los encuentros de jóvenes buscan, entre otras cosas, activar y organizar movimientos juveniles de todo el país de cara a la asamblea de septiembre.

“Dada la importancia que tiene, en el marco del actual momento que se viene, tanto para el encuentro del 14 y 15 de septiembre como en el marco del desarrollo que seguramente esa Asamblea y el gobierno se ha marcado la necesidad de comenzar a construir un proceso constituyente”, dijo Cristian Reyes, secretario de la Juco Bogotá y uno de los organizadores del evento en el que intervino Activistas.

Los organizadores de la “Asamblea nacional por las reformas sociales, la paz y la unidad” esperan una delegación de alrededor de 7 mil personas. Hacer la convocatoria en el campus de la Universidad Nacional e incluir la discusión de la educación superior le garantizará quórum al evento.

“Cuando mencionas la reforma a la ley 30, tienes casi asegurado una movilización masiva compuesta por el movimiento estudiantil y el profesoral. Ahora, imagínate si metes las otras reformas, es una estrategia útil para aumentar la convocatoria”, dijo un miembro del CSU de otra universidad pública, quien pidió no publicar su nombre para no generar tensiones en su trabajo. 

Sin embargo, no todo el movimiento estudiantil está alineado con la idea de constituyente de Petro. Hay sectores que consideran que hay una instrumentalización como detalló La Silla Vacía en esta historia y lo reconfirmó con estudiantes en varias regiones del país.

“No es tan importante si (todo el movimiento estudiantil) es afín o no (al gobierno), lo más importante es movilizar ese sentimiento constituyente y es un poco lo que se está moviendo al interior de las universidades”, explicó Gabriela Posso, exconsejera de juventudes de Presidencia, delegada del presidente Petro en la Universidad del Valle y parte de Activistas del Cambio.

La “Asamblea nacional por las reformas sociales, la paz y la unidad” mostrará qué tan grande es la base con la que el presidente presionará sus reformas. Aunque Petro presenta el apoyo como un movimiento puramente espontáneo, sí lo está impulsando desde su gobierno y con Activistas como uno de sus principales operadores.

The post La red de activistas nombrada por Petro en universidades que agita la constituyente appeared first on La Silla Vacía.

Cenit, la filial del Grupo Ecopetrol encargada del transporte del crudo y otros derivados, pasa por un remezón de cargos que van desde el presidente hasta distintos movimientos en al menos seis cargos directivos. 

La empresa tiene hoy más del 80 por ciento de las redes de ductos por donde se mueven los hidrocarburos del país, lo que equivale a una infraestructura de cerca de 9 mil kilómetros de oleoductos y poliductos que transportan petróleo y otros combustibles procesados en refinerías, como kerosene, naftas y diesel. En 2023 movió más de un millón de barriles al día en petróleo y productos refinados. Y es una empresa clave en el negocio con Venezuela para importar gas natural, dado el déficit que enfrenta Colombia.

El primero de estos cambios se dio el 27 de mayo pasado con la elección de Alexander Cadena Motezuma en la presidencia. Allí llegó de mano de la recién elegida Junta Directiva de la empresa —donde tiene asiento el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa—. Cadena venía de ser presidente de Ocensa y reemplaza a Héctor Manosalva, que estuvo durante cinco años en el cargo.

Cadena es una persona del sector y los que lo conocen dicen que se trata de la designación de un conocedor del tema. Además de eso, cinco fuentes independientes entre sí coinciden en que su llegada, y los cambios de cargos en la empresa, estuvieron mediados por la influencia de Danilo Romero, el compadre del presidente Petro, conocido de Ricardo Roa, y quien tiene intereses de negocios en el sector. 

Romero niega tener negocios en Cenit y dice que aunque conoce a Cadena, no tienen ninguna amistad ni cercanía. 

La elección de Alexander Cadena

La Junta Directiva de la empresa informó a finales de mayo que realizó un análisis de una terna de candidatos, pero se decidió por Cadena porque era el que más cumplía los requisitos para el cargo.

El grupo de la Junta que lo eligió por unanimidad está compuesta por cinco miembros elegidos por periodos de dos años, como dice el reglamento de la empresa. Los miembros de la Junta son del grupo de Ecopetrol y cuatro de ellos, salvo Ricardo Roa, fueron elegidos el 15 de mayo, luego de la salida en Ecopetrol de Alberto Consuegra, un histórico de la empresa, Ana Milena López y Fernán Bejarano, que tenían esos asientos. 

Tres de los cuatro nuevos integrantes de la Junta llegaron con Roa al grupo.  

• María Catalina Escobar, que renunció la semana pasada a su cargo como vicepresidenta encargada de finanzas y valor sostenible de Ecopetrol. 
• Bayron Triana, gerente de estrategia de soluciones de bajas emisiones desde noviembre de 2023. 
• María Cristina Toro, vicepresidenta jurídica.
• Juan Carlos Hurtado, ya trabajaba en Ecopetrol antes de la llegada de Roa. Es vicepresidente encargado de Upstream y vicepresidente técnico en la Transportadora de Gas Internacional (TGI), la empresa dueña de gasoductos de la que Roa fue presidente en 2012.  

Las fuentes consultadas coinciden en que la decisión de la Junta no despertó muchas sorpresas entre los empleados de Cenit, pues Cadena es un conocedor del sector y juega de local en la dirección de la empresa. 

Cadena es un ingeniero químico de la Universidad Industrial de Santander y tiene estudios de maestría en Administración de Empresas por la Universidad Externado. Su carrera la ha hecho en las empresas de transporte de hidrocarburos. Tiene experiencia en la refinería de Barrancabermeja, fue presidente de Oleoductos del Llano y llegó a Ocensa en 2020.

María Fernanda Márquez, gerente de comunicaciones de Ocensa, conoció a Cadena trabajando con él cuando llegó a esa empresa en plena pandemia. Dice que es una persona muy reservada. “No me da la impresión de un tipo politiquero. Alexander es una persona parca, tímida”, dice. 

Márquez respalda la idea de que su designación sólo obedece a un criterio técnico, pues el paso de Cadena de Ocensa a Cenit es una movida usual en el sector y una especie de ascenso. Mientras que Ocensa se ocupa de la administración de un único oleoducto extenso de más de 836 kilómetros, Cenit tiene a su cargo 10 tubos y 54 estaciones que cubren gran parte del territorio nacional, una red de transporte más compleja que la de Ocensa. 

Cenit nació en 2012 como forma de responder a un impedimento legal que obligó a separar el negocio de la producción de hidrocarburos del de logística y transporte. Eso aplicó también en Ecopetrol y en ISA, quedándose esta última con la distribución de energía. Cenit se creó para quedarse con la parte del negocio de transporte, pero la empresa de todas formas depende de Ecopetrol, que tiene el 99 por ciento de las acciones. 

“Hay mucho movimiento entre Ocensa y Cenit, es la misma línea de negocio, solo que Cenit es más amplio. El nombramiento de Cadena es un desarrollo natural de alguien que quiera crecer en ese segmento”, dice Márquez.

Pero hay otra versión de la historia en la que su llegada a Cenit aparece conectada con el nombre de Danilo Romero, el compadre del presidente Petro y su amigo desde hace más de dos décadas.

Romero es un empresario que financió el viaje personal de Petro a Italia luego de ganar las elecciones. Su nombre sonó para el Ministerio de Minas y varios de sus familiares están en el gobierno. 

Romero, según una fuente con acceso a Petro y otra que se mueve en el círculo de Ricardo Roa, promovió ante el presidente Petro el nombre de Roa para dirigir Ecopetrol. 

“Eso se definió en la campaña y Romero respaldó el nombre del doctor Roa. Roa es un técnico al fin y al cabo y Petro valora eso”, detalló la fuente con acceso a Petro. Romero, sin embargo, negó conocer a Roa antes de la campaña presidencial de 2022 o haber respaldado su llegada a Ecopetrol. 

Para algunos conocedores del sector, el interés de Romero en la estatal petrolera estaría, en particular, en Cenit.  

Esta es una versión que se sustenta en cinco fuentes que fueron consultadas de manera independiente para esta nota. Dos de estas vienen del círculo cercano al presidente Petro, dos son empresarios del sector del petróleo y una más es cercana al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Todas, que lo dijeron en diferentes circunstancias, coinciden en decir que fue Danilo Romero el que impulsó a Alexander Cadena a la presidencia de Cenit. 

Esa versión contrasta con la percepción que exempleados de Cenit tienen de Cadena. “Es una persona íntegra y técnica. Definitivamente conoce el sector y nada me da pie a pensar que sea corrupto”, dice una fuente de la empresa que lo ha conocido de hace años, pero que pidió reserva de su nombre. 

Es una versión que también niega Romero, quien dice no tener empresas que contraten con Ecopetrol o alguna de sus filiales. 

Sin embargo, Romero sí acepta que conoce desde muchos años a Alexander Cadena, y dice que estudió y se graduó con él en el Colegio La Salle de Bucaramanga en 1986, aunque niega algún vínculo más cercano después de esto.

“Desde esa fecha hasta hoy lo he visto no más de 5 veces, en las celebraciones de años de graduados. No somos amigos ni tampoco fuimos del combo en el colegio”, le dijo Romero a la Silla Vacía.

