Aunque todos los senadores y representantes tienen la obligación de declarar y actualizar anualmente el registro de conflicto de intereses, la regla es ignorada en el Congreso. De los 292 legisladores, solo 71 han cumplido con esa ley que se implementó desde 2019 y han actualizado el registro todos los años. Es decir, que tres de cada cuatro congresistas les ocultan a los ciudadanos información que es crucial para el debate público.

Más allá de la opacidad, es una constante que familiares de congresistas se beneficien del Estado, incluso dentro del mismo Congreso, además, la mayoría de legisladores tuvieron financiadores que luego ganaron contratos públicos. Por ejemplo, desde el 20 de julio de 2022 los hijos de un representante de Comunes han ganado 11 contratos, y el hijo de Iván Name suma más de 400 millones de pesos en trabajos simultáneos con el Estado.  

Las declaraciones de conflictos de interés les muestran a los ciudadanos el origen de los ingresos de los legisladores, quiénes financiaron sus campañas y cuáles son los intereses económicos suyos y de sus familiares. Eso es importante porque cada vez que tramitan o proponen una modificación en una ley, los ciudadanos deben saber si el congresista tiene un posible conflicto de interés, y si con su voto puede sacar un beneficio personal, para sus familiares o financiadores. (Consulte acá Quién es Quién en el Congreso)

En alianza con el proyecto “Joining the Dots” de Directorio Legislativo, una organización argentina que trabaja en temas anticorrupción, transparencia, parlamento abierto y acceso a la información pública en América Latina (ver blog), La Silla Vacía analizó las declaraciones de los congresistas y las cruzó con el sistema de contratación estatal y el registro único empresarial. La información fue recogida desde el 20 de julio de 2022, día en el que los actuales congresistas asumieron sus curules, hasta junio de 2024. 

Estas son las principales conclusiones.

1. El Pacto Histórico es el que más incumple con las declaraciones de conflicto de intereses

De las siete bancadas más poderosas, porque sumadas tienen 235 congresistas, la que más incumplimientos tiene es la del Pacto Histórico. Solo el 5 por ciento de sus militantes declaran sus conflictos. Le siguen de cerca el Centro Democrático y el Partido Conservador.

Los incumplimientos son más recurrentes en el Senado que en la Cámara. Uno de cada tres senadores no ha presentado ni siquiera la primera declaración de sus conflictos de interés, pese a que en teoría ese es un requisito para posesionarse. Incumplir les puede acarrear sanciones disciplinarias a los congresistas.

2. Los congresistas facturan con el Estado, y sus familiares también 

Uno de cada cuatro congresistas, es decir, 72 de los 292, tiene al menos un familiar que firmó un contrato con el Estado después del 20 de julio de 2022, fecha en la que asumieron la curul.

48 congresistas tienen un familiar, 16 congresistas tienen dos familiares, y  8 tienen 3 o más familiares cobrando honorarios en diferentes entidades del Estado. 

Este es el detalle de los 8 congresistas con más familiares con contratos con el Estado.

Hay varios casos destacados en ese ranking: 

• Fahid Name, el sobrino del saliente presidente del Senado, Iván Name, ha firmado 9 contratos por más de 400 millones de pesos en dos años, varios de los cuales han sido ejecutados simultáneamente. 
• Juan Jacobo Albán y Raúl Ernesto Albán, hijos del representante de Comunes, Luis Alberto Albán, han suscrito 11 contratos por 194 millones de pesos.
• Martha Milena Camacho, esposa del representante de las curules de paz, Juan Carlos Vargas, estuvo en el Ministerio de Salud. Vargas está en la comisión séptima que es la que debate temas de salud.

Además, hay 10 congresistas que desde julio de 2022 tienen o han tenido al menos un familiar trabajando en el Congreso. 

Por ejemplo, Sor Berenice Bedoya, senadora de la ASI, tiene a sus dos hijos trabajando en comisiones especiales del Congreso. La senadora conservadora Nadya Blel tiene a su primo, Yamil Berrío, en la Unidad de Trabajo Legislativo de la representante Ángela Vergara. Y el saliente presidente del Congreso, Iván Name, tenía a su hermana Janeth y su hijo Iván en Unidades de Trabajo Legislativo de otros congresistas verdes (Vea aquí el detalle). 

3. Los que suenan para las mesas directivas tienen financiadores contratistas

202 de los 292 congresistas tuvieron financiadores de campaña que obtuvieron contratos públicos. De ese universo, La Silla revisó en detalle a los senadores y representantes a la Cámara que muy seguramente llegarán a las mesas directivas de las plenarias y las 14 comisiones para el periodo 2024-2025.

Los financiadores de la representante Ana Paola García, de La U, fueron los más afortunados. Ella es la más firme candidata para ser presidenta de la Comisión Primera, clave para las reformas constitucionales. Cinco financiadores que le pusieron, cada uno, más de 10 millones de pesos, se han ganado 16 contratos públicos desde el 2022. 

Un caso llamativo es el de su hermano, Guillermo León García Soto, quien le aportó 12 millones de pesos y se ha ganado tres contratos por 169 millones de pesos en el Ministerio de Tecnologías de la Información, MinTic, que está en manos de Mauricio Lizcano, cercano a ese partido. 

El senador Juan Diego Echavarría, firme aspirante a la presidencia de la Comisión Tercera del Senado, aliado de Julián Bedoya y crucial para las reformas tributaria y la aprobación del presupuesto, tuvo dos financiadores que se han fortalecido en La Estrella, su municipio fortín político. Uno es Diego Edinson Grajales, quien le donó 160 millones de pesos, y desde 2022 se ha ganado cuatro contratos con la Alcaldía y el Concejo de La Estrella para organizar eventos  que suman 65 millones de pesos. 

A Echavarría también le figuran 15 millones de pesos de aportes de su hijo Juan Sebastián, quien desde 2022 ha ganado contratos en la Alcaldía de La Estrella, la Institución Pascual Bravo, y la Comisión Séptima de la Cámara, donde está la representante María Eugenia Lopera, fórmula del senador.  Actualmente, el abogado Juan Sebastián es el personero de La Estrella. 

4. Contratistas del Icbf ponen plata en campañas

Hay 56 congresistas que recibieron aportes en campaña de personas que son socios o dueños de empresas que durante los últimos años han ganado contratos públicos en la zona de influencia de esos congresistas. 

De esos hay cuatro casos particulares por los montos de los contratos obtenidos y el objeto social de las empresas. Uno de ellos es el de la representante Ana Rogelia Monsalve, elegida por la circunscripción afro, quien recibió 145 millones de pesos de Amparo de Jesús Álvarez Díaz, quien maneja la Fundación para la Cooperación del Desarrollo Integral de la Familia, Fucidf.

Ficidf es un frecuente contratista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, para la operación de hogares comunitarios. Esa organización lleva operando desde el 2012 en Atlántico, y desde que Monsalve es congresista se ha ganado tres contratos que suman unos 360 millones de pesos. Antes había tenido contratos por hasta 1.900 millones de pesos. 

El senador Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical, también recibió plata de un socio de otra fundación que contrata con el Icbf. Se trata de Luis Javier García, quien le donó 45 millones de pesos, y es socio de Corporación Comunitaria para el Apoyo Nutricional de Niños y Niñas, Cocrecer. 

Cocrecer también opera desde el 2012 ganándose contratos en Bolívar y Magdalena, zona de influencia de Farelo. 

En el top de congresistas financiados por socios de empresas contratistas también aparece el senador conservador Germán Blanco. Al antioqueño le donó 45 millones de pesos Olga Lucía Velásquez, socia de Soluciones Empresariales PV. 

Soluciones Empresariales se ganó un contrato directo arrancando el 2023 con la Alcaldía de Itagüí de Diego León Torres, quien en campaña tuvo el apoyo del senador Blanco. 

El representante a la Cámara de Chocó, Johnny Fernando Palacios, completa el grupo. Recibió 40 millones de pesos de Carlos Mosquera, socio de la empresa Comas Construcciones. Desde que Palacios resultó elegido, Camos se ha ganado seis contratos de obra en los municipios de San Juan y Sipí. También en la Asociación de Municipios de Urabá – Darien Caribe, Asomudacar. 

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El exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, señaló al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de direccionar contratos a seis congresistas a cambio de votos en el Congreso. La declaración de López ante la Corte Suprema de Justicia, publicada por Noticias Caracol, apunta a senadores y representantes aliados del gobierno y de la oposición que tienen una cosa en común: han jugado un rol muy cercano a la gestión de Bonilla y los temas económicos.