Hasta donde ha podido verificar La Silla Vacía, Danilo Romero no tiene negocios con Cenit. Sin embargo, sí tiene intereses económicos en el mismo sector económico de esa filial del grupo Ecopetrol. 

El primero se da a través de Energía & Combustibles SAS. Firma que el 26 de agosto de 2022, 19 días después de la posesión del presidente Gustavo Petro, amplió su objeto para explorar, producir y transportar petróleo y gas. 

Esa empresa nació en 2016 y antes de ese cambio no había tenido ninguna modificación, según consta en los registros de cámara de comercio. Cuando nació, su objeto en el sector estaba solamente destinado a minería.

Menos de dos meses después de ese cambio, Romero dejó de aparecer en los papeles de Energía & Combustibles. Sin embargo, le dijo a La Silla que sus intereses en el sector de energía estaban en esa firma, cuyo nombre inicial fue “Cobertura en Energía y Carbón”.

El segundo interés en el sector de transporte de combustibles que lleva a Romero, se da a través de Ambrosio Plata, cuñado de Danilo Romero. Ese empresario del transporte que reside en Santa Marta, en noviembre de 2022, amplió el objeto de Transportes APN y se habilitó para comercializar “combustibles derivados del petróleo”.

Plata no respondió los mensajes dejados a través de dos de sus asistentes sobre sus intereses comerciales en el sector de petróleos.

El revolcón de cargos en Cenit

Más allá de las teorías sobre la llegada de Cadena, lo cierto es que los cambios en el poder en la empresa van más allá de su llegada a dirigir la organización. Empleados de la empresa afirman que se han presentado situaciones de despido sin justa causa y que han salido funcionarios influyentes en la organización. 

Estos cambios se dan en medio de un posible nuevo reto grande para la empresa, pues la idea de reactivar el gasoducto para importar gas desde Venezuela, y que está fuera de servicio desde 2015, sería un negocio que desde el lado venezolano haría Pdvsa, pero del lado colombiano estaría entre las tareas que Cenit podría hacer. 

Las salidas, que se han dado en el último mes, corresponden a cargos clave en la empresa. El presidente de abastecimiento, Camilo Bonilla, fue destituido. También el gerente de regulación y gas. 

Con esas salidas también han llegado nuevos cargos. En concreto, cuatro nuevas vicepresidencias que entran en julio, pero que ya fueron anunciadas. Una es Diana Giraldo Aristizábal, que llega como Vicepresidenta de Oleoductos de Cenit, y viene de ser la Directora de Operaciones de Ocensa. 

También entra Andrea Orjuela Gutiérrez como Vicepresidenta de HSE y Sostenibilidad. Viene de ser Gerente de HSE en Oleoductos del Llano. Sergio Moreno Segundo llega como Vicepresidente Digital y viene de ser Gerente 5Ri en Ecopetrol. 

Y entra Jorge Murcia Olaya, que llega a la Vicepresidencia Legal y la Secretaría General en reemplazo de Camilo Vela Villota. 

Una quinta vicepresidencia también se cambió, la de José Moreno Gómez, que sale de la Vicepresidencia Comercial, pero todavía no han definido quién será su reemplazo.  

“¿Por qué tener tantas posiciones claves interantes? Eso lo entiendo en organizaciones menos maduras, pero si estoy en una empresa privada con experiencia si voy a hacer cambios yo me quiero rodear de estrellas, y gente que las puedan ejecutar”, dice una fuente que pidió reserva por su rol en la empresa.  

La fuente cree que no es Alexander Cadena la persona que decidió ese revolcón de cargos, sino que es una orden que viene de Ecopetrol. “Estos cambios se hicieron para que cuadraran con la llegada de Cadena, pero no son cambios suyos. Las salidas de estas personas no tiene nada que ver con su desempeño”, afirmó una persona que ha trabajado en un cargo directivo en la compañía. 

Desde la gerencia de comunicaciones de Cenit niegan que los cambios se deban a una estrategia deliberada y los vinculan a un cambio normal en la organización con la nueva presidencia: “Cada presidente implica cambios en una organización, pero ninguno que genere alerta. Los cambios en Cenit son normales”, dice. 

The post Remezón en Cenit llega con ruidos por influencia del compadre de Petro appeared first on La Silla Vacía.

“Usaron a Ecopetrol como la caja del crimen y la política”, dijo el presidente Gustavo Petro cuando Cambio reveló detalles de una investigación a Ecopetrol por la adjudicación de medio billón de pesos en contratos con dudas de corrupción a la aerolínea Helistar, entre 2011 y 2023.  

En ese mensaje, Petro se desmarca de las élites del pasado a las que les atribuye responsabilidad por la corrupción del Estado. Esta invetigación revela que lo que él ha llamado “una caja del crimen y la política”  está más cerca a su gobierno y a su círculo íntimo de lo que reconoce en sus comentarios públicos. Las élites que rodean el entorno de Petro también cargan con cuestionamientos y Orlando Cabeza es un nuevo ejemplo.

Orlando Cabeza, el expiloto de la policía que hoy es el millonario presidente de Helistar, es amigo personal y tiene negocios con familiares de Danilo Romero, amigo cercano de Petro y su esposa desde hace dos décadas. Tres familiares de Romero, incluyendo su esposa, Carolina Plata, trabajan en el gobierno Petro. 

Ahora, en el gobierno Petro, Helistar está de nuevo compitiendo para contratar con Ecopetrol, en una licitación de 580 mil millones de pesos con nuevas denuncias de favorecimiento. La aerolínea de Cabeza ha seguido contratando con entidades como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 

Y no es la primera vez que como mandatario Petro se cruza con Cabeza. Varios de sus familiares ejecutaron uno de los contratos clave en la implementación del fallido modelo de las basuras en la Alcaldía de Bogotá.

Cabeza carga con sus propias sombras del pasado. Hoy el expolicía es conocido como un exitoso empresario que maneja una flota de 39 helicópteros y 4 aviones, incluido un jet de 25 millones de dólares que puede volar de Nueva York a Tokio sin escalas. Pero documentos de inteligencia de la Policía de Colombia desclasificados en un fallo señalan que fue un presunto narcopiloto que trabajó para grandes carteles, como el de Medellín.

Cabeza le dijo a La Silla y Univisión no saber por qué fue mencionado en informes y le atribuye los señalamientos a campañas de desprestigio orquestadas cada vez que Ecopetrol lanza una nueva licitación.

Presidencia no respondió a las preguntas enviadas por escrito. 

El capitán Cabeza: de notas de inteligencia a megacontratista

Desde el 2011 Helistar es la aerolínea con la que vuela Ecopetrol. Su nombre ocupa titulares cada vez que la estatal petrolera va a entregar el negocio porque los competidores dicen que las condiciones están hechas para favorecerlos. 

Cabeza, el presidente de Helistar, dice que esas acusaciones son “infundadas” y que ha ganado los contratos porque “los estándares alcanzados por la empresa les permiten participar en licitaciones del gobierno y de empresas del sector de petróleos”

Esta es la primera vez que habla Orlando Cabeza Peñaranda, el hombre que está detrás de esa aerolínea que hoy tiene $225 mil millones en activos y el año pasado generó utilidades por $13 mil millones.

La historia de Cabeza es la de un empresario con un ascenso vertiginoso.

Pasó de ser un piloto de la unidad antinarcóticos de la Policía en los años 80, a tener la vida de un magnate. Ha pasado desapercibido, en parte, porque no figura directamente en los papeles de Helistar. Casi siempre aparecen sus familiares.

Antes de matricularse en la Escuela de Policía, a Cabeza le gustaba ver aterrizar aviones en Cúcuta, donde pasó parte de su juventud. Luego de graduarse como oficial lo asignaron en Barranquilla y allá entró a estudiar en una escuela de pilotos. Iniciando los 80, la Policía creó su propia división aérea y Cabeza se convirtió en uno de los primeros pilotos de la policía en el país.

Cabeza pasó por la Policía sin felicitaciones ni amonestaciones en su hoja de vida. Pero lo que siguió después de retirarse está cruzado por menciones que ponen sombras sobre los inicios de su próspero negocio.

La versión de Cabeza es que arrancó la aerolínea con sus ahorros en 1999, después de trabajar unos años como instructor. Helistar nació en Medellín, bajo el nombre de Aeroregional, con un solo helicóptero prestando servicios. Eventualmente fue creciendo, en parte, gracias a que Cabeza se fijó en el mercado petrolero.

“Soy visionario, perseverante y muy disciplinado en el trabajo. Desde mi llegada a Helistar he trabajado con dedicación para lograr posicionar la empresa donde hoy se encuentra”, asegura Cabeza.

Pero de lo que pasó entre la salida de Cabeza de la Policía y el inicio de Helistar hay otra versión que quedó consignada en documentos de inteligencia citados en un fallo contra Luis Enrique Ramírez Murillo, “Miki” Ramírez, por enriquecimiento ilícito. Ramírez es un confeso narco que colaboró con la justicia gringa y la fiscalía colombiana declarando contra Pablo Escobar.

El informe de inteligencia es del año 1996 y quedó desclasificado en un fallo del año 2000 emitido por el Juzgado Quinto Penal de Bogotá. En él se detalla que Cabeza es “el piloto encargado de transportar el estupefaciente hacia diferentes lugares del país y el exterior”, y que también cumplía esa tarea para Nelson Urrego Cárdenas, un exnarcotraficante del cartel del norte del Valle, que fue protagonista del proceso 8.000.

En el mismo fallo también se cita otro informe de inteligencia emitido pocos meses antes del que nombra a Cabeza. Ahí aparece mencionado Luis Ernesto Bejarano Celis, cuñado de Orlando Cabeza. Según el informe, alias “Miki” para 1996 “conducía sus negocios” ligados al narcotráfico en alianza con Bejarano. 

Bejarano fue al menos hasta 2022 esposo de Gladys Cabeza Peñaranda, hermana de Orlando. Es el actual representante legal de Inversiones de Tecnología Aeronáutica SAS, la dueña del 45,71% de las acciones de Helistar.

En el fallo no vuelven a nombrar a Cabeza ni a su cuñado Bejarano. En ese fallo no se concluyó que “Miki” hubiera reincidido en narcotráfico, pero para mediados de los 90, paralelo a ese proceso en Colombia, le abrieron 3 indictments (acusaciones formales) en Estados Unidos por seguir enviando cocaína a ese país.

En Colombia los informes de inteligencia contienen información de fuentes e informantes y observaciones de las autoridades operativas en relación con personas que podrían estar vinculadas a actividades ilegales, pero no son señalamientos definitivos que necesariamente lleven a una acusación formal, según explicaron expertos.

“En un elemento orientador, no es determinante, es un insumo para que la policía judicial pueda adelantar su investigación, pero la prueba no es el informe de inteligencia”, explicó el exteniente coronel en retiro Víctor Daniel Murcia, especialista en inteligencia militar.

Hay otra referencia a Orlando Cabeza con el narcotráfico que es mucho más conocida. En el libro El general Serrucho del fallecido periodista Manuel Vicente Peña, es nombrado como el piloto de un avión que llevaba plata ilegal a la campaña del expresidente Ernesto Samper.

 “(…) vinculado al famoso episodio de la avioneta que fue retenida a las 6 de la tarde en el aeropuerto de Montería, en 1994, cuando se aproximaba la segunda vuelta presidencial, la cual iba cargada con plata que le había donado el narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper (…) El aeromotor era piloteado por Orlando Cabeza y en este se transportaba un sujeto llamado Óscar Isaza, encargado de llevar $100 millones a la capital cordobesa”.

Cabeza dice no saber por qué aparece en esos informes. Su argumento es que no tienen sustento esas afirmaciones porque su récord judicial está limpio: “Nunca he tenido vínculos con personas relacionadas con el narcotráfico. No he sido investigado en Colombia o Estados Unidos, por situaciones relacionadas con narcotráfico. No tengo antecedentes judiciales ni en Colombia ni en los Estados Unidos”. 

Los rastros sobre estos episodios han tratado de ser borrados de internet. En 2023 quedó evidencia de que Milton Cabeza, hermano de Orlando Cabeza, pagó a Eliminalia, una empresa española a la que acuden corruptos y exnarcos para que medios bajen sus contenidos y borrar su rastro de internet.

Según reveló El Espectador, medio en Colombia que tuvo acceso a la filtración del  consorcio de periodistas Forbidden Stories, el pago de Milton Cabeza fue para “bajar contenido que no dejaba bien parado a Orlando Cabeza”.

Orlando Cabeza negó haber contratado directamente “servicios de Eliminalia ni de ninguna otra empresa, para borrar información de Internet”.

El de Cabeza es un caso aparentemente excepcional en la embajada de Estados Unidos en Bogotá: su empresa Helistar es una importante contratista del gobierno de ese país y él se precia de que sus aviones tienen autorización para volar a 48 estados. Sin embargo, el empresario no tiene visado estadounidense, según él mismo lo reconoce.

El gobierno federal no negó ni confirmó si la embajada retiró el visado a Cabeza. El empresario respondió a La Silla Vacía y Univisión que su visa no fue revocada, sino que se venció “y decidí no renovarla”.

De acuerdo con dos fuentes consultadas por Univisión, Cabeza se quedó sin visa entre 2003 y 2004 por lo que debió vender un apartamento en Key Biscayne, Florida que había adquirido recientemente. Según los registros públicos de propiedades de la Florida, Cabeza compró por 1,9 millones de dólares un apartamento en ese sector en julio 2003  y lo vendió por 2 millones de dólares en agosto de 2004.

En 25 años Cabeza pasó de ser hijo de una familia clase media de Pamplona, un municipio ubicado en el tope de un páramo en Norte de Santander, a entrar en la lista de ricos y bien relacionados de Colombia. 

Como reveló Daniel Coronell, es propietario de un apartamento en Lagasca 99, el edificio más lujoso de Madrid, en el que también tiene propiedades el grupo Gilinski. El jet de lujo que ofrece Helistar y vuela de Nueva York a Tokio es de la misma categoría que tienen grupos como los Santodomingo y los Sarmiento Angulo. 

En sus aviones se montan presidentes y políticos, y han pasado superestrellas del pop como Britney Spears, Shaggy y Sting. El jet de lujo que opera Helistar es el de la gira oficial de Karol G en estos momentos.  

La familia Cabeza se mueve con soltura en los altos círculos sociales del Caribe. Orlando Cabeza Abril, hijo mayor de Orlando Cabeza, es novio de la actual reina del carnaval de Barranquilla, Melisa ‘Meme’ Cure. Ser reina del carnaval está reservado para las familias de tradición, con plata y poder en Barranquilla.

Además, tiene una relación que lo vincula a los mejores amigos de Gustavo Petro y Verónica Alcocer, Danilo Romero y Carolina Plata, ella funcionaria de Casa de Nariño.  

La relación del compadre de Petro con Orlando Cabeza

Petro también es padrino de uno de los hijos de Danilo Romero Gómez y Plata, y acompaña a Petro en la política. Es uno de los empresarios que aparece en el video revelado por La Silla Vacía en el que el presidente celebra su victoria en segunda vuelta en un apartamento de Bogotá.  

En ese video Romero era el único que vestía la camiseta oficial de la campaña. A diferencia de la mayoría que se abalanzó hacia Petro para felicitarlo por su triunfo, Romero esperó recostado. De hecho, Petro fue el que se le acercó y le apretó el antebrazo.

La relación de Romero y Petro empezó hace dos décadas. Las esposas Plata y Alcocer son mejores amigas, y Plata es parte del séquito de la primera dama contratado en Casa de Nariño. 

Danilo Romero también es amigo de Orlando Cabeza. “Al señor Orlando Cabeza lo conozco hace 26 años, es muy cercano a la familia de Carolina y ahora es un gran amigo nuestro, él y su familia”, dijo.  

Las relaciones de la familia de Romero con Cabeza también son comerciales. El cuñado de Romero, Ambrosio Plata, hermano de la funcionaria de Casa de Nariño, es socio de Orlando Cabeza. Tienen una empresa llamada King Canna para marihuana medicinal y, además, son socios en una palmicultora llamada Palmas San Jorge que tiene 800 hectáreas de tierra en La Gloria, Cesar.

Ambrosio Plata, el cuñado de Romero, y Cabeza también comparten vida social en el caribe y salen en fotos sociales de diarios regionales. Como ésta de El Heraldo de noviembre de 2016.

Danilo Romero presentó a Orlando Cabeza con Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol nombrado por Petro, en un almuerzo en el apartamento de Romero. Según dijo Cabeza, “no me he reunido con Roa después de haber sido nombrado presidente de Ecopetrol”.  

Por otro lado, Romero, según una fuente con acceso a Petro y otra que se mueve en el círculo de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña de Petro, también apoyó su llegada al primer cargo de la estatal petrolera. 

“Eso se definió en la campaña y Romero respaldó el nombre del doctor Roa. Roa es un técnico al fin y al cabo y Petro valora eso”, detalló la fuente con acceso a Petro. Romero negó conocer a Roa antes de la campaña presidencial de 2022 o haber respaldado su llegada a Ecopetrol. 

Y Romero, más allá del compadrazgo, es tan cercano a Petro, que lo ha financiado políticamente para llegar a la Alcaldía de Bogotá y fue el que pagó el mentado viaje que el entonces presidente electo hizo a Florencia, Italia, tras ganar las elecciones.

“Fue una invitación mía, escogí Florencia porque la familia Petro tiene gran cariño por esa ciudad”, detalló Romero.

Danilo Romero asegura que no tiene injerencia de ningún tipo en el gobierno Petro: “Por respeto a mi amigo me mantengo lo más alejado posible, estoy muy ocupado con mis negocios. Hace casi un año que no lo veo”.

Pero su nombre estuvo en el sonajero para el Ministerio de Minas y varios de sus familiares entraron al gobierno.

• Carolina Plata, esposa de Danilo Romero, tiene un jugoso contrato para el protocolo de las casas presidenciales, cuyo único requisito es tener título de bachiller. Le pagan 20 millones de pesos mensuales.
• Óscar Felipe Rueda Plata, hijo de Martha Plata y sobrino de Carolina Plata, entró a Procolombia, entidad que encargada de promover la marca del país en el mundo, como director de la oficina comercial de China. Martha manejó las finanzas de la campaña a la Alcaldía de Bogotá de Petro en 2011 y le donó 30 millones a esa aspiración. Es la más política de esa familia. En 2015 Plata buscó sin éxito llegar al Concejo de Bogotá con el aval liberal.
• Adriana Carreño, cuñada de Danilo Romero, entró a Procolombia como directora regional de Procolombia Santander.