“Entregas de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera, pero es a congresistas, no a ciudadanos”, dijo López en la confesión que lo autoincrimina en actos graves de corrupción.

Luego se conocieron chats de WhatsApp entre Sneyder Pinilla, subdirector de Gestión del Riesgo; Jaime Ramírez, enlace del gobierno con el Congreso, y el ministro Bonilla, que mostrarían que el jefe de la cartera económica ordenó el direccionamiento de contratos a aliados de congresistas para lograr votaciones a favor del gobierno.

El listado de Olmedo incluye a los representantes Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y los senadores Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo. Además de pertenecer a las comisiones Tercera, donde se tramitan los presupuestos, las reformas tributarias y las adiciones, los seis tienen en común que pertenecen a la Comisión de Crédito Público, poco visible pero de suma importancia para la gestión de Bonilla. (Consulte acá nuestro especial de Quién es Quién del Congreso)

Esa Comisión es la que le da luz verde al Ministerio de Hacienda para conseguir plata prestada a nivel internacional y autoriza invertir los préstamos para financiar proyectos estratégicos del gobierno. Con Bonilla en el Ministerio, esa Comisión sesionó seis veces y aprobó 13 operaciones de crédito que ascienden a más de 3.500 millones de dólares. Las filtraciones publicadas hasta ahora aportan pruebas comprometedoras de que el gobierno entregó proyectos, mermelada, a cambio de esas aprobaciones.

La Comisión de la plata prestada que debe aceitar un MinHacienda

La Comisión de Crédito Público la integran ocho congresistas. Cinco representantes a la Cámara (transitoriamente dos curules de paz) y tres senadores. Deben pertenecer a las comisiones Tercera, que son los que manejan los proyectos económicos. 

En esa Comisión también están el representante Jhon Freddy Núñez, de la curul de paz, y la senadora Imelda Daza, de Comunes. Ellos no están señalados en las declaraciones de Olmedo.

Esa Comisión es poco mediática porque solo se reúne cuando el gobierno presenta solicitudes para acceder a créditos, de acuerdo a la disponibilidad que hay en los cupos de endeudamiento. Entre agosto y diciembre de 2023 esa comisión sesionó seis veces para debatir y tramitar 13 peticiones que presentó el Ministerio de Hacienda. 

La primera reunión fue el 30 de agosto y en esa sesión fue viabilizada una solicitud para conseguir prestados 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El Ministerio señaló que esa plata se iba a usar para financiar el presupuesto nacional. 

Luego, en la segunda reunión, del 9 de noviembre, la Comisión no hizo ninguna autorización, como consta en el documento que revela La Silla. Según una fuente enterada, que pidió no revelar su nombre, en esa reunión varios congresistas empezaron a dar largas con las aprobaciones para presionar al gobierno. El director de Crédito Público del MinHacienda, José Roberto Acosta, les reclamó a los congresistas la táctica dilatoria.

Después de esa reunión, el ministro Bonilla asumió directamente la representación del ministerio en la Comisión y Acosta dejó de ser invitado. Esa versión la confirmó una fuente dentro del gobierno. Acosta no respondió preguntas de La Silla Vacía.

La siguiente sesión fue del 23 de noviembre y ahí fueron avalados tres créditos por 900 millones de dólares con la Opep (Organización de Países Exportadores de Petróleo), la Corporación Andina de Fomento y el BID. Su destino fue fondear programas estratégicos del gobierno como la transición energética. 

De esa línea de transición energética salió, por ejemplo, la plata que se envió al Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, Fenoge, que se ha convertido en un fortín de contratos, entregados con irregularidades como denunció La Silla Vacía, para la malla empresaria de Euclides Torres, presunto financiador de la campaña de Petro Presidente. 

Las sesiones de la Comisión de Crédito siguieron el 6 de diciembre con la luz verde a un pedido para hacer un crédito de 150 millones de euros con el Banco de Desarrollo de Alemania. Plata, según Hacienda, dirigida a la política de igualdad de género dentro del presupuesto nacional. 

El 12 de diciembre fue el día más productivo en esa comisión. Ese día fueron aprobados cinco conceptos para hacer créditos por 585 millones de dólares con el Banco de Alemania, la Caf y banca comercial.

Una de esas cinco operaciones fue para Gecelca, una empresa del sector eléctrico del país que es propiedad del gobierno a través del Ministerio de Hacienda. La plata que se autorizó fue para el pago de proveedores y el mantenimiento de las generadoras.

El 14 de diciembre aparece un chat entre Jaime Ramírez, enlace de Casa de Nariño en el Congreso, y Sneyder Pinilla, subdirector de Gestión, en el que se habla de la necesidad de sacar adelante unos proyectos a favor de unos congresistas, que son los del Crédito Público.

“Lo entendemos, de verdad, pero se nos van a caer los créditos de la nación. Por eso la urgencia”, dice Ramírez. Se refiere a un cuadro con tres proyectos que se debían priorizar en Córdoba, Bolívar y Arauca para, según Olmedo, favorecer a los seis congresistas de la Comisión de Crédito. Eran contratos por 92 mil millones de pesos.

Ese mismo día, es decir, el 14 de diciembre, también registran chats del ministro Bonilla con Pinilla preguntando por el avance de los proyectos.

Después, Bonilla deja el tema en manos de María Alejandra Benavides, su asesora de despacho. Ella, según los chats, le envía los contactos de los tres enlaces con las alcaldías de los municipios donde debe llegar la plata.

El último movimiento que la Comisión de Crédito le avaló al Ministerio fue el 15 de diciembre. Se sometió un pedido para que Findeter asumiera un crédito por 150 millones de dólares para financiar un programa de desarrollo urbano. 

Findeter es una entidad burocrática del partido Liberal, especialmente de la bancada de mujeres de la Cámara de Representantes, pero también ligada al senador Juan Pablo Gallo, un liberal opositor al gobierno Petro. Él reconoció que tiene un familiar con grado consanguinidad que trabaja ahí.

Todas esas operaciones terminaron siendo aprobadas por las mayorías de esa comisión. Wadith Manzur, Karen Manrique, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y la senadora Liliana Bitar, firmaron un informe que detalla esa gestión durante el semestre anterior. Ellos son los mismos, más Juan Pablo Gallo, que Olmedo López dice se iban a beneficiar con contratos direccionados por el ministro de Hacienda. 

Operaciones Crédito público by La Silla Vacía

Esas operaciones de la Comisión también coinciden con un dato que entregó Olmedo. Que hubo una reunión el 27 de noviembre de 2023 en Casa de Nariño donde se habrían dado instrucciones para entregar contratos a esos congresistas.

Los que firmaron la adición a Gestión del Riesgo

Algunos de los señalados por Olmedo también fueron claves en una movida que favoreció presupuestalmente a la Unidad de Gestión del Riesgo, desde donde se alcanzaron a repartir contratos a congresistas, como han confesado López y Sneyder Pinilla, el subdirector quien también ha confesado haber participado en el entramado de corrupción.

Como reveló La Silla, el 14 de junio de 2023, el Congreso tramitó un proyecto de adición presupuestal de 16.9 billones de pesos de la reforma tributaria. En el proyecto de ponencia avalado por el Ministerio de Hacienda y la mayoría de los congresistas de las comisiones económicas, estaba establecida una adición de 300 mil millones de pesos para el presupuesto de la Dirección de Impuestos y Aduanas, Dian.

Pero en medio del debate, el senador liberal Juan Diego Echavarría presentó una proposición para quitarle 200 mil millones a la Dian y en su lugar pasarlos a la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, Ungrd.

La carta de Echavarría tuvo la firma de unos 20 congresistas más de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y de la Alianza Verde. Entre ellos, Juan Pablo Gallo y Liliana Bitar, y el representante Manzur, tres de los señalados por Olmedo. 

Ese día sorprendió que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le dio la bendición a esa propuesta. Como se trata de un ajuste presupuestal, cualquier modificación necesita sí o sí el aval del gobierno. Fue la única proposición de las 23 proposiciones presentadas para hacer cambios que el ministro Bonilla aceptó, y que dentro del gobierno se convirtió en una fuente de roces tempranos con el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes.

Según el testimonio de Olmedo revelado por Caracol, esa movida de plata fue pensada para direccionar recursos de la Unidad a favor de los congresistas escogidos por Bonilla y el gobierno. 

Los representantes Juan Diego Muñoz y Julián Peinado, también señalados por Olmedo, fueron coordinadores ponentes de ese proyecto de adición. Y votaron por su aprobación.