Los contratos de Helistar con el gobierno Petro

Helistar no solo contrata con Ecopetrol desde hace años. También ejecuta millonarios negocios con el Ejército, que al igual que en la petrolera, han sido cuestionados porque favorecen su posición. 

Históricamente, la aerolínea de Cabeza ha contratado con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En la administración de Petro los contratos de transporte aéreo han sido renovados por un  monto de 8 mil millones de pesos. Helistar también contrata con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, metida en el escándalo de corrupción de coimas a congresistas.

Fuera de Colombia, Helistar Technical Center, empresa que se dedica al mantenimiento y reparación de las aeronaves y en la que figura directamente Cabeza, es dueña del 55 por ciento de Helisur, empresa con sede en Perú que también tiene millonarios contratos con el ejército de ese país. 

Pero los negocios de Orlando Cabeza no solamente están con algunas entidades del gobierno Petro, sino que se cruzaron, en 2011, cuando este fue alcalde de Bogotá.  

En ese entonces, la familia Cabeza estuvo detrás de la importación de los camiones de basura de segunda que fueron alquilados por el Distrito. Ese negocio generó un escándalo mediático por los precios que fueron pagados por esos camiones y porque algunos llegaron en malas condiciones. Helistar fue la que sirvió de garantía para la importación de esos vehículos.

En el contrato aparecen al menos tres familiares de Orlando Cabeza, incluido su suegro, Segundo Abril, y su sobrino político, Diego Galvis González, quien, a su vez, es el representante legal actual de Star Aviation, la dueña del 54 por ciento de las acciones de Helistar.

Orlando Cabeza niega tener una relación personal con el presidente Petro: “En algún evento social pude haberlo visto, pero no he tenido ningún vínculo personal”, dice.

The post Los vínculos del multimillonario de Helistar con el círculo íntimo de Petro  appeared first on La Silla Vacía.

Desde Santiago Medina, el ventilador del “proceso 8000” en la campaña de Ernesto Samper, los tesoreros son figuras icónicas de los líos de financiación electoral. Pero a la de la campaña de Gustavo Petro no la dejaron trabajar. 

En el pliego de cargos del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña del presidente radicado por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, hay un testimonio que muestra que el manejo de la plata fue reservado para el círculo más cercano del gerente, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol. 

Lucy Aydee Mogollón Alfonso, quien fue la tesorera de la campaña, declaró que le quitaron el acceso a todas las funciones relacionadas con el manejo y distribución de los ingresos y gastos de la campaña.

“Cuando yo ingresé a la campaña, me habían dicho que era en la parte de tesorería, sin embargo, cuando llegué me dijeron que era una persona externa y que no confiaban en mí”, declaró.

Según explicó, aunque su contrato decía que era la encargada de “controlar el manejo de los ingresos y egresos de la campaña” y “dirigir la ejecución de los pagos de las obligaciones de campaña”, esas funciones fueron reasignadas por Roa a terceros.

Quienes las asumieron fueron Sebastián Caicedo Cano y Aníbal Cano, ambos familiares de Julián Caicedo Cano, la pareja de Roa.

Julián Caicedo está investigado por firmar contratos simultáneos como funcionario público. Este año creó una empresa en Estados Unidos para temas de energías renovables junto con uno de los financiadores de la Colombia Humana.

“Todo el tema del manejo de recursos y token era el señor Sebastián Caicedo y quien tenía firma en el banco era el señor Ricardo Roa en su calidad de gerente de campaña”, agregó en su declaración la tesorera Mogollón.

Sebastián Caicedo, hermano de Julián Caicedo, tenía la llave de acceso a la cuenta bancaria de la campaña pese a que fue contratado como auxiliar administrativo para “atender los requerimientos y/o servicios de transporte, mensajería”. La campaña le pagó, entre primera y segunda vuelta, 12 millones de pesos en honorarios.

Mogollón también explicó que Aníbal Cano, primo de Julián Caicedo, se encargó de todas las adquisiciones de la campaña. Cano recibió pagos de la campaña por 20,9 millones de pesos entre primera y segunda vuelta como encargado de compras.

“La persona que estaba encargada de compras era el señor Aníbal, él solicitaba los servicios dependiendo del área de la fuera (sic), se recogía la información y pasaba por manos de ellos, validaban que estuviera acorde a lo que ellos habían solicitado, pasaba a Ricardo Roa para su autorización, luego se hacía el pago. (…)”, continuó Mogollón.

Mogollón soportó su versión con un chat de WhatsApp, que hace parte del expediente y de la ponencia en la que se formulan cargos a la campaña Petro. 

En un grupo llamado “Tesorería Campaña”, Ricardo Roa da las directrices del manejo de la plata así:

En la práctica, la labor de Mogollón como tesorera fue restringida a “la recepción de documentos contables para poder registrarlos” en el software administrativo de la campaña. 

Así el flujo interno de los recursos en la campaña quedó controlado por Ricardo Roa, Sebastián Caicedo y Aníbal Cano. En el manejo de ese triángulo fue que ocurrió el ocultamiento y alteración de información, se triangularon recursos de fuentes prohibidas de financiación y se volaron los topes de gastos en 5.355 millones en las dos vueltas presidenciales, que detalla el pliego de cargos contra la campaña Petro.

La versión de Mogollón coincide con varios testimonios que le habían dado a La Silla Vacía en medio de la reportería sobre los vacíos de las cuentas de la campaña presidencial.  Fuentes que tuvieron acceso al manejo administrativo también hablaron de Aníbal Cano y Sebastián Caicedo como miembros del círculo cerrado que manejaba la plata que entró y se gastó para financiar la aspiración del presidente Petro. 

“Aníbal y Sebastián eran las personas del maletín. Ellos eran los que se movían con la plata bajo la dirección de Roa. Nadie sabía bien los detalles de los manejos internos porque era un círculo muy cerrado”, explicó una de las fuentes que pidió reserva de su identidad a cambio de entregar detalles.

Otra persona que habló bajo la misma condición explicó que “El círculo de Roa con acceso completo a toda la plata de la campaña eran su novio Julián, y Sebastián y Aníbal. Los demás teníamos información, pero fragmentada”.

A Lucy Aydee Mogollón no le formularon cargos por las presuntas irregularidades en la financiación y los reportes de ingresos y gastos de la aspiración del presidente Petro. El argumento de los magistrados Ortiz y Prada fue que sus “labores fueron ejercidas por terceros en virtud de las instrucciones efectuadas por el gerente de campaña”.

The post Ricardo Roa no dejó que la tesorera de la campaña Petro manejara la plata appeared first on La Silla Vacía.

La Silla Vacía tuvo acceso a la ponencia completa con la que los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, le formularon cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta financiación con fuentes prohibidas y violación de topes de gastos. 

En el documento de 314 páginas se detalla que en total fueron ocultados de las cuentas oficiales de la aspiración presidencial $6.011 millones. De ese monto, la campaña se voló los topes de gasto en $5.355 millones sumadas la dos vueltas.  

La carga probatoria de los magistrados es poderosa en varios puntos. Hay documentos que muestran ocultamiento y alteración de información, triangulación de recursos, e incluso se establece que se usó plata para pagar testigos electorales cuyo origen es desconocido. 

Esa ponencia deberá ser debatida por el pleno del CNE donde no hay una mayoría clara. El órgano lo integran 9 magistrados, la oposición tiene 4 votos y el gobierno 3. Hay 2 indecisos. 

Estas son las claves del pliego de cargos contra la campaña Petro:

1. Los magistrados se arriesgan al acusar directamente al presidente Petro

La formulación de cargos recae sobre el presidente Gustavo Petro, en calidad de candidato presidencial. Además, incluye al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, en calidad de gerente de la campaña, y a los auditores. También incluye a la Colombia Humana, partido del presidente, y la Unión Patriótica, porque era sobre la que recaía la responsabilidad de auditar las cuentas.

Que Petro aparezca en la formulación de cargos con nombre propio, aún cuando está en “calidad de candidato”, acaparó el debate sobre el pliego de cargos porque el presidente tiene fuero y su único investigador es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. 

Apenas conoció la decisión de que su campaña sería investigada, el presidente Petro trinó diciendo que “ha comenzado el golpe blando” y calificó la decisión de “arbitraria” porque el CNE le formuló cargos a él directamente. “Es una abierta ruptura constitucional”, dijo en su cuenta de X.

El debate está abierto, pero dos abogados explicaron a La Silla que como la investigación recae principalmente sobre la campaña, el CNE sí podría hacerla, lo que no podría es sancionar al presidente.

“En esa circunstancia creería que el CNE puede llegar hasta la investigación, pero en lo que tiene que ver sanciones es de competencia de la Comisión de Acusaciones”, explicó exregistrador delegado en lo electoral, Alfonso Portela.

El analista y abogado Héctor Riveros tuvo la misma interpretación y agregó que su lectura se basa en que “lo que dice la ley es que los responsables por las cuentas de las campañas son, además del partido, el candidato y el gerente. Por eso el CNE podría investigar, pero si encuentra violaciones deberá compulsar copias a la Comisión de Acusaciones en lo que tiene que ver con el presidente”.

En todo caso, que exista la discusión le da munición a Petro para enmarcar la investigación sobre la financiación de su campaña en una pugna política y no probatoria.