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Olmedo López, el exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, dijo ante la Corte Suprema de Justicia que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le pidió direccionar una serie de contratos para un grupo de congresistas.

Existe un punto en común que une al ministro Bonilla con esos congresistas de los que Olmedo habla: la comisión de crédito público, que sesiona a puerta cerrada con congresistas de comisiones económicas y que le aprueban al gobierno solicitudes de créditos en el exterior.

En el episodio de hoy contrastamos lo que dice Olmedo sobre el ministro con lo que pasó en esa comisión y en votaciones públicas clave, que también beneficiaron a la Gestión del Riesgo.

Para saber más de la corrupción en Gestión del Riesgo puede revisar:

Este episodio:

Lo que se sabe y lo que no del escándalo en la Unidad de Gestión del Riesgo. 

Los vínculos del MinHacienda Bonilla con congresistas acusados por Olmedo.

El escándalo de la Ungrd pone en juego los símbolos del cambio de Petro.

Tres empujones de Iván Name a la agenda del gobierno Petro en Senado.

Los giros gemeliados de la Ungrd para aliados del petrismo en Antioquia.

El poder de Carlos Ramón, líder del partido salpicado por corrupción en la Ungrd.

Bonilla vs. Reyes: se profundiza la ruptura entre el minHacienda y la Dian.

Chequeo de datos: Jerson Ortiz, periodista de La Silla Vacía.  
Producción: Fernando Cruz y María Camila Ladino, periodistas de La Silla Vacía. 
Fotos: La Silla Vacía, Twitter (X) de Ministerio de Hacienda y Ricardo Bonilla. 

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El 20 de julio se instala el tercer año del Congreso y los ojos estarán en la elección de la Presidencia de la Cámara de Representantes, que todavía no tiene dueño. En un escenario semejante al vivido en el Senado hace un año, dos candidatos verdes compiten por el cargo: Katherine Miranda, la aspirante más independiente, y Jaime Raúl Salamanca, apoyado por el gobierno. El resultado no solo determinará la agenda legislativa del tercer año del Congreso, sino también la capacidad del gobierno para impulsar sus reformas más ambiciosas, incluidas las de salud y educación, en un momento crítico para la implementación del acuerdo de paz. En el episodio de hoy analizamos las estrategias, alianzas y números que definirán esta decisiva votación.

Para saber más sobre el votofinish de la Cámara puede revisar: 

Miranda apuesta a una mayoría silenciosa para la presidencia de Cámara

Fast Track: último recurso de Petro para impulsar sus reformas, ahora con el sello de Cristo.

Chequeo de datos: Jerson Ortiz, periodista de La Silla Vacía.  
Producción: Fernando Cruz y Juanita Escobar, periodistas de La Silla Vacía.
Fotos: Twitter (X) Cámara de Representantes y La Silla Vacía.

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Se repetirá la historia. La Cámara de Representantes no elegirá presidente para el periodo 2024-2025 de un único nombre propuesto por la Alianza Verde, a quien le corresponde el turno, sino que deberá escoger entre dos. Es la misma foto de la elección de la presidencia del Senado en el periodo anterior, donde la mayoría del partido apoyó a Angélica Lozano, pero la plenaria eligió a Iván Name. 

En esta ocasión es Katerine Miranda, de Bogotá, la que, como Name, tiene el respaldo de los partidos de oposición al gobierno Petro y algunos independientes para ganar. El guiño del gobierno y de la mayoría del Verde lo tiene Jaime Raúl Salamanca, de Boyacá, y muy cercano al gobernador Carlos Amaya. (Consulte acá nuestro especial de Quiénes quién en el Congreso)

Es una historia conocida porque coincide con la llegada de un nuevo ministro del Interior; con las reiteradas quejas de unos congresistas por incumplimientos burocráticos del gobierno por lo que quieren mandar un mensaje de independencia; y con un cruce de cartas que apuntan a que la división Alianza Verde está próxima a terminar en una escisión. 

La definición del pulso entre Miranda y Salamanca, o independiente vs. gobiernistas, se va a dar por unos pocos votos. Como son secretos, y la puja entre ambos es pareja, es imposible saber quién será el próximo dueño de la agenda en la Cámara de Representantes. Los dos bloques tienen cómo llegar a la cifra mayoritaria de 94 votos, en una plenaria de 187, en la que los apoyos un día están y al otro no.

Pero si por sondeos a boca de urna se tratara, la balanza se inclina hoy por Miranda. 

Un acuerdo en el que los dos bandos tienen razón

Miranda y Salamanca tienen razones similares para reclamar la nominación única del Verde a la Presidencia de la Cámara. 

Ella, de 37 años, tiene el respaldo de 11 de los 20 representantes de la denominada Coalición Centro Esperanza, de la que hacen parte la Alianza Verde, Dignidad, Nuevo Liberalismo, Verde Oxígeno y Gente en Movimiento. 

Él, de 44 años, tiene el apoyo de 8 de los 15 representantes de la Alianza Verde. 

A la luz de los acuerdos firmados por los partidos políticos en 2022 para la repartición de las mesas directivas del Congreso, los dos tienen argumentos para pelear. Pasa porque la cantidad y calidad de las dignidades que le corresponden a cada partido o bancada depende del número de curules que cada uno pone en la mesa de negociación, justo después de las elecciones.

En esa negociación, que se dio en el Grand Hyatt en junio de 2022, el Verde se juntó con Dignidad, Nuevo Liberalismo, Verde Oxígeno y Gente en Movimiento para llegar a la mesa con 20 curules. Así, se montó como la cuarta bancada más grande, detrás de la del Pacto + Comunes con 35, el Liberal con 33, y el Conservador con 27. Ese es el argumento de Miranda y sus aliados para pedir que la definición se haga con base en los 20, donde ella tiene 11.

Sin embargo, el acuerdo con los partidos no menciona en ninguna de sus cuatro páginas a la denominada Coalición Centro Esperanza. En los cuadros de repartición de los cargos directivos año a año se refiere únicamente a la Alianza Verde. Ese es el argumento de Salamanca para decir que la nominación le compete únicamente a los 15 representantes de la Alianza Verde, de los que él tiene abiertamente 8 votos, es decir, la mayoría.

Como los argumentos de lado y lado son fuertes, la dirección nacional de la Alianza Verde optará por dejar la elección en manos de la plenaria de la Cámara. Así, Miranda y Salamanca reeditarán la pelea Lozano-Name y será voto a voto. 

Miranda y su apuesta por la mayoría silenciosa

En medio del receso legislativo y a una semana larga de la elección, en las oficinas del Congreso y en restaurantes aledaños, como El Ópera, los tintos y los almuerzos van y vienen en busca de votos. Y en cada encuentro hay cuentas de servilletas sobre cómo están los votos. 

Miranda ha hecho una tarea fuerte entre los sectores de oposición e independientes para creer que puede estar por encima de los 94 votos. Pertenece a la Comisión Tercera, una de las económicas, donde esas facciones tienen peso y son muy unidas. 

Así, se da por descontado que parte de una base de 40 votos de la oposición: 19 de Cambio Radical, 15 del Centro Democrático más Miguel Polo Polo, Marelen Castillo y Erica Sánchez. 

Una bolsa a la que le va sumando a los independientes. De los 27 representantes del partido Conservador, una mayoría de entre 15 y 20 están contemplando votar por ella, según le dijeron a La Silla tres de ellos. Un grupo porque es de abierta oposición al gobierno Petro y ven en ella una garantía para hacer contrapeso. Ahí están, por ejemplo, Luis Miguel López o Juana Carolina Londoño. 

Otro grupo conservador apoya a Miranda porque, aunque ha tendido puentes con el gobierno, se siente incumplido por acuerdos burocráticos. “Es un voto que sirve de mensaje de independencia para que valoren más al Congreso”, le dijo a La Silla un representante conservador que está liderando el bloque pro Miranda. 

Al mandar ese mensaje, dice otro representante azul, cotizan sus votos en las plenarias para las iniciativas del gobierno. 

“Esto queremos llevarlo lo más lejos posible para acompañar a Miranda, no queremos votar con el gobierno. Y nos hemos hecho los pendejos, no contestamos teléfono, chat, tratamos de que si vamos a votar no ser visibles para que no nos busquen. Queremos llevar la vaina bien lejos”, dijo.

Miranda también se ha movido entre liberales, que son 33. En esa bancada, según cuatro representantes de ese partido, hay unos 18 que le han cantado el respaldo. El jefe de campaña ha sido Álvaro Monedero, del Valle, compañero de Miranda en la Tercera, y un operador político clave en la Cámara. 

En la bancada de La U, que tiene 17 votos, sumando a Jorge Cerchar y Rogelia Monsalve, del lado de Miranda podrían estar unos 10. Y de las 16 curules de paz, cinco. 

Y es muy probable que incluso dentro del Pacto Histórico, con quien Miranda suele tener choques permanentes, haya uno a dos representantes que le terminen votando como protesta a los tratos del gobierno. Eso recuerda lo que pasó con Name, porque aunque el Pacto debía votar por Angélica Lozano, siempre quedó la sensación interna de que algunos no lo hicieron. En el acto de celebración de Name, que incluyó una copa de vino, aparecieron senadores petristas, como Isabel Zuleta y Gloria Inés Flórez. 

En las cuentas de servilleta de los que están con Miranda concluyen, entonces, que si las elecciones fueran hoy, sumando los 11 votos de la Centro Esperanza, la representante podrían tener entre 95 y 105 votos. 

La resurrección de Cristo

Las cuentas de servilleta de la campaña de Jaime Raúl Salamanca también marcan a su favor, pero no son tan evidentes. Y, sobre todo, dependerá del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, consolidarlas y mantener el manejo de la Cámara del lado del gobierno, como lo han hecho en los dos años anteriores con David Racero y luego Andrés Calle. 

Salamanca parte de un colchón de 27 representantes del Pacto y los cinco de comunes, que se la van a jugar a fondo para que Miranda no gane. En el resto, más que la afinidad por el boyacense va a pesar el guiño del gobierno con sus aliados. El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dejó armada una estructura con operadores que terminaron del lado oficial por burocracia o por afinidad política. 

Entre los liberales es muy seguro que con Salamanca estén las mujeres representantes. El grupo de las “Sin Piedad”, del que hacen parte todas las mujeres, menos la representante Piedad Correal de Quindío. Ellas están cercanas al gobierno porque les dieron el manejo de Findeter. 

A ellas se les unirían unos 10 hombres para estar por encima de los 20 votos rojos. Entran Andrés Calle y Dolcey Torres, y otros representantes que necesitan mantener afinidad con el gobierno para conseguir recursos e inversiones en departamentos donde tienen gobernadores y alcaldes cercanos. Por ejemplo, el gobernador de Risaralda es Juan Diego Patiño, hijo del representante Diego Patiño. 

El puente con gobernadores lo empezó a tejer ayer el ministro Cristo, cuando se reunió con los mandatarios departamentales por una invitación que le hizo Carlos Amaya, de Boyacá, y mentor político de Salamanca. 

Dentro de los conservadores, Salamanca y el gobierno tienen de dónde echar mano. Ciro Rodríguez es compañero de Salamanca en la Comisión Sexta, y desde allá le están haciendo barra. Otro grupo de conservadores, liderado por Ape Cuello, tiene cuotas en el Ministerio de Deportes. 

Sobre Ape, otro operador político de peso, hay versiones encontradas de con quién está. Del lado de los aliados de Miranda lo cuentan como una cabeza que está trabajando a la sombra, de los de Salamanca creen que debe llegar por su relación burocrática.

En las cuentas positivas de los pro Salamanca dicen que entre godos pueden pescar unos 15 de 27 si el gobierno llama al orden a los que tienen burocracia. 

En La U, de los 17, cuentan a 12. Sostienen que es el número que el ministro de las Tic, Mauricio Lizcano, ha logrado alinear como padrino de esa bancada. Además, porque ahí se pueden contar votos como el de José Eliecer Salazar, quien ha tenido encontronazos fuertes con aliados de Miranda, como Caterine Juvinao. 

El jefe de debate de Salamanca en La U es Julián López, quien también pertenece a la Comisión Sexta. 

De las 16 curules de paz, en los dos bandos, dan por hecho que 10 van con Salamanca. Es el grupo que está impulsando a Jhon Freddy Núñez a la primera vicepresidencia de la Cámara. Cargo que, por cierto, también se definirá entre dos integrantes de esas curules. El otro es Jorge “Yoyo” Tovar, hijo del paramilitar Rodrigo Tovar o “Jorge 40”, que está del lado de Miranda. 

En resumen, en las cuentas de los salamanquistas, creen que pueden asegurar los 94 votos. “También haciendo cuentas del que se enferma ese día y no vota”; dice un representante liberal que lo apoya. 

Que los potenciales aliados del gobierno se mantengan sin Velasco y ahora con Cristo también va a depender de las garantías que ofrezcan desde Casa de Nariño. Por ejemplo, en el remezón ministerial salieron los dos ministros que tenían más afinidad con los liberales: Catalina Velasco, de Vivienda, y Néstor Osuna, de Justicia. Sus reemplazos no son liberales. 

Jaime Ramírez Cobo, quien es el enlace de la poderosa Laura Sarabia con el Congreso para llevar y traer razones a los congresistas, no volvió a aparecer en las sesiones desde hace más de un mes. Y eso molestó a algunos congresistas que estaban esperando apoyos burocráticos y compromisos de inversión para sus regiones.  “Jaime se perdió mes y medio, a nadie le contestó más. Entonces mucha gente anda como sentida por eso”, dice un representante conservador. 

El ministro Cristo ya empezó a moverse para tratar de enmendar esas quejas. Aunque dijo que el gobierno no se va a meter en la elección de presidente de la Cámara y buscará que haya un único candidato de consenso, lo cierto es que sí ha citado almuerzos y tintos a las bancadas para ambientar un nuevo momentum político. 

Es algo que él ya sabe hacer. Como ministro del Interior del gobierno de Juan Manuel Santos, Cristo se convirtió en uno de los principales mensajeros del cruce de la mermelada entre el Congreso y Presidencia, que permitió que la aplanadora de la Unidad Nacional funcionara.

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Al nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le quedan 10 días para aterrizar su plan de trabajo en el Congreso, antes de la instalación de la nueva legislatura, el 20 de julio. No parte de ceros porque su antecesor, Luis Fernando Velasco, dejó armada una estructura que, aunque mínima, le aseguró al gobierno aprobar la reforma pensional y avanzar otras como la laboral y la de jurisdicción agraria.  

Esa estructura, además de la bancada del Pacto Histórico, funciona con congresistas estratégicos de los partidos tradicionales, los llamados operadores políticos. Tienen liderazgo entre sus pares y son capaces de arrastrar votos de indecisos, asegurar quorums, y salvar proyectos. Unos ayudan porque coinciden ideológicamente con el gobierno, otros porque tienen burocracia. 

Van a ser relevantes en la conformación de las mesas directivas y en pulsos específicos como la presidencia de la Cámara.

Acá puede encontrar el quién es quién de todos los congresistas del periodo 2022-2026.

Estos son 15 nombres clave, y su relevancia al interior del Congreso, de lo que dejó armado Velasco y que Cristo necesita mantener:   

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Al presidente Gustavo Petro le interesa mejorar su relación con el Congreso en el tercer año legislativo que arranca este mes. La prueba de eso es que su primer cambio de gabinete -que prometió para julio- es en el Ministerio del Interior, que este sábado se quedó sin cabeza, tras la salida de Luis Fernando Velasco. Mientras el presidente anuncia a su reemplazo -que lleva semanas tanteando con varios nombres- en el episodio de hoy adelantamos la primera gran tarea del nuevo jefe de la política del gobierno: tener aliados en las presidencias de las 14 comisiones y del Senado y la Cámara. Las elecciones internas entre congresistas el 20 de julio son claves para el gobierno en un año decisivo en donde volverán a trámite las reformas a la salud y a la educación, hundidas en el semestre anterior. Así que tener presidentes aliados es el primer paso para asegurar un éxito legislativo. La única Presidencia segura es la del Senado, donde mandará Efraín Cepeda, quien es opositor a Gustavo Petro. 

Para saber más sobre la recomposición del Congreso y el gabinete puede leer:

El remezón se cocina con un gabinete tenso y un Petro hermético.

Así serán las mesas directivas del Congreso en el tercer año de Petro.

Chequeo de datos: Jerson Ortiz y Édgar Quintero, periodistas de La Silla Vacía.

Producción: Fernando Cruz y Juanita Escobar, periodistas de La Silla Vacía.

Foto: La Silla Vacía.

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En el Congreso aún no han salido a vacaciones. Por estos días, en los pasillos y las oficinas de los dos edificios legislativos hay reuniones, cafés e intentos de persuasión para determinar cómo van a quedar las mesas directivas de las siete comisiones de Senado y Cámara, y sus respectivas plenarias. 