Por ejemplo, ayer en la tarde Petro llamó “vagabundos de la politiquería” a los magistrados del CNE. Ese órgano le respondió que sus declaraciones “quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático”.

Al ruido político se suma que uno de los dos ponentes, el magistrado Prada, es uribista. Justamente la Corte Suprema de Justicia ayer lo llamó a juicio por el caso de la manipulación de testigos que también tiene respondiendo al expresidente Álvaro Uribe.

2. La donación de Fecode sí se invirtió en la campaña

La ponencia concluye que los $500 millones que giró el sindicato de educadores, Fecode, revelados por La Silla Vacía, sí fueron usados para pagar gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro. 

Concretamente, la plata fue invertida en pagarle a Ingenial Media, la empresa que se encargó de toda la estrategia de datos electorales de la campaña del presidente Petro.

Según las pruebas que hay en el expediente, el pago por $480 millones a Ingenial Media ocurrió el 24 de mayo de 2022 por el contrato firmado el 20 de mayo para la “Implementación del esquema de integral de control electoral posterior al desarrollo de las elecciones”

La ponencia destaca que “este pago se efectuó durante el periodo de la campaña de primera vuelta” y que las actividades “se encontraban previstas como emolumento previo al día de las elecciones”. 

De esa manera los magistrados concluyen que esos recursos sí “eran objeto de registro contable en el marco de la campaña como una ayuda en especie valorada a su precio comercial y/o donación”.

De hecho, la ponencia dice que la manera en la que manejó la donación de Fecode “se deduce una posible triangulación de recursos con el fin de soslayar los deberes previstos en el ordenamiento jurídico.” 

En el documento, además, se explica que la labor de Ingenial Media fue la “coordinación de los testigos electorales y no el pago de los mismos”. Eso es clave porque parte de la defensa de la campaña estaba cimentada en que la plata de Fecode se fue a pagar testigos electorales a través de Ingenial Media.

La defensa de la campaña también había argumentado que existía una escritura pública de septiembre de 2022 en la que se hacía claridad que la donación de Fecode fue “para el partido político, más no para la campaña presidencial. Sin embargo, en la ponencia se determina que ese fue un intento de “preconstituir” una prueba para salvar eventuales responsabilidades porque “la fecha de la escritura pública dista de las circunstancias de tiempo y modo que motivaron la donación”.

“Lo que permite colegir, además de la omisión en el informe de ingresos y gastos de la campaña objeto de análisis, la presunta manipulación irregular de la información”, detalla el documento en manos de la sala plena del CNE.

3. Hubo pagos a 35 mil testigos electorales y se desconoce de dónde salió la plata

En la ponencia hay pruebas de que hubo giros por $931.290.000 en primera vuelta y por $177.680.000 en segunda vuelta para pagar a testigos electorales a través de las plataformas Supergiros y Su Red. La Silla Vacía reveló que esa operación fue ocultada en las cuentas oficiales de la campaña del presidente Gustavo Petro.

Según la trazabilidad que establecieron los magistrados investigadores el 15 de febrero de 2022 la empresa Ingenial Media suscribió un contrato con Su Red para “prestar el servicio postal de pago y/o dispersión de giros”. Ese contrato tenía vigencia de 6 meses e iría hasta agosto de 2022.

De acuerdo con el contrato, Ingenial Media le pasaba la plata a Su Red, para que este, a su vez, hiciera los pagos a los testigos electorales.

Tras cruzar las bases de datos de la empresa de giros con la de testigos electorales registrados por el Pacto Histórico en la Registraduría, quedó en evidencia que en total se hicieron pagos a 30.256 testigos electorales en todo el país así: 

Para segunda vuelta también se registraron pagos a 5.328 testigos electorales a través de Su Red así:

Sin embargo, no hay registro de dónde salió esa plata, porque se probó con la información entregada por la Dian que los contratos que firmó Ingenial Media con la campaña, y que incluso se pagaron en parte con la plata que donó Fecode (ver punto 1), no fueron usados para pagar los testigos electorales.

“Desconoce esta Corporación el origen de tales recursos utilizados para la dispersión de los pagos efectuados a los testigos electorales, lo que permite entrever un presunto ocultamiento de aportes de dinero a la campaña y una presunta triangulación de recursos en la que hipotéticamente pudieran estar inmersas las empresas de giros”, dice la ponencia. 

Adicionalmente, la campaña omitió reportar como donación $530 millones de la Colombia Humana que fueron invertidos en transporte, alimentación y logística para los testigos electorales. 

4. Ocultaron un crédito del Polo Democrático y pago de propaganda electoral

La ponencia detalla que hubo un préstamo por parte del Polo Democrático por $500 millones que fue borrado de las cuentas finales de la campaña presidencial, porque de haberse incluido volaba los topes. 

La maroma financiera ocurrió luego de que en la revisión inicial de las cuentas, el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas advirtiera que en las cuentas no estaba registrado el pago de propaganda electoral a Caracol Televisión por $367 millones.

Según la ponencia, para poder registrar esos $367 millones sin volarse los topes de gasto, la campaña borró el crédito que le hizo el Polo Democrático. Si lo hubiera incluido, las cuentas hubieran sido de $28.884 millones, cuado el tope de gasto era $28.536 millones.

“Se determina un ocultamiento final en los hechos económicos inherentes al desarrollo de la campaña”, señala la ponencia.

Además, los magistrados ponentes determinaron que también hubo ocultamiento de los gastos de propaganda electoral pagados a Caracol Televisión porque fueron registrados en las cuentas de segunda vuelta, cuando en realidad ocurrieron para la primera vuelta. 

5. La campaña Petro usó recursos de la campaña al Congreso para pagar sus gastos

El pago de $202 millones para temas relacionados con servicios, equipos, capacitación y la plataforma de Whatsapp de la campaña presidencial, según detalla la ponencia, habría salido de plata de la campaña al Senado del Pacto Histórico.

Según las pruebas en el expediente, entre el 9 y 23 de mayo se hicieron pagos a la empresa Ingenial Media por esos conceptos, cuando para entonces la campaña presidencial no había girado plata a la empresa.

El primer giro de la campaña a Ingenial ocurrió cinco días después —el 27 de mayo—, y en los reportes de ese giro no hay registro de pago por equipos, capacitación o Whatsapp. 

Lo que concluyen los magistrados es que esos pagos solo pudieron haber salido de plata no utilizada en la campaña al Congreso, a la que Ingenial Media también le prestó servicios. 

Esa plata no fue reportada como ingreso a la campaña presidencial y por eso se cuestiona una “omisión en el informe” financiero.

6. Ocultaron pagos de transporte aéreo a Sadi SAS.        

En la ponencia se detalla que hay indicios de manipulación en el pago por servicios de transporte aéreo de la campaña presidencial a la empresa Sociedad Aérea de Ibagué, Sadi SAS, que es la misma que está envuelta en el escándalo de la estafa masiva de criptomonedas con Dayli Cop.

Según miembros de Daily Cop que hoy están colaborando con la Fiscalía, se habría acordado con el gerente de la campaña, Ricardo Roa, la donación en especie de $2.000 millones. Esa plata se vio reflejada en el uso de un avión privado, a través de Sadi, del que hay pruebas que Petro usó.

Según la trazabilidad, en primera y segunda vuelta se emitieron facturas que posteriormente fueron anuladas. 

En primera vuelta la trazabilidad fue así:

• El 28 de mayo Sadi emitió factura por $4.014 millones y luego la anuló.
• El 29 de mayo Sadi emitió factura por $2.270 millones y luego la anuló.
• El 30 de mayo Sadi emitió factura por $2.770 millones. Esta fue la que presentó oficialmente la campaña.

En segunda vuelta la trazabilidad fue así:

• El 10 de junio Sadi emitió factura por $605 millones y luego la anuló.
• El 16 de junio Sadi emitió factura por $1.157 millones y luego la anuló.
• El 17 de junio Sadi emitió factura por $799 millones. Esta fue la que presentó oficialmente la campaña.

En la ponencia se dice que esas modificaciones evidencian “una disminución de las horas de vuelo y eliminación de conceptos inicialmente causados” y se concluye que “esta conducta obedece a una posible manipulación de cifras con el fin de no vulnerar el límite al tope de gastos establecidos”.

El reporte de la información de Sadi además difiere del que reposa en la Aeronáutica Civil. 

Para la primera vuelta, según la empresa contratada por la campaña Petro, se tramitaron 73 permisos aéreos, pero la autoridad aérea señala que en realidad fueron 88. En la segunda vuelta la empresa solo reportó 14 permisos, pero la Aeronáutica detalló que fueron 28.

“Por lo que la incongruencia de la información previamente citada permite entrever un presunto ocultamiento de servicios prestados y no reportados por la campaña”, señala el documento.

7. La donación de la USO tampoco se reportó 

La Unión Sindical Obrera, USO, aprobó el 8 y 9 de junio de 2022 la donación de $600 millones para sufragar gastos de la campaña presidencial. 

Además, hay reportes de gastos de la USO que prueban que hubo 32 pagos en primera vuelta por $121 millones para actividades de logística y transporte realizados. Y que en segunda vuelta existieron 78 pagos por $379 millones para los mismos fines. 

En las cuentas del sindicato también hay reportes de pagos a testigos electorales por $18 millones en primera vuelta, y por $42 millones en segunda vuelta.

La ponencia concluye que todos esos gastos fueron omitidos en las cuentas de la campaña. Y que, en todo caso, la USO no podía donar plata a la campaña presidencial porque está prohibido por ley que personas jurídicas aporten.

8. No cuadran los pagos por el alquiler del Movistar Arena para la celebración

Las facturas del pago del auditorio en el que el presidente Gustavo Petro celebró su victoria también tienen inconsistencias.

Según la ponencia, la empresa que lo alquiló, llamada TBL Live, emitió dos facturas: una por $150 millones y otra por $100 millones el 16 de junio de 2022, tres días antes de las votaciones. En el reporte de gastos de la campaña solo se incluyó la primera factura.

Roa explicó que eso se debía a que el evento solo había costado $150 millones. Sin embargo, el cruce de información con la Dian arrojó que la factura de $100 millones jamás se anuló y que, de hecho, TBL Live reportó lo correspondiente al IVA de esa factura también.

Por lo que la ponencia concluye que en realidad el evento costó $250 millones, de los cuales $100 millones fueron ocultados de la contabilidad de la campaña.

The post Las claves del pliego de cargos en el CNE contra la campaña Petro appeared first on La Silla Vacía.

El partido Verde atraviesa una nueva crisis por el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo: un sector del partido pidió la expulsión de la colectividad del presidente del Senado, Iván Name; renunciaron dos caras muy visibles como lo son Antanas Mockus y Claudia López; y se quedaron sin cuota en la Consejería de Regiones de Palacio por la renuncia de Sandra Ortiz, implicada en el escándalo. En esta explosión verde hay alguien poderoso que pasa de agache: Carlos Ramón González, cofundador del partido y actual director de Inteligencia de Palacio. González, exmilitante del M19, es un político profesional que ha sido el verdadero poder del Verde. Aparece en una sola filtración, sin verificar, del escándalo de corrupción. Hoy hablamos de por qué es la verdadera alma del partido.

Para saber más de la implosión del Partido Verde puede revisar: 

El poder de Carlos Ramón, líder del partido salpicado por corrupción en la Ungrd.

La toma Verde de Palacio: Carlos Ramón, la nueva sombra de Petro.

En el Sena de Santander hacen campaña al cuñado del líder del Dapre.

Carlos Ramón González: contratista, prestamista y dueño del Verde.

Los Verdes: los nuevos protagonistas de la reforma a la salud de Petro.

Huevos Revueltos con la receta de poder en Palacio en el primer año de Petro.

Chequeo de datos: Jineth Prieto, coordinadora de investigaciones de La Silla Vacía. 

Producción: Fernando Cruz y Juanita Escobar, periodistas de La Silla Vacía

.Foto de portada: Twitter (x) de Carlos Ramón González y del Partido Alianza Verde.

Más del aniversario de La Silla Vacía:

Estamos cumpliendo 15 años y queremos celebrarlos con ustedes. Si tiene 15 años o los cumplirá este año, envíenos un video de máximo 3 minutos, en vertical, para que nos cuente a qué acuerdo deberíamos llegar los colombianos. Las mejores 20 respuestas ganarán premios. Envíe su video a este mail: dptocreativo@lasillavacia.com

Y si quiere saber cómo vamos a celebrar nuestros primeros 15 años durante todo el año, pásese a leer esta entrada de nuestra directora: https://www.lasillavacia.com/opinion/de-la-direccion/la-silla-cumple-15-anos-y-un-acuerdo-para-el-futuro/

Más de La Silla pódcast: 

¿Quieres aprender de pódcast, hacer un pódcast como este o grabar tus contenidos sonoros? En La Silla Vacía te ayudamos y damos las herramientas. Para mayor información y precios, consulta acá. Un espacio de cuña en Huevos Revueltos puede ser suyo, excepto para contenido político y electoral. Si tiene interés, escriba a fcruz@lasillavacia.com.

Más de La Silla Vacía:

Elija ser Súperamigo. Puede ser parte de nuestra comunidad acá.

Pásese por el Detectbot de La Silla Vacía para chequear cadenas falsas. Escriba un chat a este link: https://wa.link/yiiei0

The post Carlos Ramón González, el ganador de la implosión de los Verdes appeared first on La Silla Vacía.

Hoy el abogado de Olmedo López, exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd) radicará en la Fiscalía la matriz de colaboración con la que buscará un principio de oportunidad. Para recibir beneficios judiciales, quien era la cabeza de la Ungrd, tiene que convencer a la Fiscalía que tiene como delatar a alguien más arriba.

Según la revista Semana, a cambio de beneficios judiciales, López acusará a la cabeza de  la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Carlos Ramón González, de ser el alto funcionario que “dio la orden” para repartir al menos 4.000 millones de pesos en coimas a los presidentes de la Cámara, Andrés Calle, y el Senado, Iván Name.

López, según lo que se ha filtrado hasta ahora, también confirmaría las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, quien fue el que prendió el ventilador del escándalo. 

La versión de Pinilla y de la defensa de López ya ocasionó la salida del gobierno de Sandra Ortiz, quien era la consejera para las regiones. También tiene dando explicaciones al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. 

Hasta ahora no se conocen detalles de lo que López dirá de Carlos Ramón González, pero si confirman y entregan pruebas de que estuvo detrás de la repartición de coimas a congresistas, sus versiones se convertirán en un golpe contundente para el gobierno de Gustavo Petro. Sobre todo, porque Pinilla ha asegurado que la entrega de coimas a congresistas era “una política de Estado”

El camino a Casa de Nariño de Carlos Ramón 

En 2022 González dejó de ser el poder en la sombra de la Alianza Verde y se puso frente a los reflectores para ser el brazo de la aspiración presidencial de Gustavo Petro en ese partido. 

Políticamente, González fue clave para la estrategia electoral del petrismo. Estuvo detrás del viraje que hoy le permitió a los militantes del Verde y a sus congresistas, quedar en libertad, lo que en la práctica volcó a buena parte de ellos a la campaña de Gustavo Petro. 

Y luego impulsó que la Alianza Verde se declarara partido de gobierno, lo que le aseguró a esa colectividad el acceso directo a la burocracia de Presidencia y, por esa vía, manejo de la plata pública.

Además de Gónzález, los verdes han tenido cargos de alto perfil en el gobierno así: 

• Jorge Londoño, director del Sena.
• Mauricio Toro, director del Icetex.
• Diego Cancino, viceministro de Interior.
• Luis Carlos Leal, superintendente de Salud.
• Wilmer Leal, director del Fondo Colombia en Paz.
• Sandra Ortiz, consejera presidencial para las Regiones

Precisamente Ortiz renunció hoy de la Consejería de las Regiones tras ser señalada por el exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, de ser la mensajera de la coima de 3 mil millones de pesos que le habrían entregado en dos partes al presidente del Senado, Iván Name. Ortiz niega que esas versiones sean ciertas.  

En todo caso, González es el verde que ha recibido el nombramiento de más alto perfil en el gobierno Petro. Su entrada a Palacio se dio por la puerta más grande en abril del año pasado cuando asumió la cabeza de la Dirección Administrativa de Presidencia, Dapre, una entidad con un bolsillo de 6 billones de pesos anuales.

Su rol adquirió más poder cuando la mano derecha del presidente, Laura Sarabia, salió por unos meses en medio del escándalo de las chuzadas a su niñera. Como reveló La Silla Vacía, cualquiera que quisiera hablar con el presidente debía pasar por él, incluidos congresistas y ministros. Entre esas funciones estaba la de manejar el “computador de palacio”, la relación de puestos a cambio de alinear votos en el Congreso.

Al tiempo, González  aseguró su injerencia en el Sena. Su esposa, Luz Danna Leal, fue nombrada en la dirección nacional de Empleo y Emprendimiento, movida que le permitió activar maquinaria en las elecciones locales de 2023.

La Silla Vacía reveló que desde el Sena regional impulsaron la campaña del cuñado de Carlos Ramón González, quien se reeligió como diputado de Santander ese año. Además, en el Sena Santander hay denuncias de la supuesta injerencia burocrática de Luz Danna Leal. 

González también se movió de frente para influir en cargos más visibles aprovechando su cargo en el Dapre. 

Fue el artífice de la reunión en Casa de Nariño entre Petro y el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, que concluyó con que Hernandez recibiría el apoyo del petrismo en su aspiración a la Gobernación de Santander. Incluso, ofreció un ministerio a uno de los candidatos que le competían con más fuerza a Hernández para sacarlo de la campaña.

En Santander, González también tiene vasos comunicantes con Girón, municipio al que la Ungrd le entregó contratos por 347 mil millones de pesos, en vísperas de las elecciones de 2023, durante la administración de Olmedo y Pinilla. 

El grupo de González ha mantenido poder político en ese municipio, que es el quinto más grande de Santander, como aliado del actual director administrativo de la Cámara de Representantes, Jhon Abiud Ramírez. 

Petro anunció vía X que suspendería el giro de los recursos comprometidos para ese contrato en Girón.  

Desde febrero, González está al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia, entidad que se encarga de la inteligencia y contrainteligencia de Presidencia, y que, entre otros, recauda información estratégica para la seguridad nacional. El DNI es el equivalente a la CIA en Estados Unidos o el MI6 para el Reino Unido. Ese nombramiento refleja la confianza que tiene en González el presidente Petro.