Aunque en la mayoría de casos se van a respetar los acuerdos firmados entre los partidos al inicio del periodo, también habrá incumplimientos. De lo que ya está definido, el gobierno de Gustavo Petro tiene de dónde agarrar para decir que puede contar con aliados en comisiones clave.

La definición de los pulsos que quedan, especialmente la presidencia de la Cámara entre Katerine Miranda, Jaime Salamanca y Martha Alfonso Jurado, o la taquillera Comisión Primera del Senado, entrará en las tareas de quien llegue al Ministerio del Interior, si es que se confirma la salida de Luis Fernando Velasco en medio del remezón del gabinete. 

En la plenaria del Senado está por descontado que el presidente será el conservador Efraín Cepeda.

Por lo pronto, así pintan las comisiones una a una. 

Comisión Primera: aliada en Cámara, duda en Senado

Las comisiones primeras son estratégicas para el tercer tiempo del gobierno Petro. Es la que se encarga de las reformas constitucionales. Por ahí, desde el 20 de julio deben pasar el nuevo intento de la reforma estatutaria de educación, la de justicia y algún intento de reforma política. 

En la de la Cámara se respetarán los acuerdos y la presidencia será para el partido de La U. La escogida para esa dignidad es la representante de Córdoba, Ana Paola García, quien en la pasada legislatura estuvo del lado del gobierno votando la reforma a la educación, que luego se cayó en Senado, y la creación de Ecominerales. 

García es abogada y especialista en Derecho Administrativo, Contratación Estatal y es magíster en Gobierno y Desarrollo de Entidades Territoriales. Está en su primer periodo. Se lanzó a la Cámara como fórmula de Julio Vidal, hermano de Bernardo “El Ñoño” Elías y miembro de una las familias más poderosas de Córdoba. Ambos quedaron electos con el Partido de La U, García logró 57 mil votos.

En la del Senado es panorama es incierto para los intereses del gobierno. Esa fue la primera comisión en romper los acuerdos hechos en 2022. El año pasado, según lo acordado, la presidencia le correspondía al Pacto Histórico, quien se la jugó por Alexander López, pero pasó que se armó un bloque entre senadores de Cambio Radical, La U, Conservador, Centro Democrático y una facción Liberal para elegir al conservador Germán Blanco. 

Con ese antecedente hay dudas si definitivamente lo pactado se quebró. Si el cuadro original se retoma, la presidencia del tercer año correspondería a la Alianza Verde. Ahí quien ha reclamado el espacio es Ariel Ávila, un aliado del gobierno en temas de paz. Sin embargo, La U sostiene que no hay tal compromiso y están reclamando el poder, bien sea para elegir a Alfredo Deluque o Julio Chagui. 

Deluque tiene un corte de oposición a Petro, entre otras cosas, porque quiere ser precandidato en el 2026. También porque cuestiona el mal trato del gobierno a La Guajira. Por su parte, Chagui ha tendido puentes oficiales porque hizo parte del bloque de La U que entró a respaldar la reforma pensional en el momento que el gobierno más lo necesitó. 

No se descarta en todo caso que si lo del Verde se respeta se lance Jonathan Ferney Pulido – que se auto reconoce como Jota Pe- y consiga el respaldo del bloque opositor.

Comisión Segunda: uno del Pacto, otro de la oposición

Suele ser una comisión poco mediática, pero en este gobierno está teniendo trascendencia. Los temas de relaciones internacionales, especialmente con Venezuela o Israel, y de inteligencia y contrainteligencia por las denuncias de supuestas interceptaciones a magistrados, la han vuelto visible. 

En la de la Cámara, el gobierno tendrá uno de sus más fieles guardianes en la presidencia. La corresponde el Pacto Histórico y quien pica en punta para ocuparla es David Alejandro Toro, representante por Antioquia de la línea del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. 

María Anne Perdomo, de Santander, también ha levantado la mano para estar en la mesa directiva. Ha sido profesora y actriz en series televisivas regionales. Antes de ser candidata a la Cámara de Representantes en 2022, no había participado en política electoral. Perdomo fue la única candidata de la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en Santander. 

En la del Senado, el turno es para la oposición. Ahí estará al frente José Luis Pérez de Cambio Radical, uno de los más cancheros de esa bancada, entre otras cosas, porque es magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra.

Pérez ayudó a impulsar el debate de control político al gobierno Petro por las denuncias de presuntas “chuzadas” a magistrados, periodistas y líderes de la oposición. 

Comisión Tercera: Liberales de diferentes cortes

Será el año de los liberales en una de las comisiones económicas. La tercera es la comisión encargada de temas de presupuesto. En el tercer año, el gobierno radicará ahí un proyecto para modificar la regla fiscal, otra reforma tributaria y el presupuesto de 2025. Por lo cual, las presidencias de las dos comisiones son peleadas. 

Por acuerdos, las dos estarán en manos del partido Liberal. En la de la Cámara, la puja interna se decanta por dos representantes caribeños. Por un lado, la representante de Magdalena, Kelyn González, quien es abogada, es especialista en Contratación Estatal y en Derecho de Familia de la Universidad Libre.

González hace parte de las “Sin Piedad”, el grupo de representantes liberales que han apoyado al gobierno y a las que les entregaron como cuota política la presidencia de Financiera Territorial, Findeter. 

El rival de González es Silvio José Carrasquilla de Bolívar, quien lleva dos periodos en el Congreso como fórmula de Lidio García. El abogado salió al ruedo nacional, entre otras cosas, porque en 2012, durante la Cumbre de las Américas en Cartagena, le intentó regalar un burro al entonces presidente estadounidense Barack Obama.  

Carrasquilla también ha estado del lado del gobierno en temas como la reforma a la salud, el Plan de Desarrollo y la reforma tributaria. 

En el Senado la pelea está más incierta porque se enfrentan el bloque gobiernista y el opositor. Del primero hacen parte Karina Espinosa y Juan Diego Echavarría y del otro Juan Pablo Gallo y Mauricio Gómez Amín. 

Recientemente, Espinoza y Echavarría entraron a respaldar la reforma pensional y promovieron la aprobación del cupo de endeudamiento de 17 mil millones de dólares que pidió el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Mientras que Gallo y Gómez han votado en contra y han llevado las voces que piden que el liberalismo deje de ser, en el nombre, un partido de gobierno y pase a la independencia o incluso a la oposición. 

Comisión Cuarta: hora del Verde y La U

Es la otra comisión económica, encargada de temas tributarios, y este periodo será variopinta. En la de la Cámara es para el partido de La U, quien delegó esa dignidad en José Eliecer Salazar del Cesar, quien se ha transformado en un operador político estratégico de las apuestas del gobierno. 

Salazar lideró la voz de La U en los dos debates de plenaria de las reforma de salud y pensiones. En los dos casos con discursos que cuestionaron el rol de las EPS y los fondos en el manejo de los recursos públicos de la salud y las pensiones.  

Es aliado del Clan Gnecco, poderosa familia que ha puesto gobernador en los últimos 20 años en el Cesar.

En la Cuarta del Senado el manejo lo tendrá la Alianza Verde a través de Angélica Lozano, quien es una voz independiente del gobierno. Lozano ha liderado los debates al interior de esa colectividad para dejar de ser partido de gobierno y pasar a la independencia. 

Aunque ha acompañado iniciativa como la reforma pensional, Lozano ha marcado distancia con los verdes más petristas. Y es de la idea de si no salen la independencia, el verde debería escindirse para que se pueda formar otro partido. 

Comisión Quinta: el golpe en Cámara y la aliada en Senado

Es la de los temas ambientales y agrarios. El gobierno ha anunciado que insistirá ahí para lograr la prohibición del fracking y el robustecimiento de normas que le permitan avanzar con la reforma agraria. Será una de las comisiones donde es muy probable que no respeten los acuerdos entre partidos. 

En la de la Cámara, el cuadro pactado dice que la presidencia corresponde al Pacto Histórico. Pero hay movidas que dicen que será para el partido Liberal. La ruptura de los acuerdos arrancó el año pasado cuando el turno le correspondía al Pacto, quien postuló a Erick Velasco, y al final entre conservadores, liberales, La U y curules de paz se armó un bloque que eligió a Luis Ramiro Ricardo de paz. 

Ese bloque quiere repetir. El elegido es el liberal Octavio Cardona, de Caldas, quien es una de las fichas independiente de la bancada roja frente al gobierno Petro. Ha sido citante frecuente de debates de control al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, o de la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. 

En el Senado el tercer año es para el Pacto Histórico, quien tiene tres cartas para definir internamente. Parte con ventaja Esmeralda Hernández, quien tiene un conocido historial como activista animalista. Ha promovido los proyectos de ley para prohibir las corridas de toros y frenar el uso de glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos y el fracking en la extracción de petróleo. 

También está Isabel Zuleta, de Antioquia, quien ha sido líder ambiental y tiene experiencia con el movimiento Ríos Vivos. La terna la complementa Catalina del Socorro Pérez, una lideresa campesina de Córdoba, y una de las figuras más influyentes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), confederación de campesinos fundada en 1967 para promover la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo. 

Comisión Sexta: Uno del Pacto y otro de oposición moderada

Es la comisión del transporte y los servicios públicos. Mojará prensa porque el gobierno radicará ahí la reforma a los servicios públicos, una modificación a la ley de educación y la ley de datos públicos. 

En la de la Cámara, la presidencia va a quedar en manos de Cambio Radical a través de Hernando González del Valle. “El profe”, como lo llaman sus compañeros, representa una oposición moderada al gobierno. Por ejemplo, hizo quorum para ayudar a sacar adelante la aprobación de las corridas de toros que pasó por esa comisión, mientras que en la plenaria su bancada jugó a votar en contra del proyecto.

En la del Senado, el orden lo va a poner el Pacto Histórico, quien tiene cuatro perfiles para elegir. Están Pedro Flórez, el aliado del clan Torres, que está señalado de financiar la campaña del presidente Petro; el otro Flórez, Alex, cercano al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero; y el líder campesino, Robert Daza. 

Comisión Séptima: el tiempo de los conservadores

Un nuevo intento de reforma a la salud y el remate de la laboral entran en la agenda de las comisiones séptima. Los acuerdos entre partidos se van a respetar y dos conservadores mandarán la parada en Senado y Cámara. 

En la de Cámara, que es más afín al gobierno, quien parte con ventaja es Gerardo Yepes del Tolima. Fue uno de los que se la jugó por las reforma de Petro en los momentos trascendentales. Firmó la ponencia de la de salud mientras su partido definió internamente no acompañar la iniciativa. Y aunque le tocó votar no después por decisión de bancada, sí ayudó indirectamente haciendo quorum. 

También entró a apoyar de lleno la laboral, luego de que la ministra de Trabajo, Gloría Ramírez, accedió al pedido de los conservadores de quitar del proyecto el capítulo de los derechos colectivos. 

En la del Senado, la que hundió la reforma a la salud en el tercer debate, será la conservadora Nadia Blel la que defina el orden del día e imparta instrucciones. Hace parte del bloque conservador que no le copia al gobierno Petro, de hecho, Blel firmó y votó la propuesta de archivo de la reforma a la salud y no acompañó la pensional. 

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Un parágrafo del artículo 24 de la reforma pensional, que le da una comisión de administración del 0.7% a los fondos privados de pensiones, habría sido redactado por Asofondos, el gremio que reúne a estas empresas. Así lo contó Semana y apuntó los focos al senador Gustavo Moreno, de En Marcha, como el promotor de ese beneficio que avaló el gobierno.  

Pero en realidad el corazón de la propuesta aprobada no fue exclusiva de Moreno. Paloma Valencia, del Centro Democrático; David Luna, de Cambio Radical; y una decena de senadores de La U y el Partido Liberal, también presentaron propuestas con una redacción similar a la que le enrostran a Asofondos. Incluso con antelación a la de Moreno.

De Asofondos hacen parte fondos privados como Porvenir, del magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien es uno de los principales financiadores de partidos políticos como Centro Democrático, Cambio Radical, Liberal o La U. También Protección, una empresa en la que el Grupo Sura es socio*.

La proposición que ayuda a los privados

La proposición aprobada finalmente fue la de Moreno, y dice así: 

“Con ocasión al manejo temporal de los recursos de los afiliados que a partir de la entrada en vigor de esta ley integren el Pilar Contributivo en su Componente de Prima Media, conforme a lo estipulado en el literal o) del artículo 19 de la presente ley, las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones descontarán a título de comisión de administración máximo el 0,7% sobre la totalidad de los activos bajo administración y hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez”. 

La comisión del 0.7 % a los privados – que les garantizará ingresos de 1.4 billones de pesos cuando entre la reforma entre vigencia en 2026- se dio en medio de una debate que reduce sustancialmente su participación en el sector pensional. Pero que igual los deja con ganancias altas. 

En la proposición también se eliminaron dos parágrafos que venían del primer debate que dejaban a discreción del gobierno definir esa tarifa por decreto. Como la Cámara acogió el texto del Senado, cuando la ley sea sancionada quedará con lo aprobado en Senado.

Y aunque el senador Moreno terminó asumiendo el peso de su aprobación, y el señalamiento de haber entregado un texto elaborado, al parecer, por Asofondos, la senadora Valencia fue la primera que radicó la proposición en la Secretaría del Senado el 16 de abril. El texto es casi idéntico al de Moreno: 

“Con ocasión al manejo temporal de los recursos de los afiliados que a partir de la entrada en vigor de esta ley integren el Pilar Contributivo en su Componente de Prima Media, conforme a lo estipulado en el literal o) del artículo 19 de la presente ley, las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones descontarán a título de comisión de administración máximo el 0,7% sobre la totalidad de los activos bajo administración y hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez”, dice. Igual al que se aprobó finalmente. 

Y añadía otro párrafo. “Facúltese al gobierno nacional para que con posterioridad al término de diez años en entrada en vigencia en vigor de esta ley, siguiendo criterios de eficiencia y sostenibilidad, determine una comisión máxima equivalente a la prevista en el presente parágrafo transitorio. Esta medida no será aplicable para la población en régimen de transición conforme a lo estipulado en el artículo 76 de la presente ley”. 

La propuesta de Valencia también pidió eliminar los dos parágrafos que dejaban en discreción del gobierno la facultad de definir esa comisión de los fondos privados. Similar a la del senador Gustavo Moreno. 

El senador David Luna, de Cambio Radical, propuso lo mismo que la senadora Valencia el 16 de abril, un día antes de que se debatiera ese artículo en la plenaria. 

Al día siguiente, el 17 de abril, senadores de La U como José David Name, Julio Elías Chagui, José Gnecco, Juan Carlos Garcés y Jhonny Besaile, entre otros, radicaron una propuesta con el mismo párrafo inicial que el de Valencia y Luna, que hablaba sobre las comisiones del 0.7 %. El documento contó con firmas del partido Liberal, como la del senador Fabio Amín. 

Después apareció la propuesta del senador Gustavo Moreno. El gobierno terminó avalando las propuestas de Moreno, La U y Liberales, que, en términos prácticos, eran las mismas de Paloma y Luna. 

Es decir, el texto que Asofondos le habría redactado al senador Gustavo Moreno para conseguir beneficios en la pensional ya venía haciendo carrera en la plenaria desde el día anterior a través de senadores de todas las bancadas y con peso en el interior del Congreso. 

La senadora Valencia admite que su proposición fue discutida con Asofondos por una preocupación sobre las facultades al gobierno para definir las comisiones.  

“El gobierno estaba pensando en que la remuneración de los fondos llegara a cero y después por decreto la definían. Llevar la remuneración a cero era quebrar los fondos y eso era muy riesgoso”, dijo Valencia. 

No obstante, la líder del Centro Democrático añadió que su propuesta iba encaminada a abrir un debate más que a beneficiar a alguien. “Hay un desconocimiento de cómo funciona el Congreso. Los congresistas hablamos con todos los afectados y vamos discutiendo. Las proposiciones se radican para abrir el debate porque son temas técnicos. Había una complejidad del tema que se habló con todo el mundo para llegar a una fórmula, pero que no se discutió al final”, dice. 

Valencia comenta que no votó la propuesta avalada del senador Gustavo Moreno, que coincidía en buena parte con la de ella, porque la instrucción en la bancada era no apoyar la pensional saliéndose de la sesión para romper el quorum. Y así quedó en evidencia durante la votación de ese bloque de artículos.

“Hay un contexto con una ponencia alternativa con 1% de comisión, como lo sugería la OCDE que la presentó mucha gente después. La nuestra era de 0,7% solo sobre 220 billones”, añadió.

El senador David Luna señala que su proposición se hizo pensando en el ahorro de los afiliados que está en los fondos privados. Pero que a la hora del debate la retiró porque su partido tenía el propósito de hundir la reforma. Y que tampoco votó.