El poder en la Alianza Verde, entre las sombras

Carlos Ramón González es uno de los cofundadores de la Alianza Verde. Ha estado 30 años detrás de todas las decisiones de ese partido. Estuvo ahí cuando arrancó como Alianza Democrática, cuando pasó a llamarse Opción Centro, cuando mutó a Partido Verde Opción Centro, cuando pasó a ser solo Partido Verde y cuando se convirtió en Alianza Verde.

En 2023, cuando entró formalmente al gobierno Petro, fue la primera vez en tres décadas que González dejó de ser directivo de ese partido. Sin embargo, sigue ejerciendo su influencia a través de Rodrigo Romero, elegido en 2023 como uno de los copresidentes.

Romero es un viejo aliado de González, entró a figurar en la Alianza Verde, cuando ese partido se llamaba Opción Centro. Para entonces, Romero era conocido en Santander por su activismo entre los sindicatos de educadores, y también por ser parte del grupo político del exsenador Luis Alberto “El Tuerto” Gil, otro desmovilizado del M-19 que terminó condenado por parapolítica. 

Como contó La Silla en esta investigación, Romero fue representante a la Cámara de Opción Centro tras una alianza en la que se apoyaron mutuamente con Gil, quien se eligió senador. Desde los escándalos que sacudieron a Gil, Romero se quedó al lado de Carlos Ramón González. 

Con González, Romero escaló dentro del verde hasta manejar administrativamente el partido. En la práctica, Romero heredó las banderas de González, quien, además de copresidente, estaba pendiente de esas labores hasta que renunció para entrar al gobierno Petro.  

Si bien el partido tiene a otros dos copresidentes, Antonio Navarro Wolf y Antanas Mockus, la sensación interna es que sus liderazgos son más simbólicos que prácticos, debido a que ambos tienen quebrantos de salud.

Desde que estalló el escándalo de la Ungrd, la bancada de congresistas está pidiendo una reunión urgente, pero Romero dijo que solo la programaría hasta el miércoles porque primero “tiene programadas otras reuniones para el mismo tema”. Un sector de los congresistas siente que retrasarla los perjudica. “Todos estamos pagando los platos rotos pero no todos somos aliados del gobierno”, le dijo a La Silla uno de los congresistas verdes que pidió no ser citado. 

Esa escena, en parte explica cómo influye el poder de González en la sombra. Y su empañado debut en la política es el que explica por qué González eligió moverse fuera de los reflectores.

Cuando ocurrió la desmovilización del M-19, donde tenía el alias de “Mario Santander” y se conoció con Petro, González intentó ser protagonista. Se convirtió en jefe político de la Alianza Democrática M-19 en Santander, fue representante a la Cámara y cuando no logró reelegirse a mediados de los 90 se lanzó con éxito como concejal de Bucaramanga.

Pero, justo cuando cruzaba por la mitad de su segundo periodo como concejal de Bucaramanga, protagonizó un escándalo que concluyó con una condena en su contra por hechos de corrupción. 

Fue acusado de usar una corporación llamada Alborada, que trabajaba con desmovilizados del M-19, para suscribir irregularmente contratos de vigilancia con el Instituto de Salud de Bucaramanga, Isabú. 

En el expediente queda claro que la fundación despachaba en la misma sede política de Carlos Ramón González, que compartían contador, que plata de los contratos llegó a sus manos, que fue utilizada en política, y que, incluso, fue registrada a través de pagos a terceros para volarse los topes electorales de la campaña en esa época.

Dentro de los terceros que ayudaron a desviar la plata está el nombre de Luz Dana Leal, esposa de Carlos Ramón González y hoy alta funcionaria del Sena. 

Aunque todos esos hechos quedaron probados en el expediente, en 2004 González terminó condenado solo por el delito de falsedad en documento privado por haber ocultado gastos de campaña. Se concluyó que, aun cuando había recibido plata de los contratos de la fundación para financiar su campaña, el uso de ese dinero no podía ser considerado ilegal debido a que los objetos sí se ejecutaron.

La manera en que funcionaba Alborada guarda similitudes con el funcionamiento de otras corporaciones con las que González, sus familiares y miembros del Verde han sido contratistas públicos: han compartido las mismas sedes, así como contadores y revisores fiscales.

El otro poder de Carlos Ramón: contratista y prestamista 

Carlos Ramón González tiene otro eje de poder en una financiera llamada Dansgold, que fundó en 2008 junto a su esposa Luz Dana Leal, la hoy funcionaria del Sena. 

Esa financiera es el banco de los verdes. Entre 2017 y 2019 esa empresa le prestó 3.150 millones de pesos al partido Verde.

En 2022, entre junio y agosto, Dansgold le hizo dos préstamos por 700 millones de pesos al partido y esta vez incluso figuró con nombre propio Carlos Ramón González dándole crédito a los verdes por otros mil millones más.

Dansgold ha compartido revisores fiscales con las corporaciones Sor Teresa de Calcuta y Asís de Colombia . Ambas actualmente contratan con el estado operando comedores comunitarios de Bogotá y, como reveló esta investigación de La Silla Vacía, están vinculadas a González, su familia y militantes del verde. 

Además, hay otras dos corporaciones que también operan comedores comunitarios en Bogotá con vasos comunicantes con González y su familia: la corporación Siembra Futuro y  Corporación para el Desarrollo Social Humano Ser.

Son contratos que ganan todos los años y por los que cada una de las corporaciones maneja entre 400 y 700 millones de pesos anuales. 

Mientras se conocen detalles de lo que dirán tanto López como Pinilla, González seguirá dando directrices en la entidad que se encarga de coordinar toda la inteligencia y contrainteligencia de Presidencia. 

The post El poder de Carlos Ramón, líder del partido salpicado por corrupción en la Ungrd appeared first on La Silla Vacía.

Santiago Vargas es un empresario de múltiples negocios. Entre 2022 y 2023 fue uno de los principales donantes y financiadores de Colombia Humana, el partido del presidente Gustavo Petro. Es amigo del actual director del DPS, Gustavo Bolívar; y de Ricardo Roa, el gerente de Ecopetrol, la empresa más grande del país. A finales de 2023, Vargas cambió los objetos sociales de varios negocios para explorar en el negocio del petróleo y del gas, los mismos que maneja Roa.

Una investigación de La Silla Vacía revela los vasos comunicantes entre Vargas y Roa, que van más allá del interés por las energías convencionales y renovables. 

Para saber más sobre los nexos del mecenas de la Colombia Humana con el gerente de Ecopetrol:

El misterioso mecenas del partido de Petro y sus cuentas irregulares.

Los contratos con el Estado de la pareja de Roa, el presidente de Ecopetrol.

Presidencia de alto riesgo: El informe reservado de Ecopetrol sobre Roa.

Chequeo de datos: Jineth Prieto, coordinadora de investigaciones de La Silla Vacía.

Producción: Sofía Angulo, Fernando Cruz y Juanita Escobar, periodistas de La Silla Vacía.

Foto de portada: La Silla Vacía.

Más de La Silla pódcast:

¿Quieres aprender de pódcast, hacer un pódcast como este o grabar tus contenidos sonoros? En La Silla Vacía te ayudamos y damos las herramientas. Para mayor información y precios, consulta acá.

Un espacio de cuña en Huevos Revueltos puede ser suyo, excepto para contenido político y electoral. Si tiene interés, escriba a fcruz@lasillavacia.com.

Más de La Silla Vacía:

Elija ser Súperamigo. Puede ser parte de nuestra comunidad acá.

Pásese por el Detectbot de La Silla Vacía para chequear cadenas falsas. Escriba un chat a este link: https://wa.link/yiiei0

The post El nexo que une al mecenas de la Colombia Humana con el gerente de Ecopetrol – Huevos Revueltos con Política appeared first on La Silla Vacía.

Siete donaciones que suman 928 millones de pesos llegaron a las arcas de la Colombia Humana, el partido del presidente Gustavo Petro, en 2023.

El generoso benefactor fue Santiago Vargas Ramos, el mismo mecenas que en 2022 le entregó otros 650 millones de pesos al partido sin que estuvieran justificados en la contabilidad de su empresa, como reveló La Silla Vacía. 

Mientras los millones de Vargas nutren las finanzas del partido de Petro, dos de sus hijas empezaron a aparecer vinculadas al presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial, Ricardo Roa.

Vargas, un amigo del director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, es un mecenas poco transparente. Hoy es dueño de una veterinaria de Bogotá, pero más allá de eso, no es claro cuáles son los negocios a partir de los cuales ha donado alrededor de 1.500 millones a las campañas del petrismo. 

Otro regalo para la política de la Colombia Humana

Nadie le ha dado más plata a la Colombia Humana que Santiago Vargas Ramos. El año pasado, durante la campaña para las elecciones regionales, ese empresario se consolidó como el mecenas del partido del presidente Petro. A través de siete giros a nombre de su empresa Negocios Varvill le donó los 928 millones de pesos.

Según los reportes contables que el partido registró ante al Consejo Nacional Electoral, todos los desembolsos se hicieron con el propósito de que la Colombia Humana pagara “gastos de funcionamiento”.

La de Negocios Varvill fue la sexta donación más alta realizada por empresas en todo el país a partidos políticos en 2023. Delante de Vargas solo aparecen donaciones de empresas vinculadas a los grupos Ardila Lûlle, Sarmiento Angulo, Bavaria y Coca-Cola. Además, representó el 67 por ciento de las donaciones que recibió la Colombia Humana en 2023.

Pero a diferencia de las otras empresas donantes de las que es bien conocida su actividad comercial, no es tan claro el origen de la plata que Vargas Ramos aparece regalándole a la Colombia Humana a través de Negocios Varvill.

El nombre de esa empresa resulta de unir los apellidos de Santiago Vargas Ramos e Isabel Villegas, mamá de dos de sus hijas. En papeles, la empresa pertenece a las menores de edad. 

Nació en 2019 y tiene registradas como actividades principales: veterinarias (agregada en noviembre de 2023), de consultoría, de gestión y “otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil”. Desde noviembre del año pasado su dirección funciona en una veterinaria llamada “Sintiendo huellas”.

Santiago Vargas Ramos es amigo personal del excandidato a la Alcaldía de Bogotá de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar, director del DPS. Ha tenido negocios relacionados con plástico, zonas francas y construcción, pero ninguna de las empresas que La Silla logró rastrear están vigentes, salvo por Varvill y otra llamada Actividades de Capital en la que aparecen otras tres hijas.  

Varvill es la misma empresa que en 2022 fue la principal benefactora de la Colombia Humana. En ese entonces giró 650 millones de pesos cuyo origen no está justificado en el balance oficial de esa empresa registrado en la Cámara de Comercio. 

Como contó La Silla Vacía en esta investigación, tres fuentes con vínculos directos con la Colombia Humana y la campaña Petro aseguraron que en realidad Vargas había sido un vehículo para que la plata de varios contratistas entrara a sufragar cuentas de la aspiración presidencial sin ser detectados. 

Sobre la última donación, La Silla Vacía no pudo verificar cómo están sustentados los 928 millones de pesos en las cuentas de Negocios Varvill para 2023, porque esa empresa no ha registrado el balance de ese año en la Cámara de Comercio.

Vargas no respondió las preguntas enviadas por La Silla Vacía, pese a que pidió una semana para hacerlo personalmente y mostrar todos los soportes. Cuando se cumplió el plazo que pidió, canceló la entrevista y no volvió a contestar. Lo único que aseguró vía telefónica fue: “no somos delincuentes, ni nada así. Somos gente que tiene una ideología y la posibilidad de apoyar algo en lo que se cree”.

Carmen Anachury, actual secretaria general de la Colombia Humana, respondió que “en mis archivos no está ningún documento que permita darle respuesta” debido a que asumió en el cargo en septiembre del 2023. También precisó que “los archivos, actas y demás documentos de esos procesos administrativos fueron manejados por el Dr. Marco Emilio Hincapié, actual director de Coljuegos”. Hincapié no respondió los mensajes de La Silla Vacía.

Los lazos de las hijas de Vargas con Ricardo Roa y su pareja

A la par de su generosidad con la Colombia Humana, las empresas de Vargas empezaron a ampliar sus objetos e incluyeron negocios de energías renovables y petroleros. 

En diciembre de 2023, Negocios Varvill registró en la Cámara de Comercio de Bogotá que ahora también se dedicaría a extracción de minerales, crudo y gas. Según quedó consignado en el acta, el cambio se da porque Vargas Ramos, representante legal, “ha venido trabajando en la ampliación de mercados con varias firmas”.

Esa ampliada visión de negocios de Vargas coincide con una movida en Estados Unidos en cabeza de Julián Caicedo Cano, pareja de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña del presidente Gustavo Petro.

En noviembre de 2023, Caicedo Cano creó en el Estado de la Florida una empresa llamada WindSun Energy LLC. Esa empresa quedó expuesta en el informe interno de la consultora Control Risk que la Junta Directiva de Ecopetrol contrató para evaluar los riesgos de la presidencia de Roa, envuelto en varias investigaciones por su rol como gerente de la campaña Petro.

En WindSun Energy, además de Caicedo Cano, aparece como socia Tatiana Vargas Gómez, una joven de 19 años hija de Santiago Vargas Ramos. El informe de Control Risks le adviritó a Ecopetrol que la pareja de Roa era un riesgo para el presidente de la compañía porque, como lo reveló La Silla Vacía, había tenido contratos simultáneos en Colombia con entidades estatales. 

La dirección en la que fue registrada la empresa de Caicedo Cano y la hija de Vargas Ramos queda ubicada en una casa de propiedad de otra empresa registrada en La Florida que aparece a nombre de Energy Power USA LLC.

Los dueños de Energy Power LLC son Marisol Segura y su hijo José Alejandro Jiménez Segura, empresarios de Cali que tienen la comercializadora de energía Energéticos SA ESP y la generadora de Energía y Gas de Colombia SA ESP.

Segura le dijo a La Silla Vacía que es amiga de Ricardo Roa hace 20 años y que por él conoció a Julián Caicedo Cano. Sin embargo, aseguró que Caicedo Cano y Tatiana Vargas Gómez usaron sin autorización la dirección de su casa en Estados Unidos para constituir WindSun Energy LLC.

“Me di cuenta de la constitución de esa empresa en febrero de este año, porque fuimos a la casa de Miami y en el casillero había mucha correspondencia a nombre de WindSun. No sabía qué era, entonces pensé que se habían equivocado de residencia (…) Pedimos el  SunBiz, que es como la cámara de comercio allá, y ahí fue que me di cuenta que la empresa era de Julián Caicedo y de Tatiana Vargas, entonces yo en ese instante me incomodé”.

Según la versión de Segura, le pidió a Caicedo Cano que desvinculara su dirección de esa empresa y se desentendió: “Julián sencillamente me dice: ‘mira no quiero causarte incomodidades, discúlpame’. Yo tengo las mejores referencias de Julián, es un muchacho que ha salido adelante con mucho esfuerzo. Entonces yo no le puse tanta malicia”.

Caicedo Cano no respondió preguntas enviadas por La Silla Vacía. 

Pero para la fecha en la que el informe del Control Risk fue entregado a la junta directiva de Ecopetrol —13 de marzo—, la empresa de Caicedo Cano y Tatiana Vargas seguía figurando en la dirección de Segura. 

Solo cambió hasta el 27 de marzo, días después de que se filtró en medios parte del informe y el dato de que Caicedo Cano tenía una empresa en Estados Unidos dedicada a temas de energía. 

Actualmente, en Windsun Energy figuran los esposos Henry Mauricio Abadía Monroy y Blanca Esperanza Rojas Gutiérrez. Los dos son dueños de empresas de contabilidad y revisoría fiscal en Bogotá. 

Rojas explicó a La Silla Vacía que figura en esa empresa junto a Abadía porque Caicedo Cano los contrató como asesores para fundar WindSun y luego para empezar el proceso de liquidación.

“Esta sociedad nunca realizó actividades comerciales y, en febrero de 2024, se nos encomendó iniciar su proceso de liquidación. Por regulación americana, para la liquidación de una sociedad se debe hacer un proceso de presentación de reportes ante los entes de control por el término de duración de la compañía (en este caso por los 2 meses que habían trascurrido), por lo tanto, la misma se reasignó a Henry Abadía y a Esperanza Rojas”.

Esta no es la primera vez que Caicedo Cano y Santiago Vargas Ramos aparecen relacionados. 

La Silla Vacía reveló en agosto de 2023 que Actividades de Capital, otra empresa de Vargas, le pagó la seguridad social a Cano por varios meses en 2023.

Las accionistas de Actividades de Capital, de acuerdo a un acta de marzo de este año, son: María Andrea Vargas Gómez, María Alejandra Vargas Gómez y Tatiana Vargas Gómez, la socia de Caicedo Cano en Estados Unidos.

La línea directa de Vargas en Ecopetrol

Además de ser el donante millonario de la Colombia Humana, Santiago Vargas Ramos tiene línea directa con Ricardo Roa.

Otra de sus hijas, María Andrea Vargas Gómez, fue contratada como “profesional junior de gestión” en Ecopetrol.

Cuando La Silla Vacía llamó a la línea directa de la petrolera para verificar la información, especificaron que María Andrea es la asistente de Ricardo Roa y trabaja directamente para su despacho.

Dos fuentes con acceso a Roa, que pidieron las reservas de sus nombres a cambio de dar información, detallaron que la relación entre el presidente de Ecopetrol y el benefactor de la Colombia Humana es estrecha. 

“Hacen reuniones fines de semana, su círculo es de amistad”, explicó una de esas fuentes. Otra aseguró: “viajan dentro y fuera del país, son amigos”.

Esa información fue confirmada por Marisol Segura, la empresaria de energía en Cali, dueña de la dirección en la que la pareja de Roa constituyó WindSun Energy en Estados Unidos.

“Hace algunos meses hubo una celebración de cumpleaños de Ricardo, y por casualidad yo llegué allí. Santiago estaba”, aseguró, pero dijo no saber a qué se dedicaba.

Roa no respondió las preguntas que le envío La Silla Vacía a su número personal y al de su asesor Camilo Gutiérrez. 

Santiago Vargas Ramos también guardó silencio sobre las preguntas en torno a la vinculación de sus hijas con Julián Caicedo Cano y con Ricardo Roa en Ecopetrol.

The post Puestos y empresas unen al presidente de Ecopetrol y al financiador de la Colombia Humana appeared first on La Silla Vacía.