“No le quise hacer el juego al gobierno, quien siempre tuvo claro que el obstáculo de la pensional era el Senado. La proposición la construimos escuchando muchos actores, incluyendo a un gremio serio y respetado como Asofondos, pero al final retiré esa y otras proposiciones”, dijo. 

Pese a la similitud del texto que propuso, pero que luego retiró, dijo que la redacción fue de su equipo de asesores y no una transcripción de algo que estuviera moviendo Asofondos. 

La preocupación de Luna por el futuro de los fondos privados choca con la del líder de Cambio Radical. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras ha salido a señalar a Asofondos por lo aprobado en la reforma.  

“Tengo que decir con toda franqueza que mi mayor sorpresa provino del silencio cómplice y, diría yo, complaciente de Asofondos, del doctor Montenegro y de los fondos de pensiones allí agrupados”, aseguró el exvicepresidente en su columna. 

“¿Qué tipo de negociación habrá tenido lugar entre ellos y el gobierno de la que no nos enteramos? Debió ser alrededor de las nuevas comisiones acordadas por administración, calculadas sobre la totalidad de los activos por ellos gestionados”, dijo Vargas.

Así, en el debate de la pensional, el artículo que beneficia a los privados tuvo planes A, B, C y hasta D.

Nota: Bancolombia y Grupo Sura (dueño del fondo privado de pensiones Protección) son aliados de La Silla Vacía en el proyecto Un Acuerdo para el Futuro.

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Hoy terminó el segundo año del Congreso durante el gobierno de Gustavo Petro. Su balance es agridulce para el gobierno y positivo para la democracia: no fue un Congreso dedicado a bloquear las reformas del presidente Petro, ni tampoco uno que se subordinara al Ejecutivo como en gobiernos anteriores. 

“Algunas iniciativas nuestras importantes, como salud, no pasaron, pero eso es democracia. Si hacemos un balance vamos a ver una excelente legislatura para el gobierno”, dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. 

Este es el balance que hace La Silla en esta legislatura:

1. La pensional salvó la legislatura para el gobierno

Al inicio de la legislatura, el gobierno anunció que presentaría un ambicioso paquete de grandes reformas legislativas. En contraste con esa ambición, el resultado es agridulce.  

Logró la aprobación de la ley estatutaria de la jurisdicción agraria, que era una deuda del Acuerdo de Paz, la mesada 14 que después de un fallo del Consejo de Estado tenía en vilo a muchos militares jubilados, y derechos y deberes del servicio militar; un nuevo régimen sancionatorio ambiental; la convención mundial y un protocolo contra la tortura; el acuerdo bilateral de inversiones con Venezuela, la prohibición de los toros y la ampliación del cupo de endeudamiento que le permite salir a prestar 17 mil millones de dólares.   

También logró la aprobación de la reforma pensional, una de sus tres grandes reformas sociales y la que le salvó al gobierno este año de legislatura. Y consiguió la aprobación en primer debate de la laboral.

Al mismo tiempo, el Congreso le hundió a Petro reformas que eran de su corazón, comenzando por la de salud en la que el presidente invirtió una buena parte de su capital político.  Tampoco prosperó la de transfuguismo, que era una pieza clave en el rompecabezas del Pacto Histórico para volver a ser una fuerza mayoritaria en el 2026, ni la reforma a la educación ni los derechos colectivos de la laboral.

Y dado el copamiento de la agenda y del capital político que exigió la fallida reforma de la salud, el gobierno no tuvo espacio ni músculo político para presentar el tercer intento de reforma de salud, la reforma a la justicia para la cual el ministro del ramo había convocado a pesos pesados, la de servicios públicos y la ley de sometimiento.

2. El Congreso no bloqueó las reformas, pero tampoco se subordinó al gobierno

El presidente calificó como “histórica” la aprobación de la reforma pensional y al hacerlo, dijo que “la posibilidad de acuerdo nacional revive”. Y es que la aprobación de una de sus reformas sociales más ambiciosas –que, además, va en contra de los intereses de los fondos de pensiones de propiedad de dos de los grupos económicos más poderosos del país– tumbó el argumento que ha venido esgrimiendo el presidente durante meses de ser víctima de “un bloqueo institucional”.   

Lo mismo que la reforma laboral saliera con vida de su primer debate para ser discutida y eventualmente aprobada en la próxima legislatura.  La aprobación de la ley estatutaria agraria también fue un logro significativo del gobierno y una señal de un Congreso dispuesto a apoyar iniciativas esenciales del programa de Petro. 

La reforma a la educación se hundió porque el gobierno prefirió ceder a las presiones de Fecode —uno de los financiadores principales de la campaña de Petro y pilar de sus movilizaciones— que respetar la reforma que había negociado la ministra de Educación con la oposición. 

Al mismo tiempo, durante los debates de la pensional, la de educación y la laboral, el Congreso les ‘peluqueó’ los aspectos que provocaban más temor en algunos sectores del establecimiento. 

El gobierno logró sacar la pensional, pero con un umbral de cotizaciones de 2,3 salarios mínimos y no de 4 como quería el presidente, que habría herido de muerte el mercado de capitales.  También logró dejar con vida su esfuerzo por reversar la contrarreforma laboral de Álvaro Uribe, que eliminó el recargo por horas en días festivos y nocturnos, pero todo el capítulo de derechos sindicales y estabilidad reforzada que asustaba a los empresarios fue eliminado.

En otras palabras, el Congreso jugó un papel significativo como espacio de deliberación y de contrapeso del poder ejecutivo, que no se había visto con esa intensidad en gobiernos anteriores. Al mismo tiempo, le quitó piso al argumento del presidente de que era imposible cambiar nada con este Congreso y que tocaba apelar al “poder constituyente”.  

3. Las marchas solo le sirvieron a la oposición

Desde que el gobierno lanzó su reforma a la salud, convocó a sus seguidores a la calle a respaldar esa y las reformas que presentó después. “El pueblo no puede dejarse quitar el poder, porque entonces otros lo utilizarán en contra”, dijo en vísperas de su convocatoria a la calle.  

La primera marcha de esta legislatura fue en septiembre de 2023, cuando el gobierno financió la venida a Bogotá de 15 mil indígenas del Cauca que rodearon el Congreso con sus bastones.  Los senadores y representantes no se sintieron amilanados por los manifestantes ni tampoco llamados a cumplir sus deseos.  

Sin embargo, congresistas de oposición sí le dijeron a La Silla que ver el poco apoyo popular que suscitaban las reformas del gobierno por fuera del mundo sindical e indígena les dio la tranquilidad de oponerse a las reformas.

Entre algunos sectores del Pacto creen, por el contrario, que las movilizaciones, que ahora llaman el despertar del constituyente primario, sí pueden ser decisivas en el tercer año legislativo. Que muestra de eso es que la reforma a la educación enmendada con la oposición se cayó por el paro de Fecode. 

4. Pese a romper la coalición, el gobierno logró sacar reformas importantes 

Cuando Petro dinamitó la coalición con el partido Conservador y la U y sacó a sus ministros de centro-izquierda como Alejandro Gaviria, Cecilia López y José Antonio Ocampo, muchos auguraron que ninguna de sus grandes reformas sociales vería la luz. La realidad es que si bien se le hundieron la de educación y la de salud —que está ahora implementando por la puerta de atrás— logró aprobar una ambiciosa reforma al sistema pensional y sacar en primer debate la laboral. 

Las mayorías para conseguir sus dos triunfos legislativos las armó con un case mínimo en las dos plenarias entre congresistas que se alinean con el pensamiento petrista y otros que se acomodaron vía burocracia. Sobre esto último, los indicios apuntan al escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo bajo la administración de Olmedo López. 

Olmedo ha señalado a los presidentes de Cámara y Senado, Andrés Calle e Iván Name, a congresistas como Wadith Manzur. Y dice que hay una matriz de colaboración que involucraría a 25 congresistas más y al ministro de la política, Luis Fernando Velasco. 

En la Cámara, donde el número mágico para garantizar una aprobación es de 94 votos (para mantener quorum o tener mayorías absolutas) el gobierno tuvo fijos los 29 votos del Pacto, cinco de Comunes y las 16 curules de Paz. En el camino sumó a unos 25 liberales, a 12 de La U, 12 conservadores que recibieron burocracia en los ministerios de las Tic y Deportes, respectivamente. 

En la plenaria del Senado el mínimo de 53 fue volátil. Estuvieron los 20 del Pacto, 5 de Comunes, 8 liberales, 7 de La U, 5 verdes, 3 conservadores disidentes, 3 de la ASI y la curul indígena. 

En las dos plenarias le ayudó al gobierno contar con el respaldo de bloques regionales como los 6 congresistas cercanos al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, interesados en financiar los planes de desarrollo de su jefe político. 

5. Petro logró dividir todas las bancadas con operadores

El segundo año legislativo marcó el estreno de la nueva estrategia política del gobierno. No negociar con los jefes de las bancadas, como hizo inicialmente con César Gaviria o Dilian Francisca Toro, sino con grupos de congresistas directamente. El cerebro detrás del cambio fue el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. 

La renovada estrategia demoró en arrancar, pero dio frutos a través de operadores políticos que el gobierno seleccionó. Por ejemplo, el grupo de representantes conservadores que ayudó a hacer quorum en las reformas de salud y pensión lo lidera el experimentado Alfredo Ape Cuello. 

El representante de Valledupar coordinó ese grupo de la Cámara que fluctuó entre 10 y 20. A cambio, Cuello fue quien presentó la hoja de vida de la nueva ministra de Deportes, Luz Cristina López. Desde entonces a esa cartera han ido ingresando, como asesores y directivos, cuotas de congresistas azules.

El fenómeno también se vio en el Senado. En la plenaria es popular el famoso G7, el grupo de los siete senadores de La U que entraron a respaldar la reforma pensional cuando el trámite estaba enredado. Ese grupo lo lideran David Name, quien tiene cuotas en el 4-27, y Antonio Correa, quien se alinea más al pensamiento petrista. 

Dentro de la plenaria del Senado, el gobierno también rompió a los conservadores. Sumó de su lado al menos a tres que hicieron caso omiso a decisiones de bancadas. Miguel Barreto, Carlos Trujillo y Liliana Benavides ayudaron a hacer quorum en la pensional cuando el resto de sus compañeros había decidido no votar la reforma. 

6. El tema de seguridad fue una preocupación generalizada y un instrumento de dilación de la oposición 

La preocupación que existe en el país frente al creciente control territorial de los grupos armados y criminales se sintió con fuerza durante toda la legislatura.  Aunque el gobierno finalmente se abstuvo de presentar el proyecto de ley de sometimiento que la Corte Constitucional dijo que necesitaba para llegar a acuerdos con los grupos criminales, el tema de seguridad estuvo presente casi a diario en el Capitolio. 

Hubo dos mociones de censura y una decena de debates de control político al ministro de Defensa, Iván Velásquez, de los que salió airoso. Y decenas de intervenciones de congresistas alertando sobre problemas de seguridad en sus zonas. 

Fue un tema que también utilizó la oposición para dilatar los debates de reformas clave para el gobierno. Por ejemplo, en la Cámara citaron la moción de censura a Velásquez en la sesión del 17 de junio, una de las últimas y más clave para poder evacuar la agenda. En Senado ocurrió igual, a Velásquez le tocó rendir cuentas en las plenarias de 17 y 19 de junio.  

7. La oposición se volvió más filibustera, pero sumó aliados

El último día de sesiones dejó expuesto el peso de la oposición con las mociones de censura. En la Cámara se votaron dos, una contra el ministro de Defensa por la crisis de seguridad en el país, y otra contra el ministro de Salud por los líos del nuevo modelo de salud de los docentes. 

Contra el ministro Velásquez votaron a favor de censurarlo 25 representantes y para salvarlo 99. Jaramillo, por su parte, tuvo 105 votos de respaldo frente a ninguno por sacarlo, porque en ese caso la oposición se salió alegando que el debate no se hizo bien porque el funcionario no respondió las preguntas hechas. 

Al margen de que quedó demostrado que en este gobierno las mociones de censura tampoco parecen tener chances de avanzar, la labor de control político a este tipo de funcionarios sí evidenció que la oposición y sectores independientes se están encontrando en el camino y pueden terminar consolidando un bloque que le meta un palo a la rueda del gobierno. 

La moción de censura a Jaramillo no vino únicamente de quejas del Centro Democrático y Cambio Radical. También llegó acompañada por voces de la denominada “bancada independiente”, que integran representantes del Verde, del Nuevo Liberalismo y Verde Oxígeno, que son contrapeso en sus bancadas. 

Son voces vocales y mediáticas que hacen mella en el gobierno. Están Caterine Juvinao, Katerine Miranda, Cristian Avendaño, Julia Miranda, entre otros, que se han convertido en aliados circunstanciales en la tarea opositora. 

Aunque las reformas pensional y laboral avanzaron, su trámite se demoró por las movidas de estos sectores por dilatar los debates, apelando cada vez más a las figuras legales que entrega el reglamento del Congreso. 

El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, es el especialista en eso. En la discusión de las reformas por la Comisión Séptima pidió cambiar el orden del día para bajar la pensional, suspender el debate y cuando le dijeron que no, presentó propuestas de archivo de la mayoría de los artículos.  El trámite de la pensional también se enfrentó al festival de las recusaciones que, aunque no tenían sustentos para prosperar, sí afectó por sesiones el quórum y generó dudas entre algunos congresistas por posibles líos judiciales.  Maniobras que en el argot legislativo se llaman filibusterismo. 

Al repertorio de las tácticas legislativas se les sumó, con cierta eficacia, el uso de las sesiones del estatuto de la oposición en el remate del periodo que, por ejemplo, dejaron sin tiempo a la reforma a la educación. 

8. El impacto de Olmedo aún no se dimensiona

El ventilador de acusaciones que encendió el exdirector de Gestión del Riesgo, Olmedo López, sopló en el Congreso, pero al menos en este segundo año no alteró la ecuación. 

López, y quien fue el segundo en la Unidad, Sneyder Pinilla, han dicho que desviaron miles de millones de pesos en contratos para repartirlos en el Congreso. Que a Name le dieron 3 mil millones de pesos, que a Calle 1.000 millones. Que el ministro Velasco dio instrucciones de a quién direccionar plata. 

Los señalamientos cobraron la cabeza de la asesora para las regiones, Sandra Ortiz, y el anuncio de indagaciones e investigaciones en la Corte Suprema de Justicia. Pero ni Name en Senado ni Calle en Cámara renunciaron a sus cargos. 

Aunque las acusaciones fueron usadas por sectores de oposición e independientes para presionar a Calle a no presidir en la Cámara cuando llegó el turno de la pensional, el representante Liberal se mantuvo.

El efecto Olmedo puede aparecer en el mediano plazo en la medida en el que entregue pruebas contundentes en el principio de oportunidad que negoció con la Fiscalía. En el Congreso sí hay temor de lo que pueda decir porque ha dicho en medios que tiene una matriz de 25 señalados. 

Los logros que el gobierno presenta en el segundo año han sido soportados, en buena medida, en el apoyo de congresistas de partidos tradicionales que han estado acostumbrados a tener relaciones burocráticas. Si las versiones de Olmedo son ciertas y la Corte encuentra méritos para echar mano de alguno de los señalados, se generará un efecto de temor para seguir apoyando esas apuestas controversiales. 

Es un espejo de lo que pasó en el gobierno de Iván Duque con el escándalo de corrupción en el Departamento de Prosperidad Social, DPS, que tiene en la cárcel al exsenador Ciro Ramírez e investigado a cinco más. 

9. A la Corte le tocará ahora lidiar con el chicharrón de la pensional

La reforma pensional estuvo a punto de hundirse por tiempos. Pero una maniobra de la bancada oficial la salvó: presentaron una propuesta para acoger íntegramente el texto aprobado en el Senado sin debatir todos los artículos (aunque algunos como el de entrada en vigor lo discutieron durante horas), con lo cual no debían hacer un proceso de conciliación, ya que tiempo no había.

Algunos han alegado que eso violó el principio de deliberación. No ayuda que al día siguiente el minInterior anunciara que presentarían una nueva ley para subsanar el ‘error’ del artículo 94 que le crea un régimen especial de pensiones al 41 por ciento de la población que se autoreconoce como afro, indígena o campesina. Era una concesión que le hicieron al senador Richard Fuelantala para que diera el último voto que necesitaba el gobierno y que el gobierno planeaba tumbar en la Cámara y que se fue así tras la decisión de acoger todo el articulado en bloque.

Ahora la Corte Constitucional tendrá que evaluar si se cumplió el trámite debido. Y también si es constitucional darle nuevas funciones al Banco de la República, que está reglado por Constitución.

